Alderetes: siete empleados quedaron imputados por una presunta maniobra para robar combustible de camiones
Una investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos puso bajo la lupa a siete trabajadores vinculados al servicio de recolección de residuos de
La Fiscalía acusó a seis ex empleados y a un trabajador que todavía presta funciones en la Municipalidad de Alderetes. Según la investigación, desviaban los camiones de recolección hasta el barrio 40 Viviendas y extraían gasoil de los tanques para colocarlo en bidones. La Justicia ordenó peritar sus celulares para determinar si existieron contactos con otras personas.
Una investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos puso bajo la lupa a siete trabajadores vinculados al servicio de recolección de residuos de Alderetes. La Fiscalía sostiene que los acusados aprovecharon el acceso a los camiones municipales para retirar combustible destinado al funcionamiento de la flota oficial.
La fiscala Mariana Rivadeneira conduce la pesquisa. Durante la audiencia de formalización de cargos, el auxiliar fiscal Federico Lizárraga expuso ante la jueza la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF).
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El expediente tiene a seis ex empleados municipales y a un séptimo acusado que todavía trabaja bajo contrato en la administración local. Todos quedaron imputados por el presunto delito de peculado.
La Fiscalía sostiene que los sospechosos actuaron de común acuerdo y en distintas oportunidades. El mecanismo habría comenzado durante los recorridos habituales de los camiones afectados a la recolección de residuos.
Según la acusación, los vehículos se apartaban de los recorridos asignados y llegaban hasta las inmediaciones de una vivienda ubicada en el barrio 40 Viviendas. El lugar estaría vinculado con una persona conocida por el apodo de "Piluca".
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Una vez allí, los investigadores sostienen que los acusados retiraban combustible de los tanques de los camiones. El gasoil era colocado en bidones y otros recipientes.
La maniobra, según la Fiscalía, permitía sacar el combustible de la custodia municipal y darle un destino ajeno a la prestación del servicio público. Esa mecánica aparece de forma coincidente en las distintas publicaciones que reprodujeron la acusación fiscal.
Lizárraga describió ante la Justicia el supuesto perjuicio que la maniobra provocó sobre las arcas municipales y sobre la prestación del servicio.
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"Con su accionar no solo generaron un perjuicio económico directo al erario público, sino que además provocaban demoras y serios inconvenientes en el normal desempeño de la recolección de residuos en la ciudad", sostuvo el auxiliar fiscal durante la audiencia.
Otro punto que surge del expediente es el período bajo investigación. Los hechos que analiza la Fiscalía ocurrieron entre el 10 y el 25 de abril de 2026, según las publicaciones que reprodujeron la información del MPF.
La investigación, sin embargo, no descarta que el mecanismo haya funcionado durante un lapso mayor. Por ese motivo, todavía quedan medidas pendientes para establecer el alcance total de la presunta maniobra.
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Uno de los próximos pasos de la causa será el análisis de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados.
Para la Fiscalía, ese peritaje puede resultar clave. El objetivo será determinar si existieron conversaciones entre los acusados y si hubo contacto con terceras personas vinculadas con el supuesto destino del combustible extraído.
"Resulta especialmente relevante para confirmar o descartar la existencia de comunicaciones entre los propios acusados y eventualmente con terceras personas vinculadas con el destino del combustible extraído", explicó Lizárraga.
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El resultado de esos análisis podría aportar elementos para determinar si los siete imputados actuaron solos o si existió una estructura más amplia.
La situación laboral de los acusados también cambió a partir de la investigación. Seis de los siete ya dejaron de pertenecer a la planta municipal, mientras que el restante continúa contratado por la Municipalidad de Alderetes.
La Fiscalía no solicitó prisión preventiva. Lizárraga pidió medidas de menor intensidad y no privativas de la libertad durante los seis meses correspondientes a la etapa de investigación penal preparatoria. La jueza interviniente aceptó el planteo.
El caso quedó bajo la figura de peculado, prevista en el artículo 261 del Código Penal. La norma establece una pena de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público que sustraiga caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.
La investigación todavía está abierta. La Fiscalía deberá avanzar con los peritajes pendientes y con otras medidas destinadas a determinar cuánto combustible habría sido sustraído, durante cuánto tiempo funcionó el mecanismo y si hubo más personas involucradas.
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Fuente: El Federalista
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