Acueducto gate: los ex directivos de OSSE ahora arremeten contra la fiscalía

Después de que los ex directivos de OSSE se presentaran de forma espontánea en la causa que investiga la contratación y ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum y luego recusaran a la jueza que tomó intervención e, incluso, la denunciaran penalmente por prevaricato en la justicia penal, la defensa arremetió ahora contra todos los fiscales de la UFI de Delitos Especiales.

Es que la defensa de Guillermo Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, que recibió el revés tras la denegación a la recusación, apuntó contra aquellos integrantes del Ministerio Público que podrían instruir la denuncia penal presentada por prevaricato contra Mónica Lucero. A través de un escrito presentado el pasado 24 de junio ante el Fiscal General, el abogado Nasser Uzair recusó con causa a todos los miembros de la unidad fiscal, al considerar que carecen de imparcialidad para investigar la denuncia.

Si bien el expediente recayó en la manos del fiscal Adolfo Díaz, el defensor sostuvo que todos los integrantes de la UFI están alcanzados por una causal objetiva de recusación prevista en el Código Procesal Penal. El principal argumento gira en torno a la resolución de la jueza Lucero, quien sostuvo que Sirerol y Ruiz, al no estar formalmente imputados, carecen de legitimación para requerir información a los fiscales o intervenir activamente durante la investigación preliminar.

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Precisamente esa decisión motivó la denuncia penal por presunto prevaricato contra la magistrada. Según la defensa, el fallo "blindó" la actuación de los fiscales al impedir cualquier control de los sospechados sobre las medidas de investigación, razón por la cual consideran que los integrantes de la UFI son beneficiarios directos de esa resolución.

A partir de ese razonamiento, argumentó que existe un evidente conflicto de intereses, ya que serían los mismos fiscales favorecidos por el fallo quienes deberían decidir si corresponde avanzar o archivar la denuncia penal contra la jueza que, según afirman, actuó en beneficio de ellos. El planteo afirma que, debido a la estructura jerárquica y de unidad funcional del MPF, la supuesta falta de imparcialidad alcanza a todos los fiscales.

La nueva embestida contra la Fiscalía se conoció el mismo día que la Justicia rechazó otro de los planteos promovidos por Sirerol y Ruiz. El juez de Impugnación Eduardo Raed resolvió no hacer lugar a la recusación presentada contra la jueza Mónica Lucero, al entender que los exfuncionarios no poseen actualmente legitimación procesal para promover ese tipo de pedidos.

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En su resolución, Raed explicó que ambos se presentaron espontáneamente en el expediente, pero que todavía no revisten la calidad de imputados, víctimas ni querellantes. Por esa razón, señaló que únicamente pueden solicitar información sobre el estado del proceso, sin intervenir en la producción de prueba ni cuestionar decisiones propias de la etapa preliminar.

Antes de intentar apartar a todos los fiscales, Sirerol y Ruiz denunciaron penalmente por presunto prevaricato a la jueza Lucero y solicitaron también su recusación. La presentación advierte que la magistrada incurrió en una resolución arbitraria al negarles legitimación para intervenir en el expediente, pese a que días antes había reconocido la participación del abogado defensor al suspender una audiencia y disponer su citación formal.

Según la defensa, ese cambio de criterio vulneró el derecho de defensa previsto en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos, además de reproducir sin análisis propio los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado.

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La investigación continúa centrada en las presuntas irregularidades cometidas durante la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum. La instrucción preliminar comenzó tras una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, basada en una serie de publicaciones periodísticas de Tiempo de San Juan, y procura determinar si existieron maniobras ilícitas en las licitaciones y contrataciones vinculadas al proyecto, financiado con un préstamo del Estado de Kuwait.

Entre las hipótesis delictivas bajo análisis figuran negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, cohecho e incluso una eventual asociación ilícita administrativa.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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