Avanza el plan en San Juan para subastar vehículos incautados antes que convertirlos en cubitos de lata

En San Juan, avanza el plan para subastar vehículos incautados antes que convertirlos en cubitos de lata, una iniciativa que pretende dar un destino útil a unidades que, aunque se encuentran en buen estado, terminan abandonadas por sus dueños debido a que los costos de multas, acarreo y guarda superan el valor del propio rodado. Actualmente, el depósito judicial de 9 de Julio está colapsado, operando a un 95% de su capacidad total, lo que obliga al Gobierno a buscar mecanismos urgentes para descomprimir el predio y evitar el deterioro ambiental que genera la acumulación de más de 20.000movilidades a la intemperie.

El Secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubós, adelantó que hay avances con el nuevo marco normativo que se enviará a la Legislatura. Según explicó el funcionario, "respecto a la compactación, estuvimos trabajando en la modificación de la ley, para lograr que además de compactar, se pueda subastar los vehículos que están en el predio de 9 de julio. La idea es que entre a la Cámara de Diputados el mes que viene". Este anuncio marca el inicio de una etapa donde la chatarra dejará de ser la única opción para los autos y motos decomisados.

La gestión que encabeza la ministra de Gobierno, Laura Palma, detectó que la compactación masiva no es siempre la mejor salida, ya que en el predio yacen unidades que todavía tienen vida útil,. No obstante, la gente no retira sus vehículos porque el proceso administrativo y económico resulta oneroso, lo que convierte al depósito en un verdadero "cementerio" de bienes que podrían ser reutilizados. Decidir sobre el destino de estos rodados es fundamental no solo para liberar espacio físico, sino para detener la contaminación del suelo por fluidos como aceite o combustible y generar recursos a través de remates públicos.

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Desde el inicio de la actual gestión en diciembre de 2023, la movida oficial para resolver este problema está en marcha pero todavía no ve la luz. En enero de 2024, la ministra Palma realizó una visita personal al predio de 9 de Julio para constatar la gravedad de la situación legal y física de los rodados. Un mes después, se reunió con los miembros de la Corte de Justicia para coordinar acciones sobre los vehículos que están bajo órbita judicial, ya que el Ejecutivo solo tiene competencia directa sobre los secuestrados por infracciones de tránsito,. Además, se avanzó en un proyecto para que las bicicletas que aún sirven sean reparadas en talleres de laborterapia del Servicio Penitenciario y luego donadas a instituciones. Pero queda resolver todo el acopio general de vehículos.

El manejo de los vehículos en San Juan se rige estrictamente por la Ley 1810-A, una normativa que las autoridades actuales consideran restrictiva porque solo permite la compactación y no prevé la subasta ni la venta de repuestos. Históricamente, el predio de 9 de Julio ha acumulado miles de unidades debido a que el proceso para liberarlas requiere el pago total de multas e impuestos, algo que muchos propietarios no están dispuestos a afrontar. Durante 2023, la gestión anterior llegó a preadjudicar una licitación para compactar 3.800 unidades a la empresa Electro 3, pero el operativo no se concretó debido a faltantes administrativos y la necesidad de un nuevo relevamiento exhaustivo por parte de la nueva administración.

En 2025, TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone el predio que muestra la gran cantidad de vehículos que esperan su compactación.

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De acuerdo a los datos técnicos que se manejan hace años sobre este tipo de operativos, el proceso de compactación no es una simple destrucción masiva, sino una tarea industrial con protocolos específicos. Primero, el Gobierno debe publicar edictos para dar una última oportunidad a los dueños de reclamar sus bienes; si esto no ocurre tras seis meses de guarda, el Estado toma la propiedad del rodado. Antes de que la prensa hidráulica entre en acción, la empresa ganadora de la licitación debe realizar un proceso de descontaminación en conjunto con la Secretaría de Ambiente, retirando baterías, cubiertas y todos los líquidos contaminantes como aceite y combustible. Finalmente, la maquinaria reduce la estructura a un cubo de chatarra que es pesado y pagado por la empresa al Estado para su posterior reciclaje industrial fuera de la provincia.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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