Banó cerró una causa contra una exministra de Poggi con el aval de Fiscalía de Estado

La jueza Luciana Paola Banó sobreseyó a Cecilia Alejandra Lucero, quien fue ministra de Vivienda durante la primera gestión de Claudio Poggi, en la escandalosa causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de una casa social. La decisión también benefició a Miguel Darío Roca, quien actualmente ocupa un cargo en el Poder Judicial (asistente de confianza del ministro cortesano Víctor Endeiza), y contó con el aval del Ministerio Público Fiscal y de Fiscalía de Estado.

Es la misma magistrada a la que el Tribunal de Impugnaciones le reprochó un "exceso de celo persecutorio" en la investigación que involucra a los tres exministros de Seguridad de la última gestión de Alberto Rodríguez Saá: Ernesto Nader Alí, Luciano Anastasi y Juan Claudio Latini. Las dos actuaciones exponen un contraste político: el cierre de una causa que alcanzaba a una exintegrante del gabinete de Poggi y una intervención judicial cuestionada por favorecer a la acusación en un expediente contra exfuncionarios de Rodríguez Saá.

El sobreseimiento fue firmado el 3 de julio de 2026 y alcanzó también a Ivana Carina Furlan y Francisco José Oromi. Los cuatro habían sido indagados por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

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La investigación giraba alrededor de actuaciones administrativas de 2015 que permitieron reconocer a Roca una inscripción retroactiva a 2012 para acceder a una vivienda social. Por entonces se desempeñaba como secretario privado de la Secretaría General de la Gobernación. Según la imputación reseñada en el fallo, esas actuaciones habían derivado en la sustitución de Gladys Beatriz Cáceres como adjudicataria, luego de una auditoría que detectó un "catastro positivo" a su nombre.

El defensor Maximiliano del Signore solicitó el apartamiento de Fiscalía de Estado y el sobreseimiento de sus asistidos. Sostuvo que no se había identificado un daño económico estatal y que una eventual irregularidad administrativa no configuraba, por sí sola, el delito investigado.

Los organismos acusadores acompañaron el pedido de cierre. Según consignó Banó, la Fiscalía de Instrucción 5 manifestó que Cáceres había recibido una vivienda seis meses después y que el perjuicio referido por la mujer consistía en haber tenido que alquilar durante la espera. No se opuso al planteo de la defensa.

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Fiscalía de Estado, que había intervenido como querellante, también dio su conformidad. Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal, expresó por escrito que no advertía un perjuicio real al patrimonio público y señaló que Cáceres había obtenido su vivienda después de regularizar su situación catastral.

Banó reconoció en su resolución que existían sospechas de un privilegio administrativo en favor de Roca. Sin embargo, consideró que no se advertía un perjuicio patrimonial efectivo o potencial para la Provincia y dispuso el sobreseimiento definitivo por el delito por el que los cuatro habían sido indagados.

Un dato alarmante es que Rafael Berruezo, virtual jefe de Fiscalía de Estado, figura como abogado habilitado de Lucero en el sistema judicial, junto con Del Signore.

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El contraste aparece en la causa contra los exministros de Seguridad de Rodríguez Saá. Allí, el Tribunal de Impugnaciones cuestionó la intervención de Banó durante una audiencia del 29 de julio de 2026, cuando consultó a la Fiscalía si solicitaría la prórroga de medidas cautelares próximas a vencer.

Para el tribunal, la jueza abandonó su posición de imparcialidad y suplió una carga que correspondía a la acusación. Los magistrados calificaron esa conducta como un "exceso de celo persecutorio": entendieron que había salvado una omisión de la Fiscalía y señalado el camino procesal que debía seguir.

En el expediente de viviendas, Fiscalía de Estado avaló el sobreseimiento de la exministra de Poggi y los demás imputados. En la causa contra exfuncionarios de Rodríguez Saá, Calderón Salomón defendió la actuación de Banó y pidió que se confirmara la resolución que el tribunal terminó anulando.

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Fuente: El Diario de la República

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