Buscarán que personas con antecedentes penales no accedan a casas ni a préstamos del IPV

En medio de un proceso de regulación dominial de más de 10.000 casas que aún no tienen escrituras en San Juan, el Gobierno de la provincia buscará modificar la Ley de N°196-A, que regula el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Uno de los cambios clave que incorporará el proyecto de ley que enviará a la Cámara de Diputados el Ejecutivo es que sumarán un nuevo requisito para ser beneficiario tanto de viviendas como de préstamos: no se podrá tener antecedentes penales.

El dato fue confirmado por el Asesor Letrado de la Provincia, Alejandro Ferrari, quien aseguró en el programa La Picada que se pondrá especial atención a los delitos de violencia de género e integridad sexual. Según explicó, para el gobernador Marcelo Orrego es fundamental que los beneficios del Estado sean otorgados a "aquellos ciudadanos que cumplen la ley".

La modificación forma parte de un paquete de reformas que el Ejecutivo prevé remitir esta semana a la Legislatura. Además del proyecto para actualizar la Ley N°196-A, el Gobierno también enviará otra iniciativa vinculada a la regularización dominial y avanzará con un decreto reglamentario para ordenar aspectos que, según explicaron desde la gestión provincial, nunca fueron reglamentados pese a estar contemplados en la normativa vigente.

Ferrari señaló que la intención es modernizar el funcionamiento del IPV, incorporar nuevas herramientas jurídicas y agilizar tanto los procesos de adjudicación como los trámites de escrituración. En ese sentido, explicó que uno de los objetivos es ampliar los plazos previstos en la legislación actual para permitir que más familias puedan acceder a los mecanismos de regularización impulsados por la Provincia.

Respecto al requisito de antecedentes penales, el funcionario sostuvo que la propuesta surge a partir de planteos realizados por vecinos de distintos barrios y remarcó que la convivencia comunitaria será uno de los aspectos centrales que se buscará resguardar. "Ha habido muchas quejas", afirmó durante la entrevista, al referirse a situaciones vinculadas a hechos delictivos y conflictos entre adjudicatarios y residentes de complejos habitacionales.

Cabe aclarar que todavía no están disponibles nuevamente los préstamos del IPV, que servían para que los sanjuaninos puedan construir sus viviendas en terrenos propios. Sin embargo, el plan es que regresen este año.

El paquete de modificaciones tiene como objetivo facilitar la regularización dominial de más de 10.000 viviendas cuyos adjudicarios todavía no tienen su escritura. En este sentido, cuando comenzó la gestión de Marcelo Orrego existían alrededor de 12.000 viviendas con problemas vinculados a la escrituración o la titularidad, una situación que en muchos casos se arrastra desde hace décadas. Hasta el momento, se logró avanzar en la regularización de 2.063 propiedades.

Pero todavía restan 10.000 viviendas más que todavía no pueden escriturarse por distintos motivos. Una parte corresponde a barrios construidos por el IPV cuyos adjudicatarios nunca completaron el proceso para obtener el título de propiedad. Otros casos están vinculados a complejos habitacionales desarrollados por uniones vecinales, fundaciones, gremios y asociaciones que con el paso de los años desaparecieron o quedaron con problemas administrativos que impiden concretar las transferencias dominiales.

A la vez, existen dificultades en barrios y loteos municipales, donde los terrenos fueron donados al IPV o los proyectos fueron ejecutados directamente por las comunas. Según Ferrari, la situación se vuelve aún más compleja por la existencia de asociaciones creadas antes de la exigencia del CUIT, lo que actualmente genera trabas para completar trámites ante organismos nacionales y avanzar con las escrituras.

Fuente: Tiempo de San Juan

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