Biocombustibles: se acerca un dictamen que pone en alerta a las plantas pampeanas

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EL DIARIO digital

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La discusión por una nueva Ley de Biocombustibles entró en una etapa decisiva en el Senado y volvió a encender las alarmas entre las pequeñas y medianas empresas del sector de La Pampa. Después de tres reuniones de comisión sin acuerdo, el oficialismo y sus aliados buscarán el próximo miércoles 2 de septiembre emitir dictamen para llevar el proyecto al recinto.

El principal foco de conflicto es el biodiésel. Si bien existe consenso para aumentar los porcentajes obligatorios de mezcla con los combustibles fósiles, las diferencias pasan por cómo se repartirá ese mercado y, fundamentalmente, por el ingreso progresivo de las grandes compañías aceiteras.

La discusión tiene impacto directo en La Pampa, donde funcionan Pampa Bio, en General Pico, y Enresa (Energía Renovable SA), en Catriló. Ambas forman parte del entramado de plantas regionales que surgieron bajo un régimen destinado a promover la industrialización en el interior y que ahora advierten sobre el riesgo de competir en condiciones desiguales con las grandes empresas.

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El proyecto que sirve como base para las negociaciones propone llevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del actual 7,5% al 10%, pero junto con ese incremento establece una apertura progresiva del mercado.

La última redacción en discusión contempla una transición hasta fines de 2031. Al entrar en vigencia el corte del 10%, las empresas no integradas conservarían inicialmente una participación del 6,5%, pero esa porción se reduciría al 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3% en 2031. En paralelo crecería el segmento sometido a libre negociación.

La alternativa de las pymes

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Las empresas regionales aclaran que no se oponen al aumento del corte ni al ingreso de las grandes aceiteras. El cuestionamiento pasa por las condiciones en las que se produciría esa apertura.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) sostiene que están en juego 25 plantas del interior —17 pymes regionales y ocho empresas no integradas— y alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El sector propone elevar el corte al 12,5% y distribuirlo de otra manera: un 5% para las 17 pymes regionales, un 2,5% para las ocho compañías no integradas y otro 5% para las grandes aceiteras. El objetivo es que estas últimas ingresen a partir de la ampliación del mercado y no desplazando a las empresas que actualmente abastecen el corte obligatorio.

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Las pymes remarcan además una diferencia estructural: compran el aceite de soja que utilizan como materia prima a las mismas grandes aceiteras con las que pasarían a competir por el mercado interno del biodiésel.

En La Pampa, las plantas de General Pico y Catriló producen en conjunto unas 85.000 toneladas anuales, dentro de las aproximadamente 900.000 toneladas elaboradas por las 25 plantas regionales y no integradas. Detrás de esas fábricas existe además una cadena de unas 400 extrusoras que las abastecen de aceite.

Resistencia de las provincias

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La preocupación pampeana no está aislada. La Pampa, San Luis, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires vienen planteando objeciones al esquema, mientras Santa Fe aparece como una de las provincias que podría captar buena parte del crecimiento por la presencia de las grandes aceiteras.

El senador puntano Fernando Salino anticipó que impulsará una posición destinada a preservar a las empresas regionales y afirmó que su dictamen responderá a los intereses de las pymes de San Luis y La Pampa.

El pampeano Daniel Bensusán también advirtió durante el tratamiento en comisión sobre el impacto que podría tener la reforma en las plantas de General Pico y Catriló. En una de esas reuniones expuso además el empresario pampeano Tomás Lorda, quien cuestionó que las firmas regionales deban competir con compañías que también controlan su principal materia prima.

"La ley que nos dio origen fomentó que nos instaláramos en el interior de la Argentina. Si no, la hubiéramos puesto en Rosario", planteó Lorda ante los senadores.

La definición

El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda volverá a reunirse el miércoles. La intención es llegar con un texto unificado y conseguir un dictamen que permita llevar rápidamente la nueva ley al recinto.

Para las pymes, el período de transición hasta 2031 posterga pero no resuelve el problema: al finalizar esa etapa deberán disputar una porción cada vez mayor del mercado con compañías de una escala muy superior.

También genera preocupación el coprocesamiento, que permitiría utilizar materias primas renovables directamente dentro de las refinerías y, según advierten las empresas regionales, podría reducir aún más el mercado disponible para las plantas independientes.

Fuente: El Diario de La Pampa

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