Bebé de Rancul: cruces en la comisión investigadora

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EL DIARIO digital

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En el marco de las actuaciones que lleva adelante la Cámara de Diputados de La Pampa para analizar la situación del bebé de Rancul —quien permaneció en una familia de contención antes de ser otorgado en adopción a otra familia—, funcionarios del área de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social concurrieron este martes a la Legislatura provincial para ampliar y responder consultas tras la presentación de un informe escrito.

Luego de mas de tres horas, las diputadas pretendieron hacer un "interrogatorio" de a uno por uno a los funcionarios. El subsecretario Bonino les indicó que se trataba de un equipo de trabajo y que ingresarían todos juntos. Las diputadas se negaron a este requerimiento y, al final, no hubo preguntas sobre el caso

Además, las integrantes de la Comisión querían entrevistar a los equipos técnicos convocados, pero los funcionarios manifestaron que solo responderían en conjunto. Ante esto, las diputadas manifestaron que se dirigirían al Ministerio de Desarrollo Social para que los atienda el ministro Diego Álvarez,  "Queremos manifestarle nuestra preocupación por la actitud de la Dirección de Niñez, que está entorpeciendo el normal desarrollo de la investigación legislativa", indicó la diputada Noelia Viara.

En rigor de la verdad, los y las integrantes de los equipos técnicos son empleados de planta permanente enmarcados en la Ley 643 y solo pueden ser evaluados o investigados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. De ninguna manera podrían concurrir a una Comisión de la Legislatura. 

Sin dar explicaciones, las tres diputadas se retiraron de la Comisión, dejando a los funcionarios esperando en la antesala del espacio de reunión por espacio de más de dos horas. 

Luego, pretendieron entrevistar a los funcionarios de a uno. El primero en ingresar fue el subscretario Bonino quuien les reiteró que solo accedían a entrar en conjunto, ya que se trataba de un equipo de trabajo. Ante la negativa de las miembras de la Comisión, los funcionarios se retiraron y no hubo preguntas sobre el caso por el que habían sido citados.

La comisión especial investigadora por la situación generada en el retiro del bebé de Rancul a la familia de contención está presidida por Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), tiene como vicepresidenta a María Silvia Larreta (FreJuPa) y la integran además Gisela Cuadrado (UCR) y Noelia Viara (PRO-MID). La comisión se reúne este martes por la mañana, en la Sala del Pensamiento, y la actividad continuará el miércoles.

La delegación de funcionarios estuvo encabezada por el subsecretario del área, Juan Pablo Bonino, quien remarcó que la presencia del equipo buscó dialogar sobre la documentación remitida días atrás. "Fue un trabajo completo y detallado sobre el procedimiento de adopción que rige en La Pampa, en el marco de las leyes que lo regulan, tanto para este caso en particular como para todos los demás", expresó el funcionario en declaraciones difundidas por el gobierno provincial.

Bonino fue enfático al asumir la responsabilidad política del accionar administrativo y al respaldar la tarea realizada por los profesionales de la dependencia estatal. "Los equipos técnicos actúan bajo relación de dependencia y cumplen las directivas de sus superiores. Además, están alcanzados por el secreto propio de sus disciplinas y por el deber de confidencialidad que imponen las leyes", explicó. Asimismo, aclaró que "parte de esas intervenciones está sujeta a control judicial, quedando fuera del ámbito de la comisión".

Pese a los cuestionamientos, el subsecretario manifestó la conformidad de la conducción del área con el trabajo desplegado: "Estamos conformes y apoyamos el trabajo realizado por nuestros equipos. Fue profesional, responsable y eficiente, en un marco de absoluta transparencia".

Bonino subrayó el marco doctrinario y legal sobre el cual se asientan las medidas de protección de derechos en la provincia. "Nuestras acciones en el área tienen como principal objetivo garantizar los derechos de nuestras infancias y adolescencias, en el marco de las leyes vigentes. Ese es el punto de partida para desarrollar políticas de Estado, y de ahí no nos movemos", aseveró.

En esa línea, el titular de la Subsecretaría concluyó remarcando la diferenciación entre los derechos de las infancias y las pretensiones de las personas adultas: "Nuestra órbita de trabajo gira en base al derecho superior de las y los niños. Esto no está sujeto a opiniones, sino que hay leyes que indican el cómo, y así lo hemos hecho. Las necesidades afectivas, económicas, sociales o políticas de los adultos se deben debatir en otro terreno. El nuestro es reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos y cumplir con nuestras obligaciones como Estado actuante".

Rechazo y pedido

La diputada del PRO, Noelia Viara, detalló lo sucedido en el comienzo de la comisión, con la llegada de los funcionarios. "Ante la decisión de las autoridades de Niñez de no presentar a los equipos técnicos convocados y condicionar las entrevistas a la presencia conjunta de todos los funcionarios, nos dirigimos personalmente al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos para solicitar que nos reciba su titular", indicó la legisladora.

Y agregó: "queremos manifestarle nuestra preocupación por la actitud de la Dirección de Niñez, que está entorpeciendo el normal desarrollo de la investigación legislativa".

Por la tarde, la comisión difundió un comunicado de prensa donde repas?+o lo sucedido y solicitó la intervención del gobernador Ziliotto. "Ante la gravedad institucional de lo ocurrido, se presentó una nota formal al gobernador Sergio Ziliotto, solicitándole que, en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, arbitre las medidas conducentes que estime corresponder para poner fin a los obstáculos que afectan el desarrollo de la investigación legislativa", sostuvieron las diputadas.

"La Cámara de Diputados, a través de sus mecanismos institucionales, tiene la responsabilidad de ejercer el control de las actuaciones del Poder Ejecutivo. Esta función requiere colaboración, transparencia y respeto por las competencias de cada poder del Estado", añadieron.

Respecto a la imposibilidad de declarar de los equipos técnicos, las legisladoras sostuvieron que "el secreto profesional y la protección de la intimidad deben ser plenamente respetados, pero su invocación no puede convertirse en una negativa genérica a brindar información sobre las actuaciones administrativas y protocolos en general".

Y concluyeron: "Reafirmamos nuestro compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el respeto por los derechos del niño y el ejercicio pleno de las facultades de investigación y control legislativo de las cuales fuimos investidas en el marco de la resolución antes mencionada.  Investigar las actuaciones del Estado no es una opción: es una responsabilidad institucional reforzada por el principio sobre el Interés Superior del Niño".