Acueducto gate: denuncian a la jueza Lucero por prevaricato y piden apartarla de la causa

La investigación preliminar por las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo en la novela judicial y, esta vez, en el centro de la polémica quedó la jueza que entiende en el expediente. Es que los expresidentes de OSSE, Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, que se presentaron de manera espontánea en el proceso, denunciaron penalmente por el supuesto delito de prevaricato a la jueza de Garantías Mónica Lucero. En paralelo, solicitaron  su recusación por considerar que perdió la imparcialidad exigida para continuar interviniendo en el expediente.

La presentación fue radicada ante la UFI de Delitos Especiales con el patrocinio del abogado Nasser Uzair y tiene como eje una resolución dictada por la magistrada el pasado 17 de junio, mediante la cual sostuvo que Sirerol y Ruiz no poseen legitimación para requerir información al Ministerio Público Fiscal ni promover planteos durante la etapa de investigación preliminar, por no existir todavía imputaciones formalizadas.

Según los denunciantes, esa decisión les impidió ejercer plenamente el derecho de defensa, ofrecer pruebas, deducir nulidades y participar activamente en una pesquisa en la que podrían resultar eventualmente involucrados. En el escrito, sostienen que la resolución de Lucero contradice de manera expresa disposiciones del Código Procesal Penal, particularmente los artículos 122 y 139, que permiten al sospechado presentarse espontáneamente en una causa y designar un defensor técnico.

Además, afirman que la medida vulnera garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos, al colocarlos en un estado de "indefensión" y convertirlos en "meros espectadores" del proceso.

Uno de los aspectos centrales de la acusación es que la jueza habría actuado "a sabiendas" de que su criterio era contrario a derecho. Como fundamento, remarcan que el 9 de junio pasado la propia magistrada suspendió una audiencia y ordenó citar formalmente al abogado Uzair para el día siguiente, reconociendo implícitamente la legitimación de la defensa.

Para los denunciantes, no existió entre el 10 y el 17 de junio ninguna modificación normativa o circunstancia nueva que justificara un cambio tan abrupto de postura, por lo que consideran que la magistrada incurrió en una contradicción injustificada. También cuestionan que la resolución del 17 de junio habría reproducido de manera textual los argumentos esgrimidos por la Fiscalía y la Fiscalía de Estado, sin efectuar un análisis propio ni desarrollar fundamentos independientes.

Paralelamente, la defensa promovió una recusación con causa contra Lucero, fundada en el artículo 96 inciso 9 del mismo Código Procesal Penal, al entender que existe una "falta de imparcialidad manifiesta". El principal argumento es que la jueza habría actuado como una mera "escribiente" de la fiscalía, al reproducir sin análisis propio las objeciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal y por la Fiscalía de Estado durante la audiencia del 17 de junio.

Los recusantes sostienen que un juez de Garantías tiene la obligación de ejercer un control autónomo de legalidad y no puede limitarse a convalidar de manera automática los planteos de una de las partes. También remarcan la aparente contradicción entre la decisión adoptada el 9 de junio, cuando la magistrada ordenó notificar al defensor y permitió su intervención, y la resolución posterior que negó toda legitimación a la defensa.

A ello agregan un supuesto quebrantamiento del principio de buena fe procesal y de la denominada "confianza legítima", al considerar que el propio tribunal generó expectativas sobre la posibilidad de participar en el expediente y luego modificó ese criterio sin explicación suficiente. Y, además, advierten sobre la gravedad institucional que tendría admitir que un magistrado pueda privar de derechos procesales a ciudadanos mediante resoluciones que reproduzcan sin mayor examen las posturas acusatorias.

La denuncia contra la jueza se produce en medio de una investigación que continúa abierta sobre la obra del Acueducto Gran Tulum, considerada una de las más costosas ejecutadas por OSSE. Días atrás, Lucero hizo lugar a un pedido formulado por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro y concedió una prórroga excepcional de 90 días hábiles para profundizar la pesquisa, que también cuenta con la participación de la Fiscalía de Estado como querellante.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el dirigente del GEN San Juan, Marcelo Arancibia, quien cuestionó el proceso de contratación y ejecución de la obra financiada con un préstamo del Estado de Kuwait.

La pesquisa busca determinar si existieron irregularidades que puedan encuadrarse en delitos contra la administración pública, entre ellos negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta, tráfico de influencias, cohecho o incluso una eventual asociación ilícita administrativa.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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