El ajuste nacional sostiene el superávit y deja a las provincias con menos recursos

El Gobierno nacional volvió a mostrar números fiscales positivos en julio, pero detrás del superávit aparece una contracara que golpea de lleno a las provincias. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el resultado se sostiene sobre una fuerte contracción del gasto público, con menos transferencias al interior, menos obra pública y menores subsidios.

El Sector Público Nacional registró en julio un superávit primario de $2,96 billones y un resultado financiero positivo de $0,24 billones, después de pagar $2,72 billones en intereses. El dato es presentado por el Gobierno como una señal de orden fiscal, aunque el informe advierte que el equilibrio se alcanza en un contexto de fuerte contracción del gasto.

Según CEPA, los ingresos totales cayeron 2,5% real interanual y 4,8% frente a julio de 2023. Del otro lado, el gasto total se redujo 7% interanual y acumula una caída del 29,9% en términos reales respecto de julio de 2023.

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El impacto sobre las provincias aparece con particular fuerza en las transferencias corrientes. En julio, esos recursos tuvieron una caída real del 38,6% interanual y se desplomaron 71,2% respecto de julio de 2023. Es uno de los datos más fuertes del informe y marca la magnitud del cambio en el esquema de distribución de recursos entre Nación y provincias.

Para las administraciones provinciales, el dato implica afrontar salarios, servicios, infraestructura y políticas públicas con una participación cada vez menor de los recursos nacionales. En el caso de Tucumán, el escenario vuelve a poner en el centro de la discusión la relación entre el equilibrio fiscal nacional y las necesidades concretas del territorio.

La obra pública es otro de los capítulos donde el ajuste se vuelve más visible. CEPA señala que los gastos de capital —utilizados como aproximación a la inversión en infraestructura— registraron una caída real del 83,9% frente a julio de 2023.

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La reducción tiene un efecto que va más allá de las cuentas públicas: menos inversión nacional significa menor movimiento para sectores vinculados a la construcción, menor generación de empleo y una mayor presión sobre los gobiernos provinciales para sostener proyectos que antes contaban con financiamiento federal.

También se redujo el gasto destinado a subsidios al transporte. En julio cayó 11,7% interanual y 44,5% frente al mismo mes de 2023. En los primeros siete meses de 2026, el recorte acumulado respecto de 2023 llegó al 41,7%.

Pero el informe de CEPA también pone bajo la lupa el propio resultado financiero que exhibe la Nación. El organismo advierte que el cálculo no contempla los intereses capitalizados de instrumentos como LECAP, BONCAP y DUALES. Si esos intereses fueran incorporados, el resultado financiero de julio pasaría de un superávit de $0,24 billones a un déficit de $1,83 billones.

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La diferencia modifica la lectura del resultado fiscal: el superávit aparece en un contexto de fuerte reducción del gasto, mientras parte de los compromisos financieros quedan fuera del cálculo convencional del resultado.

Para Tucumán, el escenario plantea una discusión que excede la contabilidad nacional. Mientras la Nación prioriza el equilibrio de sus cuentas, las provincias quedan obligadas a administrar con menos transferencias, menor inversión federal y mayores responsabilidades sobre sus propios presupuestos.

El informe de CEPA deja así una postal concreta del modelo fiscal: el superávit nacional se sostiene, pero el ajuste también se siente en el interior. Transferencias, infraestructura y subsidios aparecen entre los principales rubros donde las provincias y sus habitantes enfrentan el costo de la reducción del gasto.

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