Acueducto gate: por la ausencia de Uñac y Andino, el fiscal anticipó que pediría el desafuero de ambos y la jueza suspendió la audiencia

Un comienzo tenso, un despliegue inaudito y una formalización que no se concretó, así se vivió la audiencia clave por la causa del Acueducto Gran Tulum, en la que 2 de los 11 imputados se ausentaron. Se trata del senador Sergio Uñac y del diputado Cristian Andino, quienes  justificaron sus incomparecencias por sus labores parlamentarias y, frente a ello, el Ministerio Público anticipó que solicitaría el desafuero, si no se presentaban. En medio de intereses cruzados y de múltiples pedidos de las partes, la jueza de Garantías Mónica Lucero ordenó suspender la audiencia y reprogramarla para que todos los investigados se presenten físicamente en Tribunales.

Primero, antes de comenzar la audiencia, fue la defensa de Andino -representada por Guillermo Toranzo- la que solicitó dar el presente vía Zoom para estar a derecho y, como el criterio de la magistrado es no permitir ese tipo de conexiones, bajo una serie de argumentos jurídicos, rechazó el pedido, aunque justificó la falta. Luego, fue el defensor de Uñac, Marcelo Fernández Valdez, quien explicó las razones de su ausencia y las apuntaló en su actividad en el Congreso de la Nación.

El abogado indicó que fue asignado en la defensa minutos antes de que comenzara la audiencia y seguidamente presentó un escrito en el que el ex gobernador relucía sus dotes de funcionario público y su puesta a disposición en el proceso. Sin embargo, el fiscal Sebastián Gómez remarcó la necesidad de contar con todos los imputados presentes y anticipó que, en reserva, solicitaría el pedido de desafuero del senador y el diputado, en caso de que no comparezcan.

El representante de la UFI de Delitos Especiales fue crítico con el senador y el diputado, ya que manifestó que todos los presentes tenían obligaciones laborales y no por ello se habían ausentado. "Al igual que el doctor Uñac, todos trabajamos. Todas estas personas que se han presentado tienen funciones laborales. No creo que sea un justificativo para no presentarse", señaló. 

Además, el fiscal cuestionó lo que tardó el ex gobernador en designar un defensor, desde que fue notificado de la audiencia. "¿Se acuerda 10 minutos antes de nombrar un defensor y hacer una presentación para esta audiencia y tratando de justificar su incomparecencia", se preguntó y siguió: "Que una persona sea diputado o senador no le exime de que no se haga presente en dicha audiencia. Si bien este Ministerio Público es consciente que no puede solicitar una medida que afecte las inmunidades que tiene, sí puede solicitar el desafuero".

Pese a esa postura, la jueza justificó las ausencias y resolvió desdoblar el proceso, de modo que tanto Andino como Uñac fueran formalizados en otro momento y, así, avanzar con los nueve investigados presentes en Tribunales. No obstante, como pocas veces ocurre, el Ministerio Público, todas las defensas y la Fiscalía de Estado (parte querellante) se opusieron a esa medida y pidieron reprogramar el proceso para que todos los investigados sean formalizados al mismo tiempo. 

Tras los planteos, Lucero dispuso que la audiencia se reprograme y que Uñac y Andino comparezcan de manera presencial en Tribunales. No se estableció una fecha, lo que se dejó librado al juicio de la Oficina Judicial y al cronograma de audiencias de la magistrado interviniente.

En paralelo al desarrollo de la audiencia, la causa enfrenta una discusión sobre qué jurisdicción debe llevar adelante la investigación. Sergio Fabián Ruiz, expresidente de OSSE y uno de los imputados, presentó un planteo para cuestionar la competencia de la Justicia provincial y solicitar que el expediente pase al fuero federal. Ante esa presentación, el juez federal Daniel Rafecas solicitó informes sobre el expediente antes de resolver si corresponde que la investigación continúe bajo la órbita de la Justicia federal.

La audiencia contó con la participación de nueve imputados, entre ellos los ex presidentes de OSSE Guillermo Nicolás Sirerol y Sergio Fabián Ruiz, además de los exfuncionarios Francisco Javier Correa, Juan Carlos Caparrós, Humberto Gonzalo Caballero, Juan Antonio Sánchez y Rolando Vicente Caruso.

También asistieron el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino y Gustavo Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A.

Por la cantidad de imputados, sus defensores, el Ministerio Público y la Fiscalía de Estado, la jueza Lucero decidió que la prensa siguiera la audiencia en otra sala y vía Zoom.

El caso tomó impulso a partir de publicaciones periodísticas de Tiempo de San Juan, las que fueron la base de la denuncia penal que presentó el abogado y dirigente político Marcelo Arancibia.

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