Ahora denuncian a Sánchez Torres y Montesi por otra supuesta maniobra para manipular la integración del tribunal

A primera hora de este jueves, ingresó al sistema digital de la Justicia federal de Córdoba una nueva denuncia del abogado Claudio Orosz en contra de los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres (63) y Graciela Montesi (64), por otra presunta manipulación en la conformación del tribunal. En este caso, para el tratamiento de una causa vinculada con dirigentes gremiales del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba (LyF).

En representación de Celina Laje Anaya –supuesta víctima y denunciante en la causa principal–, el penalista presentó un escrito de 11 páginas en el cual atribuye a ambos magistrados –que asegura son pareja– la ejecución de una maniobra de iguales características a la investigada a partir de otra denuncia de quien era secretaria penal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Orosz pidió que este hecho sea tramitado por cuerda separada, para no entorpecer el avance de la causa. En este caso, se habla de una maniobra en la causa "Molina Herrera, Jorge y otros", que se habrían suscitado cuando la Sala A de la cámara analizó actuaciones en torno del conflicto laboral e institucional entre la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y LyF.

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En esa causa, tras la renuncia del vocal Ignacio María Vélez Funes en julio de 2023, la integración para resolver los procesamientos requería aplicar el acuerdo reglamentario N° 316/2023 de subrogancias.

La denuncia sostiene que, según el esquema reglamentario, el primer voto fue emitido el 11 de septiembre de 2023 por el juez Eduardo Ávalos. Luego, el 7 de noviembre de 2023, Montesi emitió su voto en disidencia. La normativa vigente estipulaba expresamente que el mes en que se concretaba el segundo voto determinaba de forma objetiva qué juez de Sala B debía intervenir para dirimir el desempate.

Para noviembre de 2023, la subrogación le correspondía legalmente a la vocal Liliana Navarro. Sin embargo, la querella describe un ardid destinado a eludir la intervención de Navarro y asegurar la incorporación de Sánchez Torres.

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Según la presentación, Montesi habría retenido materialmente el expediente en papel tras la disidencia, e instruido la cancelación informática de los pases en el sistema. Con esto, se simuló que la devolución del expediente y la emisión de su voto no habían ocurrido el 7 de noviembre, sino casi un mes después, el 4 de diciembre de 2023.

A partir de esa adulteración del registro temporal, siempre según el relato de la denuncia, el 5 de diciembre de 2023 Montesi dictó un decreto en el que dispuso que la integración de la sala se hiciera con el juez Sánchez Torres.

En mayo de 2024, Sánchez Torres sumó su voto en el mismo sentido que Montesi, con lo que conformó así una mayoría que confirmó el procesamiento del imputado Andrés Adolfo Chianalino por malversación de caudales públicos, mientras el juez Ávalos quedó en minoría.

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"Se trata de una conducta fraudulenta orientada a simular lo verdadero para asentar lo falso, alterando asientos informáticos en contradicción con las constancias de papel para lograr un forum shopping interno y asegurar un fallo favorable a sus posturas", sostiene Orosz en su escrito.

Esta nueva acusación se enmarca en un escenario de creciente inestabilidad en la Cámara Federal. La singular condición de los vocales Sánchez Torres y Montesi como pareja resolviendo recursos en distintas salas de la alzada ha sido objeto de severas críticas, por la eventual afectación a los principios de imparcialidad, transparencia y juez natural.

La revelación de supuestos mecanismos sistemáticos para alterar sorteos, manipular pases de expedientes y fijar integraciones a conveniencia mediante la distorsión del sistema digital ha generado controversia en el edificio de la Justicia Federal cordobesa.

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Mientras tanto, fuentes judiciales indican que sería inminente una resolución del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, sobre cuyo despacho recae la responsabilidad de resolver cuestiones medulares en la causa madre que involucra a la cúpula de la Justicia Federal cordobesa.

Además de la investigación por la manipulación de las subrogancias, se indaga sobre supuesta violencia de género y maltrato laboral en perjuicio de Laje, quien señala no haber admitido cumplir determinadas órdenes como fedataria para la conformación de las ternas en la cámara.

Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian solicitaron a comienzos de este mes el procesamiento de Sánchez Torres y Montesi y la detención domiciliaria del primero por presuntas presiones a la denunciante Laje.

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A fines de julio, ambos fiscales ya habían pedido la investigación de la pareja de camaristas porque habrían recibido como dádiva un vuelo privado de ida y vuelta a Punta del Este. El pedido plantea posibles vínculos entre la aeronave –de presunta propiedad de grupos empresarios– y expedientes en los que intervinieron los magistrados. También solicitaron que sean citados a indagatoria.

Esta semana, en el marco de la misma investigación, el juez Sánchez Freytes dispuso aliviar la situación procesal de dos secretarios de la Cámara –Gustavo Flores y Mario Olmedo–, quienes estaban denunciados en la trama de irregularidades administrativas.

Fuente: La Voz

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