¿Blaquier compra ingenios para las petroleras?: La economía de Tucumán en un punto de inflexión gracias a

El rebelde la familia propietaria de Ledesma armó en meses un corredor de destilerías en el mayor conglomerado cañero del país. El Senado no votó el aumento de alcohol en las naftas, pero el dictamen levanta la prohibición que impedía a las refinadoras ser dueñas de destilerías. La hipótesis no está en un contrato: está en la secuencia de las compras y en lo que la ley, vigente o futura, permite hacer con ellas.

La pregunta no es retórica. El empresario Santiago Blaquier, heredero de una de las ramas de la familia propietaria de Ledesma, sostiene que Ingenios de Tucumán SAes un proyecto personal, sin vínculo societario, operativo ni financiero con la compañía jujeña de la que salió. Nadie ha exhibido un mandato de YPF, de Shell, de Trafigurao de Vista Energypara comprar trapiches tucumanos. Lo que sí está a la vista es otra cosa: compra fábricas que destilan alcohol, no campos; habla de posición alcoholera, no de tradición azucarera; y lo hace en el preciso intervalo en que el Congreso discute derogar la ley que, hasta hoy, impide a las empresas que extraen o refinan petróleo ser dueñas de plantas de biocombustibles. Si esa prohibición cae, un holding de tres ingenios en Tucumán deja de ser solo un jugador azucarero. Pasa a ser un activo que una petrolera puede comprar, asociar o contratar en bloque para producir ella misma el alcohol que hoy está obligada a mezclar con las naftas.

La secuencia es corta. El 4 de diciembre de 2025 constituyó Ingenios de Tucumán SA, se desprendió del directorio de Ledesma y el día 30 pagó unos 100 millones de dólares por el Ingenio Concepción, en Banda del Río Salí: 2.719.008 toneladas de caña molidas en 2025, más de mil puestos de trabajo, destilería —la planta que convierte mieles de caña en alcohol— y deshidratadora, el equipo que deja ese alcohol apto para mezclarlo con nafta. El 4 de septiembre de 2026 cerró el Ingenio La Corona, en la ciudad de Concepción: 934.949 toneladas, 39.300 de azúcar y 25.500 metros cúbicos de alcohol. El Ingenio La Trinidad, en Chicligasta —1.821.062 toneladas y más de 35 millones de litros de alcohol hidratado—, tuvo en febrero una carta de intención por unos 40 millones de dólares con su dueño, el empresario azucarero Ricardo Sixto Ansonnaud. En marzo, el juez federal Guillermo Díaz Martínez lo procesó, junto con otras cuatro personas, como presunto jefe de una asociación ilícita tributaria ligada a la explotación de esa planta, le trabó un embargo de 1.000 millones de pesos y la compra se frustró. Fuentes de Ingenios de Tucumán afirman ahora que la operación continúa muy avanzada, que se postergó hasta después de esta zafra y que el grupo se hará cargo al terminar la campaña. Los tres establecimientos molieron juntos cerca de 5,5 millones de toneladas en 2025, el 22% de la caña del país. La empresa proyecta llevar esa molienda a entre 6 y 7 millones. La propia compañía describió La Corona como un refuerzo de su posición alcoholera.

La ley nacional 27.640, de 2021, vence el 31 de diciembre de 2030. Fija que cada litro de nafta que se vende en el país debe llevar un 12% de bioetanol —alcohol combustible—: 6% elaborado con caña de azúcar y 6% con maíz. En el gasoil, el piso de biodiésel —combustible hecho con aceite vegetal— está en 7,5%. Esas mezclas obligatorias, llamadas "cortes", las pagan las petroleras al precio que publica cada mes la Secretaría de Energía: en septiembre, $1.072,497 el litro de etanol de caña y $982,976 el de maíz. La misma ley reserva esos cupos a plantas habilitadas y restringe que las compañías que producen o destilan hidrocarburos sean dueñas de esas plantas. En criollo: las petroleras están obligadas a comprar el alcohol; no pueden fabricarlo ellas.

