Analizan el avance de la caza furtiva de vicuñas en la Puna

La vicuña es una especie protegida, estuvo al borde de desaparecer, se recuperó en los 70`y ahora recrudeció la matanza

El investigador del Inta Abra Pampa, Hugo Lamas, advirtió sobre la gravedad y la dimensión regional de la caza furtiva de vicuñas, que involucra redes organizadas y circuitos ilegales de comercialización de fibra. A partir de una investigación que abarcó tres décadas y distintos países de Sudamérica, sostuvo que es necesario fortalecer los controles, coordinar acciones entre organismos y actualizar las herramientas judiciales para combatir este delito.

Al profundizar el estudio, advirtió la dimensión que tiene el problema. "Los casos descubiertos y analizados muestran que es una operatoria muy frecuente y no se trata de casos aislados, sino de matanzas grandes en las que están involucradas bandas que delinquen en la zona de frontera", dijo. Aunque se concentró en Jujuy, amplió el análisis a Catamarca, Salta, Bolivia, Perú y Chile, e identificó dos modalidades: matanzas pequeñas, casi invisibles y cotidianas, y ataques de gran magnitud.

"Acá en Jujuy lo vimos en la zona de Vilama, con 120 animales muertos, 140", ejemplificó. En 2000 se descubrieron hasta 345 cueros en San Antonio de los Cobres y en Perú se registraron matanzas de entre 300 y 400 ejemplares. Entre 1994 y 2024 estudió 142 casos de Jujuy, Salta y Catamarca, casi la mitad de los 279 hechos relevados en Argentina, Bolivia, Chile y Perú.

"Fue una investigación muy compleja porque se imaginará que no hay datos de esto; al contrario, son cosas que se esconden. Esta investigación demandó varios años y al menos 36 viajes por los altiplanos de Bolivia, Chile, Perú y Jujuy", relató.

Realizó 160 entrevistas a fuerzas de seguridad, funcionarios y pobladores, y revisó cerca de 400 artículos periodísticos. "Después ha sido todo un tema de cruzar la información para definir aproximadamente unos 240 casos, que nos permitieron analizar la matanza de unos 6.000 animales, más o menos", dijo.

Consideró que el control territorial es otro desafío Jujuy tiene 30.000 kilómetros cuadrados de altiplano y 1.500 kilómetros de frontera con Bolivia y Chile. Con Salta y Catamarca, la superficie puneña llega a 90.000 kilómetros cuadrados. Por ello, consideró insuficientes los controles actuales y propuso nuevas herramientas de detección, como detectores moleculares de ADN para identificar el origen de la fibra, y tecnologías de monitoreo. "Hay que generar ideas nuevas porque con las técnicas que veníamos utilizando, esto no se va a parar", sostuvo y dio como ejemplo a Perú donde se aplica sistemas de vigilancia con drones y tecnología satelital.

Consideró clave intervenir en toda la cadena, caza, transporte y compra. "Acá hay gente que comercializa, pero sobre todo hay gente que compra. Hay quienes promueven toda esta matanza, porque hay gente que pone el dinero y hay gente que cosecha toda esta fibra", dijo. El tráfico detectado se dirige principalmente hacia Bolivia, por lo que pidió coordinar acciones con sus autoridades.

Entre las zonas críticas mencionó Antofagasta de la Sierra, en Catamarca; Olacapato, San Antonio de los Cobres y Santa Rosa de los Pastos Grandes, en Salta; y Susques, Olaroz y Vilama, en Jujuy. Explicó que Vilama está cerca de áreas de intensa actividad furtiva del lado boliviano. "El problema de Vilama es que está pegadito a las zonas calientes de Bolivia. Entonces, se estima que es la misma gente", dijo, y destacó el papel de las comunidades puneñas, que detectan y denuncian irregularidades, por lo que pidió generar confianza para involucrar a los pobladores.

"Lo que hay que actualizar, y en eso hemos charlado mucho con los fiscales y las autoridades judiciales, es el tema de que se materialicen los castigos, actualizar ciertas leyes a las condiciones actuales y no ser permisivos, actuar con todo el poder de la ley", expresó. Recordó que durante su investigación algunos sectores atribuían la responsabilidad a la Policía y otros a Gendarmería, pero insistió en que debe ser un abordaje compartido.

"Es un problema de todos de las comunidades, de las fuerzas del orden, del Poder Judicial. Y entiendo que también deben hacerlo las autoridades de Bolivia", dijo y destacó la coordinación entre autoridades de frontera, Senasa, Policía y organismos judiciales.

Pidió llevar el tema a los foros internacionales de países vicuñeros. "La lucha va a ser larga porque hay gente de mucho poder económico atrás, hay bandas organizadas, pero también creo que hubo cambios. Hay mucho compromiso de las autoridades provinciales, de las autoridades del Poder Judicial y creo que Gendarmería y la Provincia también vienen peleando desde hace rato", afirmó.

Recordó que desde 2003, en la Puna jujeña se trabaja para valorar el recurso y promover su aprovechamiento sustentable. Aunque su tesis llegó hasta 2024, la investigación continuó y constató que las matanzas se repiten. Sin embargo, destacó que ahora existe una reacción institucional diferente. "Ahora lo que se une es la investigación y el Poder Judicial. Los organismos de control también se nutren de todo lo que se investiga y de lo que se trabaja", sostuvo.

Inta y la Justicia coordinan 

Recientemente se llevó a cabo en la Estación Experimental del Inta de Abra Pampa una jornada de trabajo con funcionarios del Juzgado Ambiental y del Ministerio Publico de la Acusación del Poder Judicial de la Provincia. Participaron por el Juzgado Ambiental Aylen de los Ríos y Juan Muñoz y por el Ministerio Público de la Acusación Javier Sánchez Serantes y Javier de Bedia, y los recibieron la directora del Inta de Abra Pampa, Fabiana Brizio y su Coordinador de Investigación, Hugo Lamas.

El investigador Lamas presentó los resultados de su tesis doctoral sobre casos de caza furtiva en vicuñas entre los años 1995 al 2024, de su tesis doctoral donde abordó características de cada caso, actores involucrados, zonas de mayor actividad de caza furtiva, características del tráfico ilegal y estadísticas disponibles. Estudió 142 casos (el 50 %) de eventos que se dieron en Jujuy, Salta y Catamarca sobre un total de 279 hechos de ataques de caza furtiva en vicuñas acaecidos en Perú, Chile, Perú, Bolivia y Argentina.

Aylén De Los Ríos, informó sobre los temas tratados en el Primer Conversatorio Internacional de Entidades Administrativas y Operadores de Justicia sobre la caza furtiva de vicuñas, realizado en Puquio, de Ayacucho, Perú. Se buscó unificar criterios de investigación y establecer una hoja de ruta regional contra el furtivismo. La actividad integra la agenda de trabajo para la protección de la especie y al fortalecimiento de los mecanismos de prevención frente a hechos de caza furtiva en la región puneña.

Brizio destacó la importancia de la visita de los funcionarios judiciales en profundidad sobre el tema, y el trabajo coordinado que vienen realizando estas instituciones con la Dirección de Protección de la Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente de Jujuy y las Comunidades Andinas Manejadoras de Vicuñas (Camvi) para conservar la especie y promover su aprovechamiento racional y sustentable.

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