ADEPA cuestionó un protocolo del Ministerio Público de San Juan por limitar el acceso a la información

La entidad periodística advirtió que la nueva normativa concentra la comunicación en un único canal oficial y podría afectar la libertad de prensa y la transparencia institucional.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su preocupación por una resolución emitida por el Ministerio Público de San Juan que establece un nuevo protocolo para el manejo de información pública dentro del organismo judicial.

La medida, impulsada por el fiscal general de San Juan, Guillermo Baigorrí, fue formalizada a través de la Resolución General N.º 26/2026 y regula la forma en que funcionarios y agentes deben relacionarse con los medios de comunicación respecto de las causas en trámite.

En un comunicado difundido este viernes, ADEPA reconoció que existen límites legítimos al acceso a determinada información, como el secreto de sumario, la protección de datos personales, la intimidad de las víctimas o la preservación de investigaciones en curso. Sin embargo, consideró que las nuevas disposiciones van más allá de esos criterios.

Según la entidad, el protocolo ordena a funcionarios y empleados abstenerse de brindar información que no haya sido previamente autorizada, desalienta los intercambios directos con periodistas y centraliza las consultas periodísticas en una única autoridad institucional.

Para ADEPA, estas restricciones generan un "efecto inhibitorio" sobre las fuentes informativas, los periodistas y los medios de comunicación, lo que podría afectar la calidad del debate público y disminuir la transparencia sobre el funcionamiento del sistema judicial.

La organización sostuvo además que la publicidad de los actos estatales y el acceso a la información pública constituyen pilares fundamentales de la libertad de prensa y del sistema democrático. En ese sentido, remarcó que cualquier limitación debe ser excepcional, específica, proporcional y estar debidamente fundamentada.

Asimismo, citó jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, particularmente el caso Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary, en el que se advirtió que el monopolio estatal sobre la información de interés público puede constituir una forma indirecta de censura.

En su pronunciamiento, ADEPA calificó la resolución como un antecedente preocupante para la libertad de prensa y el control ciudadano sobre la administración de justicia. Por ello, solicitó a las autoridades del Ministerio Público sanjuanino que revisen la normativa y garanticen que cualquier regulación comunicacional respete el principio de máxima publicidad y el derecho de acceso a la información pública.

La entidad concluyó que el periodismo cumple una función esencial en toda sociedad democrática y que el acceso a fuentes públicas constituye una herramienta indispensable para garantizar la transparencia institucional y el control ciudadano de los poderes del Estado.

Fuente: El Esquiú

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