Alerta por la tierra argentina: el Gobierno quiere abrir la puerta a más compras extranjeras

El Gobierno nacional volvió a poner en discusión la Ley de Tierras con un proyecto que busca flexibilizar las restricciones vigentes para la compra de campos y territorios rurales por parte de extranjeros.

La iniciativa impulsada por el oficialismo en el Senado apunta a eliminar el artículo 8 de la Ley 26.737, que actualmente establece un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre tierras rurales en el país, las provincias y los municipios.

El tema reabrió un debate sensible: quién controla la tierra, qué pasa con los recursos naturales y cuál debe ser el rol del Estado en territorios considerados estratégicos. Según datos del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, alrededor del 5% del territorio argentino ya está en manos de capitales extranjeros. Esa superficie equivale a unas 13 millones de hectáreas, una extensión similar a la de Inglaterra.

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Los principales propietarios extranjeros provienen de Estados Unidos, con unas 2,7 millones de hectáreas; Italia, con cerca de 2 millones; y España, con alrededor de 1,7 millones. La preocupación aumenta porque muchas de esas tierras están ubicadas en zonas de frontera, áreas con reservas de agua dulce, regiones mineras, sectores forestales y corredores logísticos.

El informe también marca que provincias como Salta y Misiones están cerca del tope del 15% permitido por la legislación actual. En el análisis por departamentos, aparecen casos donde la extranjerización supera la mitad del territorio, como San Carlos y Molinos, en Salta; General Lamadrid, en La Rioja; y Lácar, en Neuquén.

La discusión no es nueva. El Gobierno ya había intentado modificar el régimen mediante el DNU 70/2023, pero esa decisión quedó suspendida por una medida cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. Ahora, el debate vuelve al Congreso con un proyecto que busca eliminar artículos clave de la ley vigente.

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Detrás de la discusión aparece una pregunta de fondo: si la tierra debe quedar librada a la lógica del mercado o si el Estado debe mantener límites cuando se trata de territorios vinculados a agua, minerales, producción, fronteras y soberanía.