Adorni no podrá salir del país sin autorización judicial

Resumen para apurados

El juez Ariel Lijo dispuso que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no podrá abandonar el país sin autorización judicial, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. La resolución fue firmada el viernes por la noche en medio de versiones que señalaban que el ex vocero presidencial, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, evaluaba radicarse en Uruguay debido al hostigamiento que, según su entorno, viene sufriendo su familia.

Tras la decisión del magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Adorni -que renunció a su cargo el 27 de junio y es representado por el abogado Matías Ledesma- deberá solicitar autorización cada vez que pretenda viajar al exterior. Además, en caso de recibir el permiso, tendrá que informar su regreso al país y presentar los pasajes utilizados para el traslado, según informó Perfil.

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Antes de que se dictara la medida, el ex funcionario había comunicado al juzgado, mediante un escrito presentado por su defensa, que permanece en la Argentina y que no tiene previsto salir del país en el corto plazo.

En el expediente "Adorni Manuel y otros s/ Enriquecimiento ilícito" (CFP 1003/2026), la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón habían solicitado la retención del pasaporte del ex vocero y la prohibición de abandonar el país. La defensa respondió que Adorni "se encuentra a derecho y que para el caso de una eventual salida del país informará con antelación al juzgado interviniente". Lijo entendió que no existen riesgos de fuga ni elementos que permitan presumir un entorpecimiento de la investigación, por lo que optó por imponer únicamente la obligación de informar sus movimientos.

Mientras tanto, Pollicita aguarda un informe elaborado por los contadores del Ministerio Público Fiscal sobre los movimientos patrimoniales del ex funcionario durante los últimos meses. El análisis incluirá la compra de inmuebles, el cambio de vehículo, viajes al exterior y gastos con tarjetas de crédito, tanto propias como de algunos de sus colaboradores en la Casa Rosada. Una vez recibido ese documento, el fiscal podría citar a Adorni a declaración antes del inicio de la feria judicial, previsto para el 17 de julio.

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Dalbón y Pagano también habían solicitado la detención de Adorni o, de manera subsidiaria, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. Tanto el fiscal como el juez descartaron esos planteos.

Al fundamentar su postura, Pollicita sostuvo que el ex jefe de Gabinete no opuso "reparos innecesarios" ni incurrió en "dilaciones" que afectaran el avance de la causa.

El representante del Ministerio Público también descartó que las conversaciones que Adorni mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de que este declarara como testigo hubieran entorpecido la investigación. Argumentó que, por el contrario, fue ese mismo testigo quien aportó elementos que más comprometieron al ex funcionario, por lo que consideró que no existió influencia sobre su testimonio ni situaciones de hostigamiento o amenazas.

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En las próximas semanas, Adorni deberá brindar sus primeras explicaciones formales ante los tribunales de Comodoro Py.

Para ello, el fiscal Pollicita prepara un requerimiento de justificación patrimonial basado en un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que determinará si existen inconsistencias en la evolución de su patrimonio y cuál sería su alcance.

En los tribunales estiman que ese estudio contable podría estar concluido antes del inicio de la feria judicial de invierno.

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Ese requerimiento constituirá la primera oportunidad formal para que el ex funcionario explique el origen de sus bienes. De manera pública, Adorni afirmó que tenía u$s 500.000 no declarados que, según dijo, provenían de inversiones en criptomonedas. Esa versión todavía no fue corroborada en la investigación judicial.

Fuente: La Gaceta

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