Antes del debate en el Senado, organizaciones misioneras pidieron rechazar la reforma de la Ley de Tierras

Horas antes de la sesión convocada en el Senado para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un conjunto de partidos, organizaciones campesinas, asociaciones productivas y espacios sociales de Misiones pidió a los legisladores nacionales de la provincia que rechacen la modificación del régimen de tierras rurales.

La Cámara alta tiene previsto sesionar este jueves desde las 12 para tratar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, junto con una serie de acuerdos judiciales. La convocatoria fue confirmada por el Senado, aunque el oficialismo llegaba al encuentro con dudas respecto del número necesario para abrir el debate.

La iniciativa oficial propone modificar distintas normas relacionadas con la propiedad, las expropiaciones, los desalojos y la adquisición de tierras rurales. Uno de sus puntos centrales es la flexibilización de las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de personas y empresas privadas extranjeras.

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El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, aunque sufrió modificaciones respecto de su versión original y también recibió un despacho de minoría.

Frente a la inminencia del debate, las organizaciones misioneras convocaron a rechazar lo que definieron como un"proyecto de entrega de tierras" y cuestionaron que se reduzcan los controles nacionales sobre un recurso considerado estratégico.

"De aprobarse, esta iniciativa profundizaría la extranjerización del territorio nacional, favoreciendo que millones de hectáreas pasen a manos de intereses foráneos", expresaron en el documento.

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Los firmantes exigieron que los representantes provinciales adopten una posición común en el Congreso y voten contra la iniciativa. "Exigimos a los legisladores nacionales por Misiones que rechacen de manera unánime este proyecto, defendiendo el patrimonio de nuestra provincia y la soberanía nacional", señalaron.

El pronunciamiento vincula la discusión legislativa con las características particulares de Misiones: su condición fronteriza, la disponibilidad de agua superficial y subterránea, el peso de las actividades agropecuarias y la histórica disputa por la concentración de la propiedad rural.

Según sostuvieron las organizaciones, el 14% de las mejores tierras productivas de Misiones se encuentra en manos extranjeras, mientras que tres empresas concentrarían más del 20% de la superficie rural provincial. Los porcentajes fueron presentados por los firmantes como fundamento del rechazo.

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La legislación vigente establece un límite general del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, en cada provincia y en los municipios o divisiones administrativas equivalentes. También impide que titulares de una misma nacionalidad concentren más del 30% de ese porcentaje y fija límites individuales según la ubicación del inmueble.

El Gobierno nacional sostiene que esas restricciones desalientan inversiones y anticipó que pretende modificarlas para facilitar operaciones de particulares extranjeros. La postura oficial es que una mayor apertura permitiría atraer capital destinado a infraestructura, producción y economías regionales.

El dictamen que llega al recinto traslada mayores facultades a las provincias para decidir sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

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También mantiene controles particulares para los Estados extranjeros, las compañías con participación estatal extranjera y las operaciones realizadas en zonas de frontera, que requieren autorizaciones adicionales.

Uno de los aspectos cuestionados es la incorporación del silencio administrativo positivo. Según el texto difundido antes de la sesión, si las autoridades competentes no presentan objeciones dentro del plazo establecido, la autorización podría considerarse otorgada.

Para las organizaciones misioneras, ese mecanismo aumentaría la discrecionalidad y debilitaría los controles sobre la tierra, los cursos de agua y los acuíferos. En ese sentido, sostuvieron que la discusión no puede reducirse a la inviolabilidad de la propiedad privada, ya que también involucra el ordenamiento territorial, la soberanía sobre los recursos naturales y la capacidad del Estado para evitar una mayor concentración.

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El documento también relaciona la eventual reforma con la situación que atraviesan los pequeños y medianos productores de Misiones. Los firmantes afirmaron que la crisis agraria, agravada por la desregulación del mercado yerbatero, está llevando a la ruina a productores, cooperativas y emprendimientos locales. A su entender, ese deterioro económico facilita que las explotaciones familiares pierdan tierras frente a actores con mayor capacidad financiera.

De esta manera, plantearon que la flexibilización de las restricciones para compradores extranjeros podría acelerar un proceso de concentración que ya afecta al territorio provincial.

Como antecedente, recordaron la intervención del fallecido obispo de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, en la lucha que derivó en la sanción de la Ley Provincial de Colonización de 2004.

"Queremos que la tierra sea propiedad privada de muchos y no de unos pocos", expresaron al recuperar una de las frases atribuidas al religioso.

Según el pronunciamiento, aquella política permitió que más de2.000 familias accedieran a tierras en el noroeste de Misiones, una región que posteriormente registró un importante crecimiento productivo y demográfico.

El comunicado fue acompañado por espacios como Patria Grande, Unidad Popular, Libres del Sur, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la Federación Nacional Campesina, el Partido del Trabajo y del Pueblo, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Patria Misiones y organizaciones vinculadas con la agricultura, la salud comunitaria, la cultura y el ámbito universitario.

"La tierra misionera y la patria no se venden. Se defienden", concluyeron.

Fuente: Primera Edición

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