Avanza la causa por la ocupación de una calle: "Solo pedimos que nos dejen trabajar"

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EL DIARIO digital

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La investigación judicial por la presunta usurpación de un espacio público en el extremo sur de Santa Rosa, en Colonia Escalante, sumó un nuevo paso. El Ministerio Público Fiscal citó a declaración al hombre señalado como responsable del taller mecánico "El Chaco", construido sobre el tramo final de la calle Garay Vivas, en un expediente iniciado a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Santa Rosa.

La citación fue fijada para este martes 7 de julio, a las 10 de la mañana, en el Centro Judicial de Santa Rosa, por disposición del fiscal Walter Antonio Martos, titular de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad y Juicios Directos.

Según pudo confirmar El Diario, la convocatoria forma parte del legajo Nº 183825/0, caratulado "Municipalidad de Santa Rosa (Den.) s/ Usurpación", y fue notificada mediante una cédula emitida el pasado 25 de junio. Hasta el momento no pudo confirmarse si el citado finalmente compareció ante la Fiscalía.

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La causa investiga la ocupación de un sector ubicado en Garay Vivas al 2800, casi Sansinena, donde funciona un taller mecánico y también reside la familia denunciada.

El descargo de la familia

En un descargo que presentó en el Concejo, el vecino denunciado, Víctor López, aseguró que solo pide que "nos dejen trabajar dignamente".

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En la carta manuscrita conto los motivos que lo llevaron a instalarse junto a su familia en el terreno ubicado sobre la calle Garay Vivas.

Según relató, decidió ocupar el lugar porque no podía afrontar el costo de un alquiler y, debido a una discapacidad, buscó levantar un pequeño taller mecánico para generar ingresos. "Solo pedimos que nos dejen trabajar dignamente", escribió.

López afirmó que limpió un predio que, según su versión, se encontraba abandonado y era utilizado como basural. También aseguró que cuenta con la ayuda de algunos vecinos y que tiene dos menores a cargo.

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En su presentación, el vecino no negó la ocupación del terreno. Por el contrario, explicó que tomó esa decisión porque no podía afrontar un alquiler y pidió una solución que le permita regularizar su situación.

En la carta sostuvo que el conflicto responde a la oposición de "dos vecinos" y rechazó haber generado inconvenientes. "No molesto a nadie y respeto las normas de convivencia", expresó.

Además, manifestó que estaría dispuesto a regularizar su situación si el municipio le ofreciera un plan de pago accesible. "Si tengo que pagar el sector, que me hagan un plan de pago asequible, porque un alquiler no llego a pagarlo", señaló.

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Como argumento a favor de su permanencia, también afirmó que desde que su familia ocupa el lugar cesaron los robos en la empresa embotelladora ubicada en las inmediaciones. "Somos una familia honesta que queremos trabajar", concluyó en la nota dirigida a los concejales.

Dos notas en el Concejo

Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, el conflicto también volvió a discutirse este martes en la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante.

Durante la reunión ingresaron dos notas vinculadas al caso: una presentada por padre de familia que ocupa el predio y otra impulsada por vecinos de la zona, quienes reiteraron sus reclamos por la ocupación del espacio público y las molestias que, según sostienen, genera el funcionamiento del taller.

En ese marco, el presidente del bloque oficialista, Francisco Bompadre, señaló que el caso ya se encuentra judicializado, motivo por el cual el municipio aguarda el avance de la investigación, según contaron desde el Concejo Durante el debate no hubo referencias a la situación social de la familia.

Una denuncia que hizo el Municipio

El conflicto tomó estado público semanas atrás, cuando vecinos denunciaron que el tramo final de la calle Garay Vivas había sido cerrado y ocupado por un taller mecánico construido sobre la calzada.

Los frentistas afirmaron que venían realizando presentaciones desde 2025 ante la Municipalidad y luego radicaron una denuncia penal. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon entonces que la investigación no estaba paralizada y que había sido impulsada por la propia Municipalidad de Santa Rosa.

En ese momento, fuentes judiciales explicaron que el expediente presentaba una complejidad jurídica vinculada a la naturaleza del bien presuntamente usurpado. Indicaron que, cuando la ocupación afecta exclusivamente un espacio de dominio público, la configuración del delito de usurpación presenta diferencias respecto de los casos de propiedad privada, por lo que resulta necesario reunir informes catastrales, dominiales y topográficos antes de definir el encuadre legal del caso.

La declaración del vecino constituye uno de los primeros actos procesales dirigidos contra el denunciado y marca un nuevo avance en una investigación que deberá definir no sólo si existió una usurpación, sino también cuál es la vía jurídica adecuada para resolver un conflicto que combina la ocupación de un espacio público con una evidente problemática social.

Fuente: El Diario de La Pampa

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