Biocombustibles: el Norte Grande presiona al Senado y Tucumán espera una definición clave para el bioetanol

Entidades industriales y agropecuarias reclaman que el Senado avance con el proyecto que eleva los cortes de bioetanol y biodiésel. El Norte Grande advierte que la iniciativa puede fortalecer el agregado de valor regional. Las pymes del centro del país cuestionan otro punto del texto.

El proyecto de ley de biocombustibles ingresó en una etapa decisiva en el Senado y abrió una disputa entre sectores productivos de distintas regiones. Mientras las entidades del Norte Grande reclaman que el Congreso avance con la iniciativa, las pymes de biodiésel del centro del país buscan modificar el esquema previsto para su participación en el mercado.

Para Tucumán y el resto de las provincias azucareras, uno de los puntos centrales pasa por el aumento del corte obligatorio de bioetanol. El acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas establece una suba del 12% al 15% en las naftas. La modificación comenzaría a regir un año después de la eventual sanción de la ley.

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Las Uniones Industriales del Norte Grande (Uninor) respaldaron el proyecto y reclamaron su tratamiento en la Cámara alta. La entidad sostuvo que la iniciativa puede generar un cambio en el esquema energético y productivo del país.

Según Uninor, la propuesta "significa un cambio profundo de la normativa actual y es una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sustentable del país».

El planteo adquiere especial relevancia para Tucumán por el peso de la actividad azucarera y de la producción de bioetanol. El sector sostiene que un mayor corte permite ampliar el mercado para una producción que incorpora valor industrial dentro de las provincias productoras.

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En esa línea, Uninor destacó el potencial de distintas materias primas del interior. "El aprovechamiento industrial de la caña de azúcar, el maíz, la soja, la madera y otras materias prima que se producen en la región, es decir, el agregado de valor en origen es fundamental para darle competitividad a una producción que, de otra manera, sólo encuentra la muralla del costo de la distancia para acceder a los mercados más demandantes y a los puertos", señaló.

La entidad también puso el foco en la posibilidad de que las provincias desarrollen políticas propias dentro del nuevo marco. "El proyecto en tratamiento parlamentario genera competencia, apertura económica, posibilidad de políticas provinciales específicas y eficiencia en los mercados energéticos. La oportunidad es ahora, solicitamos y confiamos en su apoyo para su aprobación en el Senado", afirmó.

El proyecto no genera consenso entre todos los sectores productivos. La principal disputa está en el biodiésel y en el espacio que conservarán las pequeñas y medianas empresas no integradas.

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El texto acordado fija un aumento del corte obligatorio de biodiésel del 7% al 10% para el gasoil. La modificación también tendría vigencia un año después de la sanción de la norma.

El conflicto aparece en la distribución de ese mercado. Las pymes, en especial las radicadas en Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa, reclaman conservar el 7,5% de participación que poseen en la actualidad. El proyecto establece una reducción progresiva hasta su eliminación en 2036.

El esquema diferencia entre empresas integradas y no integradas. Cuando el corte llegue al 10%, las firmas no integradas tendrían el 6,5% del mercado total. Ese porcentaje bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031.

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Desde 2032, el 7% del mercado quedaría disponible para su comercialización entre todas las empresas.

Ese punto genera resistencia entre los bloques aliados de las provincias del centro del país, que reclaman una garantía de participación para las pymes del sector.

El reclamo por el tratamiento parlamentario también llegó desde Córdoba. Coninagro pidió a los legisladores de esa provincia que "prioricen la sanción del dictamen" y reclamó previsibilidad para las empresas del interior.

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"Necesitamos una ley que dé previsibilidad de largo plazo, pero también reglas parejas para que las cooperativas y pymes del interior puedan competir en igualdad de condiciones. Cada semana de demora es una señal negativa para quien tiene que decidir si invertir hoy", sostuvo la entidad.

Coninagro también reclamó que "Pedimos que el tratamiento sea prioritario en las próximas sesiones y que el texto final garantice condiciones equitativas para todos los eslabones de la cadena".

La Bolsa de Cereales de Córdoba respaldó otro de los ejes del proyecto. La entidad destacó el aumento progresivo de los cortes, la incorporación de nuevos productos y mercados y la posibilidad de que las provincias amplíen los usos de los biocombustibles.

Los datos de producción muestran, además, la dimensión de la discusión. Entre enero y julio de 2026, la Argentina produjo 621.000 toneladas de biodiésel, un 12% más que en el mismo período del año pasado. El volumen, sin embargo, fue el tercero más bajo para ese acumulado en los últimos 17 años.

En bioetanol de maíz y caña de azúcar, la producción acumulada llegó a 575.000 toneladas hasta julio. El sector registró así siete años consecutivos de crecimiento interanual para ese período.

Con el dictamen aprobado el 3 de septiembre, la definición quedó ahora en manos del Senado. Para el Norte Grande, el aumento del corte de bioetanol representa una oportunidad para ampliar el mercado de la producción regional. Para las pymes del biodiésel, el punto central pasa por evitar una pérdida progresiva de participación. La negociación entre ambos reclamos será clave para definir el texto final.

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Fuente: El Federalista

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