Biocombustibles: el CART destacó la media sanción y pidió una rápida aprobación en Diputados

El Centro Azucarero Regional de Tucumán respaldó el proyecto aprobado por el Senado y puso el foco en el impacto que tendrá para el bioetanol de caña de azúcar. El sector valoró el nuevo esquema de comercialización, la previsibilidad para las inversiones y el aumento del corte obligatorio al 15%.

El Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART) respaldó la media sanción que el Senado de la Nación otorgó al proyecto de ley de biocombustibles y reclamó que la iniciativa complete su tratamiento en la Cámara de Diputados. Para la entidad, el nuevo marco puede generar mayor previsibilidad para la industria sucroalcoholera y favorecer nuevas inversiones en la producción de bioetanol.

La organización, que lleva las firmas de su presidente, Juan Carlos Mirande, y de su secretaria, Catalina Rocchia, consideró que la propuesta representa un cambio relevante frente al esquema actual. El proyecto establece nuevas reglas para la comercialización del bioetanol y plantea mecanismos de mercado que, según el CART, pueden aportar mayor transparencia.

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Uno de los cambios que más destacó la entidad es el reemplazo del sistema vigente de cupos y precios regulados. El proyecto propone licitaciones competitivas y contratos a término como herramientas para definir el abastecimiento. «Entre los principales aspectos valorados por nuestra actividad, se destaca la propuesta de reemplazar el actual sistema de cupos por empresa y precios regulados, por un esquema basado en licitaciones competitivas y en la posibilidad de celebrar contratos a término, mecanismos que aportan mayor transparencia y eficiencia al mercado», señaló el CART.

La iniciativa mantiene el corte obligatorio del 12% de bioetanol en las naftas, con una distribución del 6% para el producto elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% para el proveniente del maíz.

El proyecto incorpora además un aumento del porcentaje total. Un año después de la sanción de la ley, el corte subiría al 15%, lo que ampliaría el espacio para los biocombustibles dentro del mercado de combustibles líquidos.

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Para la industria azucarera tucumana, otro aspecto central aparece en el plazo de vigencia previsto. El régimen contempla un horizonte de 15 años, una condición que el CART vinculó con la posibilidad de planificar inversiones industriales de largo plazo.

La propuesta también contempla un mayor margen de acción para las provincias. Los distritos podrán establecer regímenes propios de promoción y fijar porcentajes de mezcla superiores al mínimo nacional, de acuerdo con sus características productivas.

El CART también vinculó el desarrollo del bioetanol con la necesidad de reducir las compras de combustibles y derivados en el exterior.

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Según los datos difundidos por la entidad, Argentina importó cerca de 754 mil metros cúbicos de naftas durante 2025, por un costo aproximado de 416 millones de dólares. El sector sostiene que una mayor participación del bioetanol de caña de azúcar y maíz puede permitir la sustitución de parte de esas importaciones.

La entidad también señaló que la producción de bioetanol puede reemplazar de forma progresiva determinados aditivos oxigenantes importados, entre ellos el ETBE, y destacó su menor impacto ambiental frente a esas alternativas.

Otro punto incluido en el proyecto establece un límite del 20% de participación para cada empresa elaboradora de bioetanol sobre la demanda anual. El objetivo de esta cláusula es evitar una concentración excesiva del mercado y permitir la participación de distintos productores.

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Para el sector azucarero tucumano, la nueva legislación también puede tener impacto sobre la actividad económica regional. El CART vinculó el crecimiento del bioetanol con inversiones, generación de empleo, desarrollo industrial y seguridad energética.

Con la media sanción del Senado, el proyecto quedó a la espera de su tratamiento en Diputados. El CART manifestó su expectativa de que la Cámara baja avance con la aprobación definitiva para luego dar paso a la promulgación y a la reglamentación del nuevo régimen.

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Fuente: El Federalista

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