Buscan que el complejo Deportivo Nicolás Avellaneda se provincialice
FR presentó un proyecto para que el Gobierno local haga las gestiones ante la Nación.

Resumen para apurados
El legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que gestione ante la Nación la cesión definitiva del predio donde funciona el histórico complejo deportivo Nicolás Avellaneda. La iniciativa persigue el objetivo de que el predio sea incorporado al patrimonio provincial y de que se garantice su funcionamiento como espacio deportivo público.
A principios de este mes, el complejo ubicado en Suipacha al 100 fue clausurado, y todas las actividades deportivas, artísticas y recreativas que se desarrollan allí quedaron suspendidas. Además de cadenas y de cintas perimetrales, carteles con la leyenda "Propiedad del Ferrocarril Belgrano. Prohibido pasar" marcaban el cierre del espacio, que hasta hace poco recibía a diario a niños, jóvenes y adultos, que practicaban artes marciales, calistenia, fútbol, vóley, danza aérea y otras disciplinas.
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Hasta la década de 1990, Ferrocarriles Argentinos concentraba la operación del sistema ferroviario y la administración de sus bienes. Con las privatizaciones y concesiones, numerosos terrenos, estaciones, galpones y playas de maniobras permanecieron bajo la órbita estatal al haber quedado sin uso ferroviario. En 1996 se creó el Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios (Enabief), encargado de administrar, conservar, transferir o vender esos inmuebles. Cuatro años más tarde, surgió el Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe), que absorbió las funciones del Enabief. La reorganización continuó en 2008 con la creación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (Adifse) y de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), para reorganizar el sistema ferroviario. En 2012 se creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que remplazó al Onabe y asumió la administración de los bienes muebles e inmuebles del Estado nacional. El esquema volvió a modificarse en 2015 con la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, organismo encargado de articular el funcionamiento de Adifse, Sofse y Belgrano Cargas y Logística SA. Luego, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 (2023) y la Ley Bases (2024) impulsaron una nueva etapa de reorganización que incluyó la privatización de Belgrano Cargas y Logística SA y de Sofse. El año pasado se autorizó el procedimiento para la privatización total de Belgrano Cargas. Ese recorrido administrativo explica por qué el predio donde funciona el complejo continúa bajo la órbita del Estado nacional y forma parte de los bienes ferroviarios administrados por Belgrano Cargas. El conflicto tomó estado público tras conocerse que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó el desalojo del predio.
El secretario de Deportes de la Provincia, Diego Erroz, aclaró que el Estado tucumano no tiene participación en el conflicto.
"La inviabilidad de este modelo privado de intermediación salta a la vista. (Y) en este choque de intereses, los damnificados resultan ser los profesores y los cientos de alumnos despojados de su espacio de entrenamiento", señala, entre otros, los fundamentos de la iniciativa.
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"Cuando un conflicto entre particulares termina perjudicando a cientos de chicos y deportistas, el Estado no puede permanecer como espectador. Tiene la obligación de intervenir para proteger un bien que cumple una función social insustituible", sostuvo Bussi.
El proyecto insta al Gobierno provincial a iniciar gestiones ante la AABE y la empresa Ferrocarril General Belgrano para obtener la cesión, transferencia o usufructo gratuito del inmueble. Además, propone que, una vez regularizada la situación dominial, el predio sea incorporado a la órbita de la Secretaría de Deportes para su recuperación y puesta en valor como espacio deportivo público provincial, garantizando el acceso de la comunidad y evitando futuros conflictos derivados de concesiones privadas. "El deporte no puede depender de la estabilidad de un contrato comercial. Debe ser una política pública permanente. Provincializar este espacio significa darle seguridad jurídica, proteger a los profesores, garantizar la continuidad de las actividades y preservar un patrimonio deportivo de todos los tucumanos", afirmó el legislador.
Finalmente, Bussi remarcó que el complejo Avellaneda representa mucho más que un inmueble. "No podemos permitir que un lugar que durante décadas promovió el deporte, la integración y la contención social termine desapareciendo por un conflicto administrativo. Cuando el mercado fracasa en proteger un bien comunitario, corresponde al Estado actuar con decisión", afirmó.
Fuente: La Gaceta
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