Atrapados sin salida: la posibilidad de estudiar en la cárcel está en riesgo

Por: Azul Balmaceda

Docente de Filosofía Política (FFyL-UBA)

Secretario Académico Departamento de Filosofía (FFyL-UBA)

Por: Azul Balmaceda

Docente de Filosofía Política (FFyL-UBA)

Por: Facundo Jaime

Secretario Académico Departamento de Filosofía (FFyL-UBA)

En el Complejo Penitenciario Federal de la CABA, conocido popularmente como la Cárcel de Devoto, funciona el Centro Universitario de Devoto (CUD), en el marco del Programa UBA XXII, que permite a las personas privadas de su libertad cursar estudios universitarios. Inaugurado el 17 de diciembre de 1985, fue el primer centro universitario del país, fruto de un convenio histórico entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal. Su creación marcó el inicio de una experiencia que luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios.

El 11 de noviembre comenzó el cierre del penal de Devoto, pasando por alto instancias fundamentales: no se notificó a los organismos de control, al Poder Judicial ni a las familias y defensas de las personas detenidas. Asimismo, el traslado se llevó a cabo durante la madrugada y estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pese a que estaba previsto para el 14 de octubre. Las 326 personas detenidas fueron trasladadas al Complejo VIII de Marcos Paz, cuya construcción aún no ha finalizado y que, por ende, no garantiza las condiciones básicas para sostener el espacio. El lunes se sumaron otras 100 personas. En este marco, muchas personas detenidas que cursan estudios en el CUD fueron trasladadas a Marcos Paz a mitad de cuatrimestre sin que pudiera garantizarse la continuidad de sus trayectorias educativas. El penal de Marcos Paz no cuenta con un espacio universitario ni las condiciones adecuadas para construir uno, lo que plantea interrogantes sobre la continuidad de las trayectorias académicas de quienes ya habían iniciado sus estudios en el marco de este programa y de todas las instancias que se ofrecían en Devoto.

A este contexto se suma la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el resto de las personas privadas de libertad, quienes, además de haber sido trasladadas a una cárcel que aún no está terminada, estuvieron tres días sin recibir sus pertenencias (ropa, elementos de higiene y libros). Frente a esta situación, plantearon presentar un hábeas corpus colectivo, pero no se les permitió hacerlo, por lo que el martes 13/10 iniciaron una huelga de hambre. La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó un hábeas corpus colectivo por el incumplimiento de los protocolos establecidos en su Protocolo de Traslados del SPF dictado luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina en el denominado «Caso López». En este fallo se condenó la práctica de traslado masiva y sin control judicial de internos que violaban distintos principios de la Convención Americana, entre ellos el derecho a la integridad personal y el principio de intrascendencia de la pena. Entre otras disposiciones, el protocolo protege el derecho a la educación de los estudiantes prohibiendo la interrupción arbitraria de sus trayectorias académicas y obligándolos a dar aviso con 72 horas de anticipación a las personas detenidas.

El 14 de octubre se publicó una resolución del director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Gabriel Esteban Aquino, dirigida al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la que se aseguraba que los estudiantes serían trasladados al penal de Ezeiza, donde podrían retomar sus estudios. Sin embargo, preocupa la arbitrariedad de este circuito de traslados, en el que no solo se vulneran garantías constitucionales básicas, sino que tampoco está asegurada la continuidad de las trayectorias educativas universitarias de los estudiantes.

Las estadísticas hablan por sí solas: mientras que la tasa general de reincidencia en el sistema penitenciario de la región suele ubicarse entre el 40% y el 50%, la tasa de reincidencia de graduados/estudiantes varía en un rango sumamente bajo: el 85 % de las personas que estudian durante el período de encierro (nivel primario y/o secundario) no vuelve a delinquir tras recuperar la libertad. La cifra es aún más drástica cuando se trata de estudios universitarios o superiores, donde la tasa de reincidencia versa entre un 2,5 y 3%. Además de ser un derecho humano fundamental, el derecho a la educación constituye una herramienta crucial para prevenir la reincidencia delictiva y garantizar la reinserción social de las personas condenadas. Por ello, resulta primordial sostener estos espacios educativos, esenciales para garantizar el ejercicio de derechos y generar condiciones reales de inclusión tras recuperar la libertad.

Proyecto Filosofía en contextos de Encierro – UBA XXII (FFyL-UBA).

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