Aparicio: "Un camino nefasto para la ciencia en democracia"

La investigadora Virginia Aparicio volvió a cuestionar el proceso administrativo que podría terminar con su exoneración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En una entrevista concedida ayer a Radio Noticias, explicó que el sumario se inició a fines de 2023, aunque recién fue notificada a comienzos de 2025 y que todavía no recibió la comunicación formal de la sanción. 

Aparicio afirmó que tomó conocimiento, a través de integrantes de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), de que el Consejo Directivo había tratado su situación en agosto y ratificado el pedido de exoneración. "No tengo la notificación oficial", aclaró. La científica cuestionó especialmente la magnitud de la medida. "La exoneración es la máxima sanción que no se utiliza en el ámbito científico desde tiempos de la dictadura", afirmó. 

Y agregó: "Una exoneración a un individuo que no le dejan responder qué es lo que hizo cuando tiene ocho imputaciones, o no se tienen en cuenta las pruebas que presento, genera un camino que es difícil de desandar después". 

Proyecto SPRINT.

El origen del conflicto está en su participación como coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT, financiado por la Unión Europea. La investigación comenzó a construirse en 2018 y, según Aparicio, el INTA avaló inicialmente la participación argentina.

"Conté siempre con todos los avales. Inicialmente fue un proyecto que se consideró que prestigiaba a la institución", recordó. Sin embargo, sostuvo que con el cambio de autoridades también cambió la posición del organismo frente a la investigación.

El proyecto estudió la presencia de plaguicidas en personas, animales y ambientes. En Argentina participaron 73 voluntarios del sudeste bonaerense y se analizaron muestras humanas y ambientales. Argentina fue el único país sudamericano participante. "Lo que vimos es que masivamente estamos expuestos a mezclas de plaguicidas", señaló. El proyecto permitió medir alrededor de 200 sustancias.

La investigadora sostuvo que el conflicto se profundizó cuando el INTA suspendió su actividad vinculada al proyecto y posteriormente se retiró. Según su relato, recibió pedidos para suspender por su cuenta una reunión y evitar la difusión de información, algo que rechazó porque había asumido compromisos con los voluntarios.

"Yo había firmado con todos los voluntarios un consentimiento informado. Una de las cláusulas es justamente que si ellos quieren sus datos personales de cuánta cantidad de plaguicidas tienen en su sangre, su materia fecal, su orina, yo se los tenía que dar", explicó.

El vínculo con La Pampa.

Hacia el final de la entrevista, Aparicio mencionó el trabajo realizado junto al investigador Mariano Méndez, de la Universidad Nacional de La Pampa y el Conicet, sobre la erosión eólica y el transporte de contaminantes a través del polvo. "El polvo que circula, que levanta el viento y transporta, tiene carga de algunos de estos contaminantes", explicó. Según señaló, el equipo busca determinar si esa carga que puede ingresar al sistema respiratorio tiene incidencia sobre enfermedades respiratorias.

Aparicio sostuvo que la información producida por SPRINT continúa disponible en publicaciones científicas y espacios internacionales. "La información científica, rigurosa, publicada y revisada por pares, está disponible", afirmó. 

En ese sentido, planteó que los datos deberían ser utilizados por el Estado para diseñar políticas públicas. "Mientras tanto había que usar los datos para hacer un montón de cosas desde el Estado", sostuvo. También señaló que recibió expresiones de solidaridad de investigadores europeos que participaron del proyecto. Mientras espera la notificación formal de la decisión, continúa preparando su defensa.

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