Aída Kemelmajer analizó el Régimen Penal Juvenil y dejó definiciones sobre Corte Suprema y Justicia provincial

La prestigiosa jurista mendocina Aída Kemelmajer criticó la baja de la edad de imputabilidad, pero destacó la adecuación mendocina

Aída Kemelmajer de Carlucci, jurista, fue la primera mujer en ser miembro de la Suprema Corte de Mendoza. 

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La exjueza de la Suprema Corte de Justicia, Aída Kemelmajer de Carlucci, compartió su mirada sobre diferentes puntos que atraviesan tanto la Justicia a nivel nacional como provincial.

En una entrevista con Aconcagua Radio 90.1, la prestigiosa jurista mendocina analizó el nuevo Régimen Penal Juvenil y respaldó la adecuación provincial que sancionó la Legislatura recientemente.

También habló de la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no escondió críticas al momento de hablar del funcionamiento de la Justicia provincial.

La jurista consideró que la nueva legislación nacional incorpora garantías constitucionales que no estaban contempladas en la antigua normativa, pero cuestionó la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y advirtió sobre sus consecuencias para los adolescentes.

"Yo siempre estuve en contra de esa reforma porque el derecho de la niñez está regido, en primer lugar, por la Convención Internacional de los Derechos del Niño", sostuvo. En ese sentido, señaló que reducir la edad de imputabilidad vulnera el principio de no regresividad, que impide avanzar en perjuicio de los derechos reconocidos a los menores.

Kemelmajer también cuestionó que el debate público se concentre en la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal, sin atender a las medidas de protección que debe garantizar el Estado.

Según explicó, cuando un menor comete un delito, es necesario determinar las causas, que pueden estar vinculadas con la falta de contención familiar, la ausencia de educación o el consumo de drogas.

"El Estado no puede desligarse de aplicar todas las medidas de protección para ese chico, porque la sociedad tiene interés en que no vuelva a cometer un delito", remarcó.

Otro de los puntos que objetó es que la nueva ley no contemple un período de evaluación previo a la aplicación de una pena, como ocurría en la legislación anterior. Para la exjueza, esto puede derivar en condenas sin considerar las circunstancias del adolescente, incluso en casos de delitos informáticos cometidos en ámbitos escolares.

"Muchísimos de esos delitos vienen de la falta de educación y contención", advirtió.

Régimen Penal Juvenil. Imagen ilustrativa / Archivo Los Andes

Kemelmajer destacó que Mendoza haya aprobado una ley de adecuación del Régimen Penal Juvenil con herramientas de justicia restaurativa, que priorizan alternativas a la sanción penal.

"Afortunadamente, en la provincia hemos aprobado una ley que es bastante mejor porque tiene muchos elementos de lo que llamamos justicia restaurativa", afirmó.

La jurista explicó que este enfoque busca evitar que una condena temprana termine condicionando las posibilidades futuras de los adolescentes, por ejemplo, al momento de buscar trabajo.

En ese marco, cuestionó que la normativa nacional disponga la inscripción de las condenas en el registro de reincidencias sin contemplar excepciones para estos casos.

No obstante, también señaló una limitación de la ley provincial: su dependencia de las disposiciones nacionales. Según indicó, las alternativas a la pena están condicionadas por la gravedad del delito y la existencia de violencia física o psíquica.

Como ejemplo, mencionó el ejemplo de un adolescente que arrebata una cartera y provoca una caída de la víctima. En una situación de ese tipo, sostuvo, la existencia de violencia física podría impedir el acceso a las medidas alternativas que buscan la reparación y la reinserción.

Al analizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Kemelmajer sostuvo que el máximo tribunal no puede continuar integrado por tres miembros.

Para la jurista, la situación concentra en muy pocas personas decisiones de enorme trascendencia institucional, como la declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas que dictan los poderes Legislativo y Ejecutivo.

"Es evidente que la Corte hay que integrarla", afirmó. En ese sentido, planteó la posibilidad de ampliar su composición de cinco que deberían ser actualmente a siete o nueve miembros, al considerar que el país necesita un tribunal con una integración más amplia para abordar las cuestiones de mayor relevancia jurídica.

"A mí me parece que hay que volver al viejo sistema nuestro, parecido al de los Estados Unidos, de nueve integrantes, o si a usted le parecen mucho nueve, siete, pero tiene que tener una conformación", explicó.

Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti

Sin embargo, Kemelmajer aclaró que la cantidad de jueces no es el único aspecto que debe discutirse. También puso el foco en la idoneidad de quienes sean elegidos para ocupar esos cargos y cuestionó que las designaciones respondan exclusivamente a afinidades ideológicas con el Gobierno de turno.

"No basta el número. Acá lo que hay que ver es a quién se designa", advirtió. Además, manifestó preocupación por algunos nombres que suelen circular para integrar el tribunal y reclamó que los candidatos tengan conocimientos jurídicos sólidos y respeten los convenios internacionales.

"Hay que recuperar la idea de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un organismo de altísima importancia. Tienen que llegar los mejores, los que más sepan, los más honestos", sostuvo.

En esa línea, reclamó que los partidos políticos dejen de lado sus diferencias al momento de acordar las designaciones y prioricen la capacidad, la honestidad y la trayectoria jurídica de los candidatos.

Al referirse a la situación de Mendoza, Kemelmajer reconoció que la provincia suele recibir elogios de colegas de otras jurisdicciones por el respeto a las instituciones. Sin embargo, advirtió que esa imagen no debe impedir que se revisen aspectos del funcionamiento judicial.

"Yo también me siento orgullosa de pertenecer a la provincia de Mendoza, pero no crean ustedes que todo es tan transparente", expresó.

La exjueza sostuvo que todavía existen cuestiones por corregir, especialmente en relación con las designaciones judiciales, que, según remarcó, deben responder a los principios constitucionales de idoneidad. "¿Hacemos las cosas bien? Sí, pero no nos creamos que todo está tan bien", señaló.

Kemelmajer también recordó sus objeciones a la modificación de la ley de funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Según explicó, la eliminación de la división por materias —como civil, comercial, laboral y penal— y su reemplazo por salas numeradas puede generar dificultades en la conformación del tribunal.

La jurista advirtió que ese esquema permite designar integrantes que pueden ser competentes, pero que no necesariamente cuentan con especialización en las áreas que la Corte debe resolver.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Archivo Los Andes.

Como ejemplo, afirmó que actualmente el máximo tribunal provincial no cuenta con un especialista en derecho civil con una trayectoria académica e investigativa consolidada.

"Si llegan temas de altísima complejidad en el derecho civil, los están resolviendo los secretarios", cuestionó.

Kemelmajer aclaró que no objeta la capacidad de los integrantes del tribunal que provienen del derecho penal, sino el desequilibrio entre las distintas especialidades. En ese sentido, consideró que una Corte debe contar con profesionales preparados para abordar todas las ramas del derecho que llegan a su conocimiento.

La exjueza recordó que la Suprema Corte no solo resuelve cuestiones constitucionales, sino que también funciona como tribunal de casación y fija los criterios de interpretación de las normas en la provincia.

Por eso, planteó una preocupación sobre las revisiones de sentencias dictadas por las cámaras civiles: "Un camarista, para serlo, ha pasado por el Consejo de la Magistratura, le han tomado exámenes y ha pasado esos filtros. Y esa sentencia que dictó un camarista civil se la está revocando en la Corte alguien que no tiene ningún antecedente en el derecho civil. No puede ser", concluyó.