El dictamen que unificó en el Senado los expedientes de la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; de la senadora nacional por Tucumán por el bloque Independencia, Beatriz Luisa Ávila; y de otros legisladores, deroga esa ley y abre un régimen de quince años. El biodiésel partiría del 7,5% y subiría al 10% a los doce meses. El bioetanol partiría del 12% y subiría al 15%: se mantienen 6 puntos para la caña y 6 para el maíz; el 3% restante queda libre de materia prima, es decir que puede salir de caña o de maíz según quién ofrezca mejor precio. Ninguna empresa elaboradora de etanol podrá concentrar más del 20% del volumen anual de esa mezcla obligatoria. Desaparece el precio máximo que fija el Estado; entra un mercado electrónico y un valor de referencia alineado con lo que costaría importar el mismo combustible. Se admiten mezclas voluntarias por encima del piso, autos capaces de usar más alcohol —los llamados flex— y fomento provincial de surtidores. Y, punto decisivo para la hipótesis de esta nota, el texto no vuelve a escribir la prohibición que hoy aleja a las petroleras de la propiedad de los alambiques.

Ese dictamen no tiene media sanción. El 10 de septiembre no hubo quórum. El salto del 12% al 15% no era el escollo: sobre aumentar el uso de biocombustibles hay un consenso relativamente amplio entre provincias productoras, industrias y buena parte de la dirigencia. La pelea que frenó al recinto es otra: quién podrá producir, cuánto podrá vender y bajo qué condiciones se repartirá el mercado.Durante años, una porción del biodiésel que se consume adentro del país estuvo reservada a pymes que no tienen aceitera propia: compran el aceite y lo convierten en combustible. Las grandes aceiteras, que sí controlan la soja desde el campo hasta la planta, reclaman entrar a ese mercado interno. Las pymes responden que una apertura total las deja fuera por escala. El dictamen ofrece una transición —una porción protegida que se achica hasta 2035 o 2036, y un techo del 10% por grupo económico en el segmento de las no integradas— y no hubo votos. El etanol de caña, el capítulo tucumano, no se tocó.

La lógica es de costos. En 2025 las refinadoras —las empresas que convierten el petróleo crudo en nafta, gasoil y demás combustibles de surtidor— compraron etanol por 755,5 millones de dólares y evitaron un costo extra de 1.236,6 millones si hubieran tenido que subir el octanaje, es decir la calidad de combustión de la nafta, con tolueno importado, según el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz. Un corte del 15% habría ahorrado unos 410 millones de dólares en importaciones de nafta en un solo año. El refinador que hoy paga el litro de alcohol a más de mil pesos, con plazo de treinta días, pasaría a quedarse con el margen de la destilería, con el octanaje y con un colchón frente a un barril caro. Un ingenio con destilería y deshidratadora, en un predio servido por un poliducto —el caño que transporta combustibles refinados—, es una unidad de negocio energética tanto como azucarera.

YPF ya se movió en el tablero del Norte sin comprar trapiches. Tomó el 100% de Refinor —más de 70 estaciones en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco— y el poliducto que une Montecristo, en Córdoba, con el nodo de Banda del Río Salí, a metros del Concepción. Anunció el reacondicionamiento de Campo Durán, en Salta, para biocombustibles de caña con destino exportador, y arma una biorrefinería de combustible de aviación en San Lorenzo por 400 millones de dólares. Su presidente, Horacio Marín, dijo que no pretende "romper el mercado" ni poner nerviosos a los pequeños productores, y que apoya el proyecto que encabezó Bullrich. La frontera entre complementar y desplazar no la escribe un comunicado: la escribe el régimen de cupos, las porciones de mercado que la ley reserva a cada tipo de planta.

¿Por qué, entonces, no compra YPF el ingenio ella misma? Porque la 27.640 todavía se lo impide. Porque un desembarco petrolero directo encendería a la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), a los cañeros y a la Casa de Gobierno. Porque el máximo del 20% por empresa, si el dictamen se vota, obliga a no concentrar todo el alcohol en una sola firma. Y porque un heredero de Ledesma, con tres décadas en el rubro, con Martín Franzini —ex director de azúcar y alcohol de Ledesma y hoy gerente general de Ingenios de Tucumán— y con trato fluido con el gobernador Osvaldo Jaldo, es un vehículo más limpio: compra, opera, concentra y, el día que la norma lo permita, puede vender, asociarse o firmar un contrato de abastecimiento de largo plazo que equivalga a una integración sin el costo político de la bandera petrolera en la chimenea. Atanor ya había hecho el camino inverso cuando compró Concepción para integrar alcohol y herbicidas. Andina, la embotelladora chilena, miró esa misma planta en 2025 y perdió la puja. La hipótesis no afirma que el mandato exista. Afirma que la arquitectura de las compras deja lista la mercadería para quien, después de la ley, pueda pagarla.

