Acueducto gate: qué plazos habría para que se fije una nueva audiencia

La suspensión de la audiencia de formalización de la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum abrió un nuevo interrogante y es cuándo volverán a ser convocados los once investigados y cuánto es el margen tiene la Justicia para retomar el proceso que quedó trunco por la ausencia de dos de ellos.

Es que el miércoles, la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso reprogramar la audiencia luego de que el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino no se presentaran. Ambos justificaron sus inasistencias por compromisos vinculados a sus funciones parlamentarias. La magistrada tuvo por justificadas las ausencias, pero finalmente resolvió que los once investigados deberán comparecer presencialmente en una nueva convocatoria. La fecha quedó pendiente y su definición dependerá de la Oficina Judicial y del cronograma de audiencias. 

Uno de los puntos centrales para determinar cuándo podría retomarse la audiencia es el tiempo necesario para organizar la convocatoria y notificar a todas las partes. Según información publicada sobre la reprogramación, la nueva citación deberá comunicarse con al menos diez días de anticipación. Esto implica que, una vez definida la fecha, deberá contemplarse ese margen para que los once investigados y sus respectivas defensas sean notificados. 

Sin embargo, ese plazo de notificación no equivale a una fecha límite para celebrar la audiencia. Hasta el momento, no se informó públicamente un día concreto para retomar la formalización ni se estableció, en la resolución difundida, un vencimiento específico para que la Oficina Judicial fije la nueva convocatoria.

La discusión adquiere especial relevancia porque la audiencia no llegó a la instancia en la que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro debían comunicar formalmente los hechos investigados y precisar las atribuciones que corresponden a cada una de las personas alcanzadas por la causa.

En paralelo a la reprogramación, la causa tiene otro plazo relevante: los 90 días hábiles concedidos para extender la investigación preliminar. La jueza Mónica Lucero había autorizado esa prórroga el 10 de junio de 2026.

Si el cómputo comienza el día hábil siguiente, el 11 de junio, y se descuentan sábados, domingos y feriados nacionales, el plazo llegaría aproximadamente al 21 de octubre de 2026. Si, además, se excluye el receso judicial de invierno de San Juan, el vencimiento estimado se trasladaría al 3 de noviembre. Esas fechas son estimaciones y no constituyen una confirmación del vencimiento judicial. Para establecerlo con precisión, es necesario verificar las condiciones fijadas en la resolución que concedió la prórroga, las reglas de cómputo aplicables y si el receso judicial debe descontarse.

La distinción es importante: el vencimiento del plazo de investigación preliminar y la fecha para realizar la audiencia de formalización son cuestiones diferentes. No puede afirmarse, sin conocer el alcance de la resolución judicial, que la audiencia deba celebrarse automáticamente antes del 21 de octubre o del 3 de noviembre.

La audiencia del miércoles reunió a nueve de los once investigados. La Fiscalía sostuvo la necesidad de contar con todos para avanzar con la formalización y anticipó que pediría el desafuero de Uñac y Andino si volvían a faltar. La jueza, en cambio, consideró justificadas las incomparecencias y llegó a plantear la posibilidad de avanzar con los nueve presentes, aunque finalmente dispuso reprogramar la instancia para convocar a todos.

La decisión dejó pendiente el paso procesal que debía marcar el inicio formal de la investigación respecto de los involucrados. Además, el expediente atraviesa otro frente judicial: Sergio Ruiz, expresidente de OSSE e investigado en la causa, cuestionó la competencia de la Justicia provincial y pidió que el caso pase al fuero federal. El juez federal Daniel Rafecas solicitó informes antes de resolver si corresponde la intervención de esa jurisdicción.