Acueducto gate: rechazan el pedido de los expresidentes de OSSE para apartar a la jueza del caso

Los exdirectivos de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, enfrentaron una respuesta negativa por parte de la justicia provincial en el marco de la investigación por presuntos delitos en la obra del Acueducto Gran Tulum. El juez de Impugnación Eduardo Raed decidió no dar lugar al pedido de la defensa, ejercida por el abogado Nasser Uzair, para apartar a la jueza de Garantías Mónica Lucero.

En su fallo, el magistrado explicó detalladamente que Sirerol y Ruiz no tienen actualmente el rol de imputados, víctimas ni querellantes en el proceso, por lo cual no cuentan con el permiso legal necesario para pedir medidas de prueba como peritajes o declaraciones de testigos. Hasta el momento, ambos exfuncionarios se han presentado de forma voluntaria en el expediente, pero el tribunal aclaró que esto solo les otorga el derecho a solicitar información sobre el avance de la causa y no a intervenir activamente en la producción de evidencia procesal.

Esta situación de conflicto se originó luego de que la jueza Lucero permitiera que la investigación preliminar se extendiera por 90 días más, tal como lo solicitaron los fiscales debido a la gran cantidad de documentos que deben analizar. El abogado de los exfuncionarios cuestionó esta prórroga y pidió que se anulara todo lo actuado hasta ahora, pero sus argumentos fueron descartados por el juez Raed al considerar que la causa todavía se encuentra en una etapa previa a la acusación formal.

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Mientras se resuelven estos pasos legales, la megaobra del acueducto permanece detenida para verificar si los materiales utilizados son los adecuados y si existieron irregularidades en las contrataciones estatales.

La denuncia que dio inicio a este caso judicial fue presentada a fines del año pasado por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó investigar posibles maniobras ilícitas cometidas durante la gestión provincial entre los años 2019 y 2023, en base a serie de notas publicadas por TIEMPO DE SAN JUAN. La sospecha principal gira en torno a un supuesto direccionamiento de las licitaciones para beneficiar a una empresa proveedora de caños que estaría vinculada a un familiar de Sergio Uñac. Además del rechazo a la recusación de la jueza, se espera que en las próximas horas el Ministerio Público Fiscal defina si acepta o no el pedido de la defensa para desplazar a los fiscales de la UFI Delitos Especiales que lideran la investigación, aunque se prevé que la respuesta sea similar a la ya recibida por parte del juez Raed.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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