Ese es el marco en el que el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo convierten el etanol en política energética. Tras la sesión caída, el gobernador reclamó que Nación mire al Norte con la misma intensidad con que mira al shale de Neuquén. El shale —o esquisto— es la roca de la que se extrae petróleo y gas no convencionales en Vaca Muerta, el yacimiento que concentra las mayores inversiones energéticas del país. "Si se pone mucho esfuerzo en el sur del país, en lo que es Vaca Muerta, para tener petróleo y energía, creo que tienen que empezar a mirar al Norte, porque nosotros también producimos combustible. El bioetanol es combustible, se mezcla con las naftas y se le vende al público", dijo Jaldo. El 5% adicional de mezcla, agregó, no es un gasto fiscal: se exportaría un poco más de petróleo de Vaca Muerta y se dejaría ese margen al etanol y al biodiésel. "Necesitamos que el Gobierno Nacional nos dé el mismo tratamiento que a aquellas provincias que tienen minería o petróleo". Y fijó el efecto sobre la bolsa de azúcar: al llevar la mezcla del 12% al 15%, más caña irá al alcohol, habrá menos azúcar físico en el mercado y se tonificará el precio que buscan ingenios y cañeros.

Acevedo lo había dicho en agosto, en la II Cumbre de Bioetanol del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat): "No queremos que nos regalen nada. Queremos desarrollar, apoyamos el corte, queremos ir del 12 al 15%, pero para eso se necesita inversión y seguridad jurídica y no depender de distintos intereses". Completó el mapa: el país tiene petróleo, litio, Vaca Muerta, sol y viento; el Norte tiene biomasa —el bagazo y el resto de la caña— y bioetanol. Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán y socio, junto a Catalina Lonac, del grupo Los Balcanes —dueño de los ingenios La Florida, Cruz Alta y Aguilares—, lo llevó al límite: la provincia no tiene petróleo ni litio funcionando; su columna vertebral es el azúcar. Si no se la defiende, "condenamos a nuestra gente a la pobreza". Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, la cámara que agrupa a los ingenios del país, estimó el desvío mecánico: asegurar la demanda de etanol implica destinar 600.000 a 640.000 toneladas de azúcar por año al alcohol. Vista Energy anuncia 5.600 millones de dólares en Vaca Muerta hacia 2028. El Norte pide tres puntos más de alcohol en cada litro de nafta. La asimetría explica por qué el activo que se revaloriza no es la hectárea: es la destilería habilitada para la mezcla obligatoria, eventualmente vendible a quien ya refina petróleo.

En Tucumán el dilema de los cupos se traduce al etanol. El 20% por empresa es el dique contra un monopolio formal. Con Concepción, La Corona y, si se concreta, La Trinidad, Ingenios de Tucumán rozaría ese máximo permitido en el mercado cautivo de la mezcla obligatoria. El 3% libre y la exportación serían la válvula. La entrada de grandes —Blaquier, Los Balcanes, una petrolera el día que la norma lo permita— puede abaratar costos, ampliar deshidratadoras, sostener zafras más largas y colocar alcohol cuando el azúcar no paga. También puede secar a las destilerías chicas: sin una porción de mercado reservada, equivalente a la que piden las pymes del biodiésel, el alambique que no tenga escala ni contrato con una refinadora queda expuesto a vender al mejor postor, o a no vender.

Los Balcanes muele del orden de 4 millones de toneladas. El alcohol ya representa cerca del 70% de su facturación y el grupo proyecta una destilería de maíz para no parar cuando termina la zafra. La empresa Arcor sostiene La Providencia. Arca Continental quedó con Famaillá. Marapa sigue en la órbita de la familia Luque. Ledesma muele unas 3,3 millones de toneladas desde Jujuy. El mapa del Ipaat lista catorce ingenios tucumanos; siete producen alcohol hidratado y deshidratado. El 11 de septiembre, a 129 días de zafra, Tucumán llevaba 11.361.082 toneladas de caña bruta, 850.770 de azúcar físico y 178.972.253 litros de alcohol, con 14 plantas moliendo y 9 destilando. Esa es la economía que se está reordenando.

El aumento de la mezcla es, sobre el papel, la mejor noticia del productor independiente. Jaldo y Feijóo coinciden: más etanol absorbe azúcar y tonifica la bolsa. La Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), la entidad que agrupa a quienes entregan caña a los ingenios sin ser dueños de la fábrica, llegó a tener 6.000 socios; hoy queda cerca de la mitad, según Silvia Pérez, productora cañera y directora regional de Federación Agraria Argentina. La unidad económica —la superficie mínima para vivir de la actividad— ronda las 60 hectáreas. Quien no llega arrienda o se va. Una bolsa de 50 kilos que en 2023 valía 35.000 pesos llegó a cotizar 19.000. Las 14 fábricas no siempre muelen toda la caña. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) estimó 19,65 millones de toneladas disponibles en Tucumán para 2026. Ese volumen no se traduce solo en precio: se traduce en cola en la playa del ingenio.

La concentración de trapiches —las fábricas que extraen el jugo de la caña— empeora esa cola si no hay una regla de recepción. Tres plantas de un mismo grupo pueden racionalizar la molienda, priorizar caña propia o arrendada y dejar al independiente como ajuste. El modelo Blaquier, hasta ahora, compra fábrica y no tierra: el cañero sigue siendo proveedor. Eso preserva formalmente la figura del independiente. En la práctica, menos compradores significan menos poder de negociación sobre el flete, el plazo de pago y la liquidación de subproductos —melaza, bagazo, alcohol— de los que hoy muchos pequeños no participan. El beneficio del 15% llega al productor solo si el ingenio le paga un diferencial por la caña que se desvía a etanol. Si ese plus se queda en la destilería —o, más adelante, en el contrato con una refinadora—, el cañero habrá financiado el aumento de la mezcla con su propia sobreoferta.

En La Corona, Carlos Galván, dirigente de la FEIA, obtuvo de palabra la continuidad de "todo" el personal. Esa es la primera capa: el empleo de zafra se sostiene si la planta muele. Un corte más alto alarga el trabajo de las destilerías más allá del pitido final del trapiche y puede suavizar la interzafra, el agujero histórico de octubre a abril, cuando no hay caña. Ese es el escenario virtuoso para el operario de la destilería, de caldera y de deshidratadora.

El escenario adverso es la racionalización de tres plantas bajo una sola gerencia. Concepción, La Corona y La Trinidad no necesitan tres administraciones, tres playas sobredimensionadas ni tres planteles de mantenimiento idénticos. La escala que sirve para exportar azúcar y etanol es la misma que permite fusionar turnos. Nada obliga a un recorte. Nada lo impide. La FEIA negocia fábrica por fábrica; un holding de tres ingenios negocia con otra palanca. Si el comprador final es una petrolera, el convenio azucarero convive con la lógica de una refinería: menos gente por litro producido, más automatización, más dependencia de un balance que se decide en Buenos Aires o en Neuquén, pero también salarios mucho más altos y mejores condiciones.

Tucumán muele casi el 70 por ciento de la caña del país. Encima de esa economía se superponen dos decisiones que no están tomadas: si el Congreso sube la mezcla obligatoria y si el mapa de dueños se cierra en dos o tres grupos, eventualmente asociables a una refinadora.

Si sube la mezcla y la propiedad se atomiza, la provincia se parece a lo que Jaldo describe: un Norte que exporta menos azúcar barata, vende más combustible y reclama el mismo trato que las provincias petroleras. Si sube la mezcla y la propiedad se concentra —hoy en Blaquier y Los Balcanes, mañana tal vez en una petrolera que compre o se asocie al primero—, Tucumán gana divisas y pierde mostradores. El precio de la bolsa puede mejorar y, aun así, el cañero chico cobrar igual. El empleo de zafra puede mantenerse y adelgazarse en la interzafra. Las destilerías chicas pueden convivir un tiempo con el máximo del 20% y después quedar fuera del 3% libre.

No hay un contrato a la vista que diga que Blaquier compra para las petroleras. Compra destilerías al lado del poliducto de Refinor. Posterga La Trinidad al cierre de zafra, cuando el flujo de caja de la campaña ya está. Opera como proyecto personal mientras la 27.640 sigue en pie, y deja tres plantas listas para el día en que esa ley ya no esté. El título de esta nota formula una hipótesis. Los hechos, por ahora, prueban una apuesta: que el alcohol tucumano va a valer más para quien refina nafta, y que conviene ser dueño de la destilería —o poder vendérsela— cuando el Senado, por fin, deje de pelearse por las porciones del mercado.

(Este contenido fue producido El Federalista con asistencia de la Inteligencia Artificial).

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Fuente: El Federalista

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