Buscan destituir a una jueza caucetera que es sobrina de un famoso político

"Es una jueza que maneja su propia ley", afirmó la abogada Natalia Aveledo al referirse al desempeño de Luciana Salvá, quien está al frente del Juzgado de Paz de Caucete. La magistrada, que accedió a su cargo en diciembre de 2017, quedó en el ojo de la tormenta no solo por sus resoluciones, sino por su estrecho vínculo familiar con el conocido ex intendente de ese departamento, Emilio Mendoza, de quien es sobrina. En la actualidad, el pedido de juicio de destitución ya fue radicado y se espera que en las próximas horas la denunciante ratifique su presentación para que el tribunal defina si existen elementos suficientes para abrir el proceso formalmente.

"Es claro, evidente y manifiesto que un proceso escrito no lo puede sostener y que todo lo resuelven audiencias presenciales con abuso de autoridad", aseguró la abogada este jueves en diálogo con Radio Sarmiento.

El caso que desencadenó esta nueva denuncia involucra a una mujer humilde del barrio Ruta 20 que enviudó recientemente y reside en su única vivienda junto a sus cuatro hijos. El conflicto legal surgió tras la aparición de una hija extramatrimonial del fallecido que, representada por un abogado, solicitó la división inmediata del inmueble, un pedido que fue avalado por la jueza Salvá. Según Aveledo, la magistrada ignoró el derecho habitacional que protege a la viuda para permanecer en su hogar hasta el fin de sus días.

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La abogada sostiene que la magistrada Salvá ejerce sus funciones mediante un apartamiento de la normativa vigente que se ha vuelto constante, denunciando que existen delitos graves "como el prevaricato y el abuso de autoridad que están investigando en sede penal conjuntamente con otras conductas". Según la letrada, este accionar no es un hecho aislado, sino que la jueza "lo hace de manera sistemática" para negar el acceso a la justicia, al punto de que en el ámbito jurídico se afirma que "tiene su propio manual de cómo juzgar a los cauceteros" e incluso se la apoda como una funcionaria que "maneja su propia ley".

Esta conducta procesal, según la denunciante, afecta directamente a los sectores sociales más desprotegidos, siendo "los ciudadanos comunes que son las verdaderas víctimas" de estas irregularidades. El perjuicio sería tal que la abogada advierte que, de no frenarse este mal proceder y las actualizaciones de honorarios impuestas de oficio, su clienta, una viuda en situación de vulnerabilidad, "va a quedar en la calle" al ser forzada a perder su única vivienda.

Esta no es la primera vez que la jueza Salvá debe enfrentar al Jurado de Enjuiciamiento, ya que recientemente logró sortear un pedido de destitución previo. Aquel caso tuvo su origen en una causa contravencional donde la magistrada condenó a cinco personas por presunta caza ilegal de guanacos sin realizar la audiencia oral y pública que exige el Código de Faltas. Aunque la Cámara de Paz anuló esa sentencia por violar el derecho de defensa y considerar que el proceso era nulo, el Jury decidió por mayoría archivar la denuncia de destitución alegando que se trató de un hecho aislado que no alcanzaba la gravedad necesaria para removerla del cargo.

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Sin embargo, el tribunal de enjuiciamiento envió las actuaciones a la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia para que se evalúe aplicarle sanciones administrativas por su actuación irregular.

El "jury" o Jurado de Enjuiciamiento es un órgano de carácter constitucional y naturaleza política diseñado para controlar el desempeño de los jueces y funcionarios públicos. Su función principal es investigar y juzgar las denuncias por mal desempeño, negligencia o la comisión de delitos en el ejercicio de las funciones para determinar si el acusado debe continuar o no en su cargo.

Este tribunal se caracteriza por una integración mixta que incluye a miembros de la Corte de Justicia, legisladores provinciales y abogados matriculados elegidos a través del Foro de Abogados de San Juan. El proceso puede culminar con la absolución del magistrado o con su destitución inmediata, una medida que busca preservar la integridad del sistema judicial ante faltas graves.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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