A 39 años del acta que fundó la integración: cuando la ideología desplaza al interés nacional
El 29 de julio de 1986, en Buenos Aires, Raúl Alfonsín y José Sarney firmaron el Acta para la Integración Argentino-Brasileña.
Hoy se cumplen 39 años de un hecho fundacional que la coyuntura vuelve dolorosamente actual.
El 29 de julio de 1986, en Buenos Aires, Raúl Alfonsín y José Sarney firmaron el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, que puso en marcha el Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE).
Aquel acuerdo transformó a dos países que hasta poco antes manejaban hipótesis de conflicto en socios estratégicos, y sentó las bases de lo que en 1991 sería el Mercosur.El contraste con el presente no podría ser más elocuente.
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Esta semana, la relación bilateral atraviesa su crisis diplomática más severa en décadas.
Tras un acto del Partido Liberal en San Pablo —donde se oficializó la candidatura de Flávio Bolsonaro—, el presidente Javier Milei lanzó agravios contra su par Luiz Inácio Lula da Silva y contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
Brasil respondió llamando a consultas a su embajador, Julio Bitelli, y transmitió formalmente su "repulsa".
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Lejos de moderar, el mandatario acusó al gobierno brasileño de financiar una supuesta "campaña antiargentina", sin aportar pruebas.Ni el Presidente ni su canciller, Pablo Quirno —que lo aplaudió durante la diatriba—, tuvieron en cuenta los datos que deberían prevalecer por encima de las ideologías.
Brasil es el primer socio comercial de la Argentina y el principal destino de nuestras exportaciones industriales de mayor valor agregado.
Subordinar ese vínculo a las afinidades electorales del momento no es audacia: es dilapidar un activo que costó cuatro décadas construir.Conviene evitar la trampa del espejo.
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La ideología en la política exterior es igualmente nociva la aplique quien la aplique: fue un error en el kirchnerismo y lo es en el liberalismo de Milei.
El signo del gobernante vecino no justifica alterar las relaciones entre Estados.
Rige aquí el principio de no injerencia, cuyas únicas fronteras legítimas son la violación de los derechos humanos o la ruptura del orden democrático.
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Fuera de esos límites, la diplomacia no se guía por simpatías.Desde una mirada desarrollista, la lección de 1986 es la que hoy se ignora: la política exterior debe ser instrumento del desarrollo nacional, no de la trinchera ideológica.
En su aniversario, aquella Acta no es una efeméride nostálgica: es un espejo que mide cuánto se construye cuando prima el interés nacional, y cuánto se pierde cuando se lo abandona.* Por Osvaldo Cornide (Expresidente de CAME)
Fuente: El Territorio
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