Branka Motors: pese al malestar de las víctimas, los acusados serían condenados a 5 años de cárcel

La nueva propuesta de resolución para la causa Branka Motors vuelve a poner el expediente en el centro de la escena. Después de que se cayera el acuerdo de reparación que había permitido la libertad de los acusados y que los imputados terminaran nuevamente detenidos, ahora la defensa de José Tejada acordó con la fiscalía una pena de 5 años de prisión efectiva para cada uno de los acusados, en el marco de un juicio abreviado.

El acuerdo deberá ser analizado y, eventualmente, homologado por la jueza de Garantías Ana Carolina Parra. Sin embargo, la salida consensuada ya generó malestar entre las querellas, principalmente porque el escenario que se había planteado inicialmente para las víctimas cambió por completo: si la magistrada homologa el abreviado, los damnificados no recibirían dinero alguno como reparación por la estafa y deberán reclamar el resarcimiento por otra vía.

La situación representa un nuevo giro en una causa que tuvo varias idas y vueltas. En un primer momento, los acusados -Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega- habían alcanzado un acuerdo para reparar económicamente el perjuicio ocasionado a los 352 damnificados. El compromiso contemplaba el pago de una primera cuota de $524 millones, dentro de un esquema de cinco cuotas.

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Sin embargo, aquel acuerdo terminó frustrándose cuando la fiscalía acreditó que los imputados no habían cumplido con el primer pago. Frente a la jueza Parra, los acusados primero aseguraron que la transferencia había sido realizada, pero no pudieron presentar comprobantes que respaldaran esa afirmación. Finalmente, reconocieron que no habían conseguido reunir el dinero y argumentaron que habían viajado a Mendoza en busca de un préstamo que nunca obtuvieron.

La magistrada consideró que no existía buena fe suficiente para sostener la solución alternativa. El Ministerio Público también cuestionó que los acusados hubieran asumido un compromiso de semejante magnitud sin contar con la disponibilidad efectiva de los fondos.

Aquella situación terminó con el acuerdo de reparación caído y los tres imputados nuevamente tras las rejas. Parra les dictó cinco meses de prisión preventiva, al considerar, entre otros elementos, la pena en expectativa, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y determinados comportamientos que habían tenido mientras permanecían en libertad.

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Con ese antecedente, la causa vuelve a tomar otro rumbo. La defensa, encabezada por José Tejada, acordó con la Fiscalía una condena de cinco años de prisión efectiva para cada uno de los imputados, mediante un juicio abreviado.

La propuesta implica que, en caso de ser homologada, se evitaría la realización de un juicio oral y público y los acusados recibirían una pena efectiva. Pero, para las víctimas, aparece un problema central: el acuerdo no contempla el resarcimiento económico que esperaban recibir.

La expectativa de los damnificados había estado puesta justamente en recuperar, al menos parcialmente, el dinero perdido. Por eso, el fracaso del acuerdo anterior ya había provocado un fuerte malestar entre las querellas. Ahora, la posibilidad de cerrar la causa mediante una condena de cinco años, pero sin reparación económica, vuelve a generar rechazo.

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En los hechos, quienes resultaron perjudicados por la maniobra quedarían ante la necesidad de iniciar o continuar reclamos por la vía civil para intentar recuperar el dinero, mientras que la causa penal podría encaminarse hacia una resolución definitiva si Parra finalmente acepta el abreviado.

El expediente, que alguna vez pareció encaminarse hacia una salida que permitiera a los damnificados recuperar parte de lo perdido, vuelve así a mostrar un escenario diametralmente distinto: los acusados podrían terminar condenados a prisión efectiva, pero las víctimas, por ahora, no recibirían un solo peso de aquella reparación que había sido el eje del primer acuerdo.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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