Cada diputado sanjuanino cuesta la mitad del promedio nacional
Un informe de la Fundación Libertad sobre presupuestos provinciales muestra las marcadas asimetrías del gasto legislativo y expone el peso que representan los sueldos y la estructura de personal.

En la misma semana en que la Argentina conmemoró el Día del Legislador, un informe de alcance nacional reveló en detalle las partidas presupuestarias que destinan las provincias para mantener sus cámaras parlamentarias. En ese mapa, la provincia de San Juan resalta con una cifra interesante: cada diputado sanjuanino cuesta $791.