Avanza la designación de Toledo y Luna Roldán como jueces federales en TOF de Tucumán

La Comisión de Acuerdos de la Cámara de Senadores de la Nación emitió dictámenes favorables a los pliegos de los abogados Pablo Roberto Toledo y Ángel Roger Luna Roldán, propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar como jueces de cámara el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Con esta decisión, los postulantes superaron la instancia de audiencias públicas y evaluación de antecedentes, y el trámite quedó habilitado para su tratamiento en el recinto del Senado.

La resolución representa un paso relevante para una jurisdicción que enfrenta una prolongada crisis por acefalía. El Tribunal Oral Federal de Tucumán opera desde hace tiempo con solo tres jueces subrogantes —Cristina Giordano (Córdoba), Federico Bothamley (Santiago del Estero) y Marta Liliana Snopek (Jujuy, con actuación en Salta)—, quienes deben compatibilizar sus funciones con los tribunales de origen. Esta situación genera demoras sistemáticas en el debate oral de causas complejas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y la corrupción.

La vacante de las tres vocalías titulares se originó en el acogimiento a la jubilación de los magistrados Gabriel Casas y Alicia Noli, y en el fallecimiento de Carlos Jiménez Montilla. La integración extraordinaria permanente ha afectado la normal prestación del servicio de justicia en una materia de alta sensibilidad institucional.

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La postulación de Luna Roldán no estuvo exenta de controversias. Durante el período de participación ciudadana, entre el 16 y el 22 de junio de 2026, la Comisión recibió cuatro impugnaciones, entre ellas la del abogado Emilio Guagnini. El principal argumento se centró en una supuesta incompatibilidad derivada de su matrimonio con la doctora Patricia Moltini, jueza titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Los impugnantes advirtieron que esta configuración podría generar inhibiciones en cadena, al revisar en juicio causas en las que su cónyuge intervino en la etapa de apelación durante la Investigación Penal Preparatoria, invocando el artículo 60 inciso d) del Código Procesal Penal Federal y riesgos para la garantía del juez natural.

En un extenso escrito de descargo, Luna Roldán rechazó las observaciones y sostuvo que el régimen de incompatibilidades prohíbe la presencia de parientes en el mismo tribunal colegiado, pero no impide vínculos familiares entre magistrados de instancias y tribunales autónomos distintos. Destacó el carácter estrictamente personal e individual de la imparcialidad judicial, invocó precedentes en otras jurisdicciones (Santiago del Estero, Salta y Mendoza) y recordó que el Consejo de la Magistratura elevó su terna en 2023 con pleno conocimiento de su situación familiar. La Comisión de Acuerdos desestimó las impugnaciones y consideró acreditada la idoneidad de ambos postulantes tras la audiencia pública del 30 de junio.

La presencia de Toledo provocó la única intervención del oficialismo en la audiencia, cuando la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), le preguntó si consideraba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) era una cuarta instancia judicial. El postulante contestó que no.

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Los dictámenes, plasmados en los Órdenes del Día N° 200 y 204, aguardan ahora la convocatoria a sesión en el Senado para obtener el acuerdo definitivo y permitir la jura de los nuevos magistrados titulares. Su incorporación permitiría normalizar el funcionamiento del tribunal y agilizar el trámite de causas de relevancia pública.

Aún persisten otras vacantes sensibles en la Justicia federal tucumana. No se ha abierto concurso para la tercera vocalía del TOF tras el fallecimiento de Jiménez Montilla. En el Juzgado Federal N° 1, con competencia electoral, una terna integrada por Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella espera definición; el juzgado es subrogado por José Manuel Díaz Vélez. En el Juzgado Federal N° 2, Pablo Roberto Toledo figura en la orden de mérito provisoria junto a Martín Eugenio Abdala, Andrés Agustín Da Rold y Gonzalo Stordeur; actualmente lo subroga el catamarqueño Guillermo Díaz Martínez. Además, permanece vacante la fiscalía ante el TOF.

Por otro lado, en la misma reunión legislativa, Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y exsecretario letrado del juez Ariel Lijo, superó sin mayores inconvenientes su audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado. De esta manera, quedó un paso más cerca de convertirse en juez federal.

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Rodríguez Ponte está nominado para ocupar el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal que, en caso de obtener el acuerdo del Senado, tramitará el expediente en el que se investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio.

La nominación de Rodríguez Ponte marchará sin contratiempos al recinto del Senado, luego de que su pliego obtuviera dictamen favorable y quedara habilitado para su tratamiento en la próxima sesión de la Cámara alta.

En la audiencia celebrada este martes en el Salón Azul, el candidato expuso durante solo dos minutos. Realizó un breve relato de su carrera en el Poder Judicial y destacó la experiencia adquirida en la investigación de delitos complejos durante su paso como secretario letrado del juez Ariel Lijo y en la conducción actual de la Dajudeco, organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia y tiene a su cargo los peritajes de las causas y las escuchas telefónicas.

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"Pretendo aportar toda mi experiencia y mi formación a este desafío", afirmó Rodríguez Ponte al cierre de su alocución. Recibió únicamente dos preguntas formales, referidas a la jurisdicción que le corresponderá cubrir y a cómo piensa mejorar el funcionamiento del tribunal. El oficialismo se mantuvo en silencio durante su exposición.

Minutos antes de la audiencia, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) había recibido al candidato en su despacho, en una señal de respaldo.

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Fuente: El Federalista

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