El domicilio del tucumano Pelli quedó bajo la lupa: posible causa penal y nuevas denuncias sobre el manejo del Renaper en La Libertad Avanza

La situación de Federico Pelli suma interrogantes a medida que avanza la discusión por su eventual candidatura a intendente de Yerba Buena. Mientras distintas voces sostienen que el diputado no reside efectivamente en el municipio, dirigentes de la oposición advierten que, si se comprobara una maniobra destinada a cumplir con los requisitos electorales, podrían existir consecuencias previstas por la legislación.

El cuestionamiento dejó así de estar concentrado exclusivamente en la situación personal del diputado y comenzó a extenderse hacia el organismo encargado de registrar los domicilios de los ciudadanos. En particular, surgió la hipótesis de que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) podría haber sido utilizado para facilitar modificaciones de domicilio de dirigentes relacionados con La Libertad Avanza en Tucumán.

El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, planteó que la situación debe ser esclarecida por la Justicia y aseguró que avanzará “hasta las últimas consecuencias” para determinar si hubo responsabilidades penales o administrativas.

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El planteo del jefe municipal apunta a establecer qué ocurrió con los domicilios cuestionados y, eventualmente, si existieron funcionarios que pudieron haber facilitado alguna maniobra irregular. Para Macchiarola, una eventual falsificación de domicilio con fines electorales no sería un hecho menor y debería tener las consecuencias correspondientes.

En ese escenario, las sospechas comenzaron a alcanzar también a Lisandro Catalán. El dirigente libertario quedó mencionado en las denuncias no solamente por un supuesto cambio de domicilio propio, sino por la posibilidad de que haya tenido algún grado de influencia sobre los trámites realizados a través del Renaper.

Mariano Campero fue uno de los dirigentes que llevó ese planteo al terreno político. El diputado nacional sostuvo que Pelli y Catalán habrían realizado modificaciones de domicilio mediante el organismo nacional con el objetivo de cumplir con las condiciones de residencia requeridas por la legislación electoral.

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De acuerdo con esa denuncia, los episodios podrían formar parte de una misma metodología para avanzar en la construcción de candidaturas en distintos puntos de la provincia. La sospecha apunta, en particular, al funcionamiento del Renaper y a la eventual utilización de sus mecanismos administrativos para resolver obstáculos vinculados con las candidaturas.

El posible impacto judicial de la controversia está vinculado con las normas electorales. El Código Electoral Nacional contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión para quienes denuncien un domicilio falso con fines electorales cuando esa conducta tenga incidencia sobre las condiciones previstas para el ejercicio de los derechos políticos.

La legislación relacionada con la identificación de las personas también contempla sanciones para quienes declaren domicilios falsos y establece eventuales responsabilidades para funcionarios públicos que pudieran haber intervenido en la emisión de documentación obtenida de manera irregular.

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Por eso, quienes plantean las denuncias consideran que una eventual investigación debería determinar no solo qué ocurrió con el domicilio declarado por Pelli, sino también si existió algún tipo de participación o facilitación desde organismos nacionales. En ese punto aparece nuevamente el nombre de Catalán y su presunta vinculación con el Renaper.

La controversia, de esta manera, comienza a superar la discusión sobre una candidatura puntual y se transforma en un nuevo capítulo de la interna política tucumana de cara a 2027. El eje de la disputa quedó puesto en los cambios de domicilio denunciados, el funcionamiento del Renaper y la posibilidad de que una cuestión que comenzó como una pelea política termine siendo analizada por la Justicia.

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