Aerolíneas Argentinas: habilitan embargos para intentar cobrar una sentencia de US$390 millones

La decisión fue adoptada por la jueza Jia Cobb, quien consideró que ya transcurrió un plazo prudencial desde que la Argentina fue condenada a pagar. El fondo Titan Consortium podrá comenzar a actuar desde este lunes 28 de septiembre.

La Justicia de Estados Unidos habilitó al fondo Titan Consortium a iniciar el proceso de búsqueda de activos argentinos en el exterior y solicitar eventuales embargos para intentar cobrar una sentencia de US$390.907.115,55, originada en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

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La autorización fue otorgada por la jueza Jia Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en una resolución fechada el viernes 25 de septiembre. A partir de este lunes 28, los demandantes podrán comenzar las gestiones para localizar bienes que puedan ser alcanzados por medidas de ejecución.

La decisión no implica que ya exista un embargo concreto ni que Titan Consortium haya cobrado el dinero. Lo que habilita es el inicio del procedimiento para identificar activos y presentar pedidos de embargo ante los tribunales que correspondan.

La novedad fue difundida por Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, quien sigue los litigios que enfrenta la Argentina en el exterior. Según explicó, el expediente de Titan está registrado en tribunales de Columbia y Nueva York, aunque los eventuales pedidos de embargo no necesariamente deberán presentarse en esas jurisdicciones.

En los fundamentos de su resolución, Cobb consideró que había transcurrido un período prudencial desde que se estableció la obligación de pago. La magistrada señaló que durante los 21 meses transcurridos desde aquella orden, aparentemente la Argentina no había realizado esfuerzos para cumplir con la sentencia.

El conflicto se remonta a 2008, cuando el Estado argentino expropió Aerolíneas Argentinas y Austral, que estaban bajo control del grupo español Marsans.

Los antiguos accionistas iniciaron un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre Estados e inversores.

En 2017, el tribunal arbitral emitió un laudo favorable a los demandantes. Posteriormente, la Argentina intentó anular esa decisión, pero el pedido fue rechazado en 2019.

Los derechos derivados del reclamo fueron posteriormente transferidos al fondo Burford Capital y finalmente quedaron en manos de Titan Consortium, que desde 2021 lleva adelante acciones ante la Justicia estadounidense para hacer efectivo el reconocimiento y cobro del laudo.

En diciembre de 2024, el Tribunal de Distrito de Columbia reconoció el laudo y estableció una condena contra la Argentina por US$390.907.115,55, además de los intereses posteriores a la sentencia.

La Argentina apeló esa decisión y sostuvo que el reclamo debía considerarse alcanzado por un plazo de prescripción de tres años, mientras que el tribunal de primera instancia había aplicado un plazo de 12 años.

El 21 de julio de 2026, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó que el plazo aplicable era de 12 años, por lo que rechazó el planteo argentino sobre la prescripción y mantuvo la posibilidad de ejecutar el laudo.

De esta manera, quedó vigente la sentencia por US$390.907.115,55, más los intereses correspondientes.

Ahora, con la autorización otorgada por la jueza Jia Cobb, Titan Consortium podrá avanzar con la identificación de activos argentinos que eventualmente puedan ser objeto de medidas de ejecución en Estados Unidos.

El próximo paso será determinar qué bienes pueden ser alcanzados por los pedidos de embargo y presentar las solicitudes correspondientes ante los tribunales competentes.