Apartaron a 10 militares de la Armada Argentina por un fraude multimillonario con los sueldos: qué dijo Presti

Retornos, falsos viáticos en dólares y giros millonarios a familiares directos son el eje de una investigación judicial que sacude a la fuerza. El Ministerio de Defensa ordenó echar a los responsables. Los fondos desviados escalan a un valor cercano a los mil millones de pesos.

Por Redacción18 de septiembre de 20266 min de lectura

Apartaron a 10 militares de la Armada Argentina por un fraude multimillonario con los sueldos: qué dijo Presti · Foto: Río Negro

Por Redacción

Foto: Presidencia de la Nación.

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La conducción de laArmada Argentinaapartó de sus funciones a diez militares involucrados en una trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos, lo que dio inicio a una instrucción disciplinaria que podría culminar con la destitución de los responsables. La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, en paralelo al avance de una causa en el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos, donde se investiga una extensa red de desvíos de fondos públicos hacia cuentas particulares.

La reacción institucional se aceleró tras la intervención directa del ministro de Defensa, Carlos Presti, quien ordenó aplicar la máxima sanción posible dentro del régimen militar para aislar el accionar de los acusados del resto de la fuerza. «Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes«, afirmó públicamente el funcionario. Además, instruyó explícitamente a Romay para que, mediante un Consejo de Disciplina, los efectivos pasen a ser destituidos de inmediato y que, en el ámbito judicial, se logre que «devuelvan el dinero y vayan presos».

Según la documentación oficial remitida a la Justicia, la investigación contabiliza un desvío comprobado cercano a los mil millones de pesos. Sin embargo, otras estimaciones y testimonios internos sugieren una cifra mucho mayor.

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Según reconstruyó Infobae, la Armada sostiene que las primeras señales de alerta aparecieron en febrero de 2026, cuando una revisión sobre la liquidación de enero detectó cinco acreditaciones incorrectas en el Departamento Revista.

A raíz de esto, en marzo se modificó el circuito administrativo para separar las tareas de liquidación, orden de pago y control bancario. El punto de inflexión habría ocurrido en agosto, cuando nuevas revisiones hacia atrás detectaron acreditaciones injustificadas a la esposa del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien fue relevado preventivamente.

En paralelo a esta versión institucional, desde La Nación reportaron que trascendidos desde el Edificio Libertad señala que el verdadero quiebre de las complicidades se dio por la negativa de una oficial. Según esta línea, una teniente de navío —que también es contadora pública del área de liquidaciones— advirtió el fraude y se negó a recibir un «suplemento» del cual estaba obligada a devolver la mitad a sus superiores. Esta oficial, que incluso habría recibido un ofrecimiento de dinero para no revelar lo ocurrido, fue una pieza clave para desencadenar la inspección.

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La red de corrupción combinó alteraciones informáticas indetectables a simple vista con mecanismos tradicionales de desvío. La maniobra principal consistía en aprovechar el período que existe entre el cierre de la liquidación mensual y el envío definitivo del archivo de pagos al Banco Nación.

Los implicados utilizaban fondos de haberes que debían bloquearse (por una baja, un retiro o un fallecimiento) y que debían regresar a la Tesorería de la Nación. Antes de que el dinero fuera devuelto, modificaban los archivos para aumentar transitoriamente el monto de una persona determinada o incorporar pagos sin justificación. Para evitar ser descubiertos, luego de enviar el archivo al banco, restituían los registros en el sistema interno a sus valores originales, logrando que los montos transferidos no coincidieran con los recibos de haberes oficiales.

Junto a esta manipulación digital, operaba un esquema de fraudes más directos. Las actuaciones detectaron la liquidación de falsos viáticos en dólares por misiones al exterior que no se realizaban o que se seguían cobrando tras haber finalizado. A su vez, se implementó el cobro de «suplementos con retorno», mediante el cual se liquidaban horas extras o plus por especialidades (como buceo) a efectivos que no cumplían esas tareas, exigiéndoles luego la devolución del 50% de la suma.

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Además, se investiga el uso de números de CUIL de personal retirado o dado de baja para habilitar «cobros fantasma».

El análisis exhaustivo del Banco Nación y la documentación interna permitieron reconstruir 645 acreditaciones indebidas emitidas entre julio de 2022 y enero de 2026, alcanzando un monto histórico comprobado de $981.148.567,88. Si bien esa es la cifra presentada ante la Justicia, las estimaciones derivadas de la continuidad de la pesquisa interna -al que accedió La Nación- advierten que el perjuicio final podría rondar los $1.600 millones.

La investigación identificó a 23 beneficiarios: 10 militares y 13 personas ajenas a la fuerza. El dato más contundente es que cuatro de esos civiles cobraron el 44,25% de todo el dinero desviado (más de $434 millones). El propio capitán Atanasoff manifestó internamente que él definía los beneficiarios, los importes y ejecutaba manualmente las operaciones para favorecer a terceros y al personal naval involucrado.

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La mayor beneficiaria individual resultó ser la esposa de Atanasoff, María del Carmen Prieto, quien sin tener relación laboral con la Armada recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Los otros tres civiles que concentraron los pagos irregulares fueron Damián Andrés Santana ($99,4 millones), Amalia Cristina Díaz ($91,9 millones) y Natalia Carolina Yahia ($90,4 millones).

Hacia el interior de la fuerza, la pesquisa descubrió situaciones anómalas como la del capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro, quien percibió haberes en Argentina en simultáneo con los que cobraba estando destinado en el exterior (un doble pago que exige vulnerar el bloqueo automático del sistema). También se detectaron giros a su esposa, Luana Magalí Piedigrossi, mientras se encontraba de licencia sin goce de sueldo.

Al quedar expuestos en septiembre, varios oficiales intentaron mitigar su situación restituyendo los fondos. Los capitanes de corbeta Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato, Juan Carlos Barrios, Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni transfirieron de regreso sumas percibidas indebidamente. Hasta el momento de la denuncia, se habían recuperado $42.574.267,63, dejando un saldo deudor comprobado superior a los $938 millones.

El 15 de septiembre, el jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, presentó la denuncia formal en Comodoro Py. Un día después, el almirante Romay (quien fue sorprendido por el escándalo mientras recibía una condecoración oficial en Paraguay) firmó el apartamiento de los diez militares y designó a un abogado militar para conducir la instrucción disciplinaria que definirá el futuro de los acusados.

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Fuente: Río Negro