Acueducto gate: los tres caminos en la Justicia Federal y la Corte Suprema como árbitro final

Luego de que el juez federal Daniel Rafecas pidiera informes a la UFI de Delitos Especiales para que certifique sobre el estado actual de la investigación por el Acueducto Gran Tulum, a raíz del planteo de la defensa del ex presidente de OSSE, Sergio Ruíz, que pretende el cambio de jurisdicción, el expediente judicial podría transitar -al menos- tres caminos. 

La investigación por las presuntas irregularidades en la obra abrió un nuevo frente judicial en los tribunales de Comodoro Py. Es que el abogado, Nasser Uzair, argumentó que, si existió un perjuicio al erario público por el manejo de fondos nacionales, la causa podría corresponder a la Justicia Federal y no exclusivamente a la provincial.

La presentación se apoyó en que cerca de la mitad del financiamiento de la obra provino de la entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Por ello, bajo ese argumento, si las presuntas irregularidades comprometieron recursos nacionales, correspondería analizar la intervención de los tribunales federales. 

A partir de esa intervención de Rafecas, que le pidió al fiscal Sebastián Gómez la remisión de informes, podrían generarse distintos escenarios. Y es que una eventual oposición del Ministerio Público Fiscal frente a un cambio de jurisdicción, sería determinante y, en consecuencia, esa definición podría desembocar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actuaría como árbitro final ante un eventual conflicto de jurisdicción. 

El primer escenario es que Rafecas resuelva que la Justicia Federal debe intervenir y asuma la investigación. Sin embargo, esa decisión podría encontrar resistencia del Ministerio Público Fiscal, que podría cuestionar el desplazamiento de la competencia provincial.

Si ambas jurisdicciones sostienen posiciones contrapuestas sobre qué tribunal debe investigar, el conflicto podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encargada de resolverlo en última instancia. De acuerdo con las estimaciones planteadas en torno al caso, esa definición podría demorar entre tres y seis meses.

Durante ese período, la discusión sobre la competencia no implicaría, por sí sola, la suspensión de la investigación que se lleva adelante en San Juan. Los planteos de jurisdicción, como el impulsado por Ruiz, no tienen necesariamente efecto suspensivo sobre el proceso provincial, por lo que las medidas investigativas podrían continuar mientras se define qué fuero debe intervenir.

La segunda posibilidad es que Rafecas, luego de analizar los informes que haya solicitado y la documentación remitida por el fiscal Sebastián Gómez, considere que no existen fundamentos suficientes para que la Justicia Federal intervenga. En ese caso, el magistrado podría rechazar el pedido de cambio de competencia y dejar el expediente en el ámbito provincial, sin avanzar hacia una disputa de jurisdicción con los tribunales de San Juan.

Esta alternativa dependerá de la evaluación judicial sobre el origen de los fondos, la naturaleza de los hechos denunciados y la eventual existencia de un perjuicio que comprometa intereses de la Nación. La procedencia de recursos nacionales, por sí sola, no determina automáticamente la competencia federal: será necesario establecer si los hechos investigados justifican esa intervención.

El tercer camino contempla una salida diferente: que Rafecas entienda que los hechos deben ser examinados bajo la competencia federal, pero resuelva que la investigación debe tramitar ante el juzgado federal con asiento en San Juan.

En ese escenario, el expediente podría quedar bajo la órbita de la Justicia Federal local, con la intervención del fiscal federal Francisco Maldonado, en lugar de continuar en Comodoro Py. La decisión permitiría reconocer la naturaleza federal del planteo sin concentrar necesariamente la investigación en los tribunales porteños.

La diferencia con el primer escenario radica en el destino del expediente: mientras que allí Rafecas asumiría directamente la causa y podría desencadenar una disputa con la jurisdicción provincial, en esta tercera alternativa dispondría su remisión a la sede federal sanjuanina. El alcance concreto de esa decisión dependerá de los fundamentos que exponga el magistrado y de las reglas de competencia aplicables.

Aunque la primera decisión está en manos de Rafecas, el desenlace institucional podría quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se plantea formalmente un conflicto entre la Justicia provincial y la federal.

El máximo tribunal deberá determinar qué jurisdicción corresponde si los órganos judiciales involucrados no logran ponerse de acuerdo. Esa definición establecería dónde debe continuar la investigación, pero no resolvería por sí misma si existieron delitos ni quiénes serían responsables.

La discusión adquiere relevancia porque la causa del Acueducto Gran Tulum se inició en San Juan y ahora suma una presentación que busca llevar el debate sobre su competencia a los tribunales federales. Mientras se espera la decisión de Rafecas, los tres escenarios mantienen abierta la incógnita sobre el fuero que tendrá la última palabra en la investigación.

A partir de la intervención del juez subrogante en el Juzgado Criminal y Correccional 1, los pedidos de informes y el conflicto de competencia en puerta, la causa en la justicia provincial podría avanzar sin problemas y, por lo tanto, la causa podría formalizarse. En ese sentido, el fiscal Gómez podría continuar con la imputación contra los once apuntados.

Entre los investigados están el ex gobernador y senador Sergio Uñac, el diputado Cristian Andino, el ex ministro de Infraestructura Julio Ortíz Andino y Gustavo Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A. También están los ex presidentes de OSSE, Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol, y los exfuncionarios Francisco Javier Correa, Juan Carlos Caparrós, Humberto Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez y Rolando Vicente Caruso.

Por el momento, no se sabe cuándo se llevará adelante la audiencia de formalización, luego de haber sido suspendida por orden de la jueza Mónica Lucero, tras las ausencias de Uñac y Andino y a pedido de todas las partes, el resto de las defensas, la Fiscalía de Estado y el Ministerio Público. 

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