Acuerdo caído y tobillera electrónica: el incierto destino de un violento de Santa Lucía acusado de golpear a su expareja y a sus hijos

Lo que comenzó como un brutal caso de violencia de género e intrafamiliar en Santa Lucía, hoy se ha convertido en un verdadero laberinto procesal en los pasillos de Tribunales. Un hombre, que se encontraba tras las rejas acusado de agredir salvajemente a su expareja y a sus propios hijos, fue liberado en los últimos días con una tobillera electrónica luego de que la Justicia rechazara un acuerdo de juicio abreviado.

La historia judicial de este sujeto comenzó hace unos meses, cuando fue aprehendido y comenzó a ser investigado por una violenta golpiza en perjuicio de su expareja. En aquel momento, los principales testigos presenciales del calvario que vivía la mujer habrían sido los cuatro hijos que tienen en común. Por la gravedad del hecho, la Justicia le dictó en primera instancia un mes de prisión preventiva.

Lejos de calmarse, a las pocas semanas el panorama judicial del santaluceño se oscureció aún más. Los directivos del establecimiento educativo al que asistían dos de sus hijos, de 4 y 11 años de edad, radicaron una nueva denuncia. Según consta en el expediente, los niños les habrían manifestado a las autoridades escolares que también eran víctimas de los golpes de su padre. Ante la contundencia de esta nueva acusación, el Ministerio Público Fiscal solicitó ampliar el objeto de la investigación y el juez de turno decidió extender la prisión preventiva del sujeto por dos meses más.

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El caso parecía encaminarse hacia una dura condena, pero dio un giro inesperado durante la producción de pruebas. Al someter a los cuatro menores de edad a las entrevistas en Cámara Gesell, los psicólogos y autoridades judiciales notaron errores e inconsistencias en sus declaraciones. Al no hallar similitudes ni verosimilitud en el relato conjunto de los hermanos respecto a los golpes que decían haber recibido, la acusación por maltrato infantil perdió fuerza probatoria.

Frente a este nuevo escenario, los fiscales de la UFI CAVIG y la defensa encarnada por la defensora oficial Sandra Leveque, consensuaron una salida alternativa. Las partes firmaron un acuerdo de juicio abreviado que estipulaba que el hombre sería condenado únicamente por las lesiones agravadas contra su expareja, siendo sobreseído del delito de lesiones en perjuicio de sus hijos.

Sin embargo, el acuerdo se estrelló de frente contra la jueza de Garantías, Mónica Lucero. La magistrada decidió no dar lugar a lo pactado entre Fiscalía y Defensa, rechazando de plano el juicio abreviado.

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La decisión de Lucero generó malestar en ambas partes, quienes inmediatamente elevaron sus quejas ante el Tribunal de Impugnación. Según revelaron altas fuentes judiciales, el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal ya fue rechazado por el tribunal superior. Por su parte, la Defensa Oficial aún no ha recibido la notificación formal, pero en Tribunales se da por descontado que correrá la misma suerte.

Con el acuerdo caído, los recursos rechazados y los plazos de encierro al límite, se celebró en los últimos días una nueva y tensa audiencia para definir el futuro inmediato del imputado.

La Fiscalía, manteniendo su postura acusatoria, solicitó que se extendiera nuevamente la medida de coerción y el hombre continuara en prisión preventiva. En la vereda de enfrente, la defensora Sandra Leveque se opuso rotundamente y solicitó la excarcelación de su defendido, ofreciendo como garantía la colocación de un dispositivo de rastreo (tobillera electrónica).

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Finalmente, fue la propia jueza Mónica Lucero quien resolvió hacer lugar al pedido de la Defensa, concediéndole la libertad al sujeto, quien a partir de ahora caminará por las calles de San Juan monitoreado por una tobillera electrónica.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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