ATE denunció "pobreza planificada" y exigió la recomposición de los salarios
Con datos de la Nación, el gremio afirmó que la Provincia tiene recursos en el BCRA. Señalan que la inflación acumulada triplicó los aumentos estatales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis emitió un duro pronunciamiento contra la política económica de la gestión de Claudio Poggi, a la que acusó de ejecutar un esquema de "pobreza planificada".
Respaldados en cifras de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía de la Nación, desde el gremio sostienen que la administración provincial cuenta con margen financiero suficiente para responder a los reclamos salariales sin comprometer las arcas públicas.
Según el informe exhibido por la entidad sindical correspondiente al primer trimestre de 2026, la provincia presenta un stock de deuda consolidado y en moneda extranjera del 0,0%.
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Asimismo, destacaron que los depósitos del Estado provincial en el Banco Central alcanzan cifras abultadas, superando los $800.000 millones en el Fondo Único de Cuentas Oficiales (FUCO) e integrando además reservas por 39 millones de dólares.
A pesar de este panorama de solvencia fiscal, la conducción sindical remarcó el severo retraso de los haberes frente a la evolución del costo de vida.
De acuerdo con las mediciones oficiales del IPC citadas en el documento, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación acumulada en la provincia alcanzó el 239,62%, propulsada por subas drásticas en servicios esenciales como vivienda, agua, luz y gas, que escalaron más del 530%.
En contraste, los incrementos salariales otorgados al sector público en igual período sumaron un 150,71%.
Para ATE, la brecha entre el costo de la canasta familiar y los sueldos se traduce en una pérdida real del poder adquisitivo superior al 100%, situación que empuja al endeudamiento a los trabajadores que sostienen los servicios de salud, educación, seguridad y administración pública.
Ante este diagnóstico, el gremio exigió una recomposición salarial inmediata que iguale la inflación acumulada, el fin del ajuste sobre los salarios estatales y la asignación prioritaria de los fondos provinciales para garantizar la dignidad de los empleados públicos.
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Fuente: El Diario de la República
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