Advierten que los cambios en discapacidad trasladarían costos de las terapias a las familias

El debate alrededor de las modificaciones que el Presupuesto Nacional 2027 introduce en discapacidad puede parecer, a primera vista, una discusión técnica sobre nomencladores, aranceles y mecanismos de financiamiento. Sin embargo, para Tatiana Antúnez, presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de Misiones, el efecto podría sentirse de una manera mucho más concreta: en cuánto deberá pagar una familia para sostener una terapia y en cuánto terminará cobrando el profesional que la brinda.

El punto central está en el artículo 39 del proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso. La iniciativa modifica el esquema actual de la Ley 24.901 y establece que el Nomenclador de Prestaciones Básicas dejará de contener valores universales para todos los financiadores. En cambio, cada ente obligado podrá determinar los montos que reconoce en su relación con los prestadores; cuando el responsable sea el Estado nacional, los valores deberán determinarse trimestralmente.

No significa que desaparezcan las prestaciones ni el nomenclador como instrumento, pero sí cambia una característica que hasta ahora resultaba central: una misma prestación tenía un valor común de referencia independientemente de cuál fuera la obra social, prepaga u organismo que debía financiarla. Precisamente allí Antúnez ubica uno de los mayores riesgos.

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"Hoy te garantiza un piso mínimo de derechos y de dignidad", sostuvo durante una entrevista con la FM 89.3 Santa María de las Misiones. Su preocupación es que, si el valor reconocido por una cobertura queda por debajo del costo que requiere el tratamiento o del monto que cobra el prestador, esa diferencia termine trasladándose hacia alguno de los dos extremos más débiles de la cadena: la familia o el profesional.

La cuestión no es completamente nueva para algunos hogares. Antúnez recordó que actualmente existen obras sociales que trabajan mediante sistemas de reintegro, obligando a las familias a adelantar dinero, mientras otras pagan directamente al prestador. Lo que teme es que una mayor fragmentación de los valores reconocidos generalice situaciones en las que el beneficiario deba disponer de sus propios ingresos para completar una prestación.

Y allí el problema sanitario se cruza inmediatamente con el económico. "La mayoría no llega a fin de mes, no puede pagar la canasta básica, se endeuda para comprar comida. Imaginate si además tiene que sacar para las terapias", planteó. Desde su perspectiva, una modificación de esa naturaleza podría traducirse en una pérdida de acceso efectivo aun cuando formalmente la prestación continúe existiendo.

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Antúnez puso también el foco en una consecuencia menos visible: la situación laboral de quienes integran la red de atención. Fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, profesionales de educación especial y otros prestadores dependen de los aranceles que reconocen obras sociales y organismos públicos para sostener tratamientos que muchas veces requieren continuidad durante años.

Por eso, sostuvo que la discusión no debería reducirse a cuánto pagará cada financiador. Si los valores quedan por debajo del costo real de las prestaciones y la diferencia no puede ser afrontada por la familia, advirtió, el ajuste puede terminar trasladándose hacia los honorarios profesionales o provocar que determinados prestadores dejen de brindar el servicio.

La preocupación coincide con la expresada por Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, quien también señaló a PRIMERA EDICIÓN que el abandono de un arancel universal podría generar negociaciones desiguales entre financiadores y prestadores. Además, Molero remarcó que instituciones y profesionales deben afrontar estructuras, personal y requisitos específicos cuyos costos no desaparecen aunque cambie el mecanismo de pago.

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Antúnez añadió otro elemento: el sistema vigente contempla diferencias asociadas a determinadas zonas geográficas y mencionó los adicionales por zona desfavorable. Su temor es que una estructura más fragmentada termine profundizando desigualdades territoriales, especialmente en provincias donde las distancias y la disponibilidad de especialistas ya condicionan el acceso a las terapias.

De esa manera, el cambio dejaría de ser solamente contable. Para la funcionaria, podría incidir simultáneamente sobre la capacidad económica de las familias, la remuneración de los profesionales y la posibilidad concreta de encontrar un prestador dispuesto a trabajar con determinada cobertura.

El segundo punto que Antúnez considera especialmente preocupante está relacionado con las pensiones por discapacidad. El proyecto de Presupuesto modifica nuevamente el régimen previsto por la Ley de Emergencia en Discapacidad y vuelve a vincular el acceso a la pensión con la imposibilidad de trabajar. También deja sin efecto disposiciones que habían establecido la compatibilidad entre la prestación y el empleo formal.

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Para Antúnez, ese cambio significa volver a mirar la discapacidad desde el paradigma de la "invalidez laboral", algo que, sostuvo, desconoce que una persona puede trabajar y aun así necesitar recursos adicionales para tratamientos, rehabilitación, medicación, transporte o distintos apoyos.

"Hay muchas personas con discapacidad que pueden trabajar", remarcó. Su cuestionamiento apunta a que empleo y discapacidad no necesariamente son condiciones excluyentes y que tener un ingreso laboral no elimina automáticamente los gastos adicionales asociados a determinados tratamientos o necesidades de apoyo.

En ese sentido, planteó que endurecer las incompatibilidades podría colocar a algunos beneficiarios ante una disyuntiva compleja: ingresar al empleo formal y perder una prestación que contribuye a afrontar gastos específicos, o preservar la pensión restringiendo su incorporación al mercado laboral.

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Ese aspecto ya había sido advertido por otros referentes del sector. PRIMERA EDICIÓN publicó esta semana que el nuevo esquema vuelve a relacionar el beneficio con la incapacidad para trabajar y abre interrogantes, incluso, sobre cómo se aplicaría ese criterio en niños y adolescentes con discapacidad.

La discusión sobre el costo del sistema llevó a Antúnez hacia otro de sus cuestionamientos: los recursos específicos que ya existen para discapacidad. La funcionaria recordó que el Fondo Nacional de Discapacidad dispone de fuentes establecidas legalmente y mencionó particularmente los recursos provenientes del régimen de cheques. Su planteo es que se trata de fondos con afectación específica, destinados a programas para personas con discapacidad, y cuestionó que la discusión nacional se concentre en recortar o reorganizar prestaciones cuando, según afirmó, existen recursos que todavía no fueron ejecutados.

"No entiendo, si hay fondos disponibles, por qué no se están utilizando para las personas con discapacidad", sostuvo durante la entrevista.

La afirmación se corresponde con lo que Antúnez expuso el miércoles ante las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí aseguró que desde la propia Secretaría Nacional de Discapacidad se había informado sobre la existencia de recursos disponibles y cuestionó las demoras para que llegaran a programas y beneficiarios. Según detalló, en Misiones hubo proyectos que esperaron alrededor de ocho meses antes de recibir desembolsos.

Para la representante provincial, modificar el sistema de financiamiento y concentrar mayores decisiones dentro de la órbita del Ministerio de Salud debe analizarse, por lo tanto, junto con lo que ya ocurre con los recursos existentes.

Y luego aclaró que no rechaza una discusión sobre eficiencia estatal. Por el contrario, dijo que hay aspectos del funcionamiento público que pueden y deben revisarse. Su desacuerdo aparece cuando esa reorganización implica, según su interpretación, retroceder sobre mecanismos de cobertura y derechos previamente reconocidos.

Antúnez también aseguró que el Consejo Federal de Discapacidad no fue consultado previamente y rechazó una afirmación realizada durante el debate parlamentario según la cual ese organismo habría acompañado las medidas. "En ese mismo instante dije: 'Eso es mentira'", relató. Según sostuvo, las actas del Consejo son públicas y ninguna de las provincias que lo integran, independientemente de su signo político, aprobó medidas que impliquen una regresión de derechos. Agregó que el respaldo a la Ley de Emergencia en Discapacidad había sido unánime.

Ese cuestionamiento ya había aparecido un día antes durante su exposición en Diputados, cuando Antúnez afirmó que el Consejo Federal nunca había avalado medidas contrarias a los derechos de las personas con discapacidad y preguntó por qué el organismo no había sido convocado antes de introducir las modificaciones.

La funcionaria explicó que representantes provinciales, legisladores y organizaciones habían acudido al Congreso para discutir la prórroga de la emergencia en discapacidad y se encontraron con un escenario diferente: mientras se debatía extender esa legislación, el Presupuesto 2027 incorporaba artículos que modificaban o derogaban algunos de sus instrumentos principales. "Fue una sorpresa para todos", resumió.

A partir de allí, Antúnez llevó el análisis hacia el terreno jurídico. Sostuvo que Argentina cuenta con legislación nacional y compromisos internacionales vinculados con los derechos de las personas con discapacidad y afirmó que, desde su interpretación, las modificaciones propuestas chocan con el principio de no regresividad.

"Nosotros no podemos retroceder en materia de derechos cuando hay tantos derechos conquistados", afirmó, y calificó los artículos en discusión como "vergonzosos" y producto de una "deshumanización total". Por esa razón, la presidenta del Consejo Provincial sostuvo que los legisladores pueden discutir y acompañar otros componentes del Presupuesto, pero pidió que los artículos vinculados específicamente con discapacidad sean revisados durante el tratamiento parlamentario.

Cuando se le preguntó cuántas personas podrían verse alcanzadas en Misiones, Antúnez señaló que el impacto no debería medirse exclusivamente por el número de titulares de prestaciones. Según el último corte citado por la funcionaria, la provincia tiene alrededor de 36.460 personas con discapacidad, mientras que aproximadamente 48.000 están afiliadas al programa Incluir Salud. Los números son consistentes con los presentados por la propia Antúnez ante el Congreso, donde habló de unos 36 mil CUD y cerca de 48 mil afiliados al programa federal.

Sin embargo, detrás de cada beneficiario existe una familia y, alrededor de ellos, una red de profesionales, instituciones, transportistas y cuidadores. Por eso, insistió en que el universo económico alcanzado por cualquier modificación es mucho mayor que la cantidad de personas registradas directamente en los programas.

La situación actual ya muestra, según expuso en Diputados, dificultades concretas: 316 misioneros aguardaban desde mayo respuestas sobre tratamientos; existen demoras en medicamentos de alto costo, elementos ortopédicos y cirugías, además de atrasos en pagos a prestadores.

Dentro de esa realidad mencionó nuevamente durante la entrevista el caso de los tratamientos para hemofilia, cuyo costo puede ubicarse, según detalló, entre $30 millones y $40 millones por paciente.

Finalmente, Antúnez recurrió a una comparación sencilla: una persona puede ayudar ocasionalmente a alguien que pide dinero en un semáforo, pero esa solidaridad individual depende de la capacidad económica y de la voluntad de quien pasa por allí. Un tratamiento médico de millones de pesos, sostuvo, no puede construirse sobre esa misma lógica. "Espero que nadie necesite de la caridad de nadie, porque esto no puede depender de la caridad de otras personas", afirmó.

Para la presidenta del Consejo Provincial, esa es la frontera central de toda la discusión: las prestaciones de discapacidad no deberían depender de cuánto puede pagar cada familia, de cuánto acepta reconocer una cobertura o de la posibilidad de conseguir ayuda externa, sino de una política pública capaz de garantizar continuidad.

"Esto es política pública y tiene que funcionar por el esquema solidario del Estado, no por la caridad de ninguna persona", resumió.

El proyecto del Presupuesto Nacional 2027 aquí👇

Fuente: Primera Edición

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