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Baigorrí defendió el nuevo protocolo y negó que existan restricciones a la libertad de expresión

Tras la controversia por las posibles sanciones a fiscales por hablar con periodistas, el Fiscal General de la Corte aseguró que sólo se busca ordenar la difusión de datos trascendentales y proteger el trabajo de las unidades fiscales frente a la demanda permanente de los medios.

Por Tiempo de San Juan5 min de lectura
Baigorrí defendió el nuevo protocolo y negó que existan restricciones a la libertad de expresión
Baigorrí defendió el nuevo protocolo y negó que existan restricciones a la libertad de expresión · Foto: Tiempo de San Juan

Este viernes habló el jefe de los fiscales sanjuaninos, Guillermo Baigorrí, tras la controversia por la reciente implementación de la Resolución General N.º 26/2026 por parte de la Fiscalía General de la Corte de San Juan el pasado 12 de junio, estableciendo un protocolo que obliga a los fiscales a canalizar la información de casos trascendentes a través de una oficina centralizada, bajo advertencia de sanciones administrativas, disciplinarias e incluso penales en caso de incumplimiento. Mientras entidades como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) calificaron la norma como un retroceso que afecta la transparencia del sistema acusatorio y el acceso a la información pública, Baigorrí salió a argumentar su postura y los motivos que, según su visión, justifican esta polémica medida institucional.

En diálogo con Radio Sarmiento, Baigorrí ntentó bajarle el tono a la polémica asegurando que no se trata de una prohibición de hablar, sino de una forma de dar respaldo técnico a los funcionarios. Sobre la finalidad principal de esta oficina de comunicación, aseguró que su intención es profesionalizar el mensaje que sale desde la Justicia hacia la sociedad. "Lo único que estamos queriendo hacer con este protocolo es institucionalizar un comportamiento de organización de la comunicación que ha existido siempre, nada más que ahora lo he hecho por escrito, donde lo que queremos es facilitar la tarea de los fiscales y de los asesores en el sentido de que cuando tengan que comunicar cuestiones trascendentales de casos que verdaderamente acaparan la atención pública, que de alguna manera ellos tengan la asistencia de una oficina técnica específica que son profesionales que están preparados en comunicación y que nos va a permitir que la comunicación sea mucho más ordenada, sea más asertiva, sea absolutamente coherente, con un mensaje que no preste confusiones, que sea con respaldo y apegado a la legalidad", remarcó.

Otro de los argumentos centrales que expuso el jefe de los fiscales fue el relacionados con la "equidad" de condiciones para los trabajadores de prensa, evitando que se brinden primicias o datos exclusivos a determinados periodistas en detrimento de otros. Baigorrí subrayó que el protocolo busca garantizar que la información de interés general llegue a todos los medios de forma simultánea y oficial. Sostuvo que "Estamos pensando en que todos los medios en condiciones de igualdad puedan tener acceso a este tipo de información que son trascendentales cuando se habla de causas que acaparan la atención pública y que necesitamos de alguna manera que la comunicación sea correcta. Entonces, por eso hemos dictado esto donde estamos tratando de unificar la comunicación y que sea mucho mejor que antes, nada más. No hay ningún tipo de restricción a la libertad de los fiscales. Al contrario, son los únicos que pueden definir porque son los que conocen el caso, saben lo que se puede decir y cómo decirlo y cuándo. No hay ninguna restricción ni a la libertad de expresión de los fiscales, mucho menos una lesión al derecho de información que puedan tener los medios de comunicación y la ciudadanía general".

Baigorrí también justificó su decisión en la necesidad de proteger la labor cotidiana de los fiscales, argumentando que la atención constante a los requerimientos periodísticos individuales puede entorpecer el avance de las investigaciones. Para el funcionario, centralizar los datos más relevantes permite que los investigadores se concentren en su tarea principal sin distracciones. "Aconsejo que lo que corresponde para una buena comunicación es que se haga profesionalmente. No es bueno que el fiscal esté atendiendo a medios todos los días en distinto tiempo porque afecta su desenvolvimiento de la tarea, que estén permanentemente dando notas por separadas. Entonces, cuando haya algo que comunicar, se comunica oficialmente y que todos los medios los reciban en las mismas condiciones de igualdad. Lo que pasa es que si se trata de cuestiones secundarias de la causa, si es una información que puede dar porque no cambia ni el resultado ni afecta el derecho de igualdad de todos los medios, lo va a poder hacer. Ahora, si el señor tiene un dato trascendente para comunicar, lo que queremos es que la fiscalía garantice la igualdad para todo y que se trabaje profesionalmente", señaló.

Finalmente, el titular del Ministerio Público justificó la medida como una herramienta para evitar la difusión de datos erróneos o apresurados que puedan generar confusión en la opinión pública. Mencionó que existen fallas de comunicación que deben ser evitadas mediante la intervención de profesionales del área que validen técnicamente la información antes de ser publicada. "Eso es lo que yo quiero evitar. No estoy prohibiendo el trato personal, no lo estoy prohibiendo para nada. Lo que yo estoy diciendo es que hay determinadas circunstancias que son trascendentales para las causas que solamente quien está facultado para darlas son los fiscales y que tienen a su disposición una oficina de comunicación para que ellos tengan facilidad en hacerlo. Lo que yo quiero evitar es que, por ejemplo, se dé por fallecida a una persona que está viva y se cometan ese tipo de irresponsabilidades en la comunicación. Estoy tratando de que en los casos trascendentales la información se haga oficialmente y como corresponda profesionalmente", afirmó.

A pesar de estas explicaciones, la situación sigue siendo tensa, ya que el texto de la resolución interna prevé consecuencias graves para los fiscales que no se ciñan a los nuevos lineamientos. Mientras Baigorrí insiste en que se trata de una mejora en la calidad institucional, queda en el tapete un posible escenario de autocensura y un debilitamiento de la autonomía de los fiscales en el ejercicio de su función pública.

Fopea criticó a Baigorrí por sus restricciones a la prensa y calificó la medida como un "preocupante desconocimiento de los principios republicanos"

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Punto por punto, las escandalosas sanciones que advierten a los fiscales que difundan información

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Fuente: Tiempo de San Juan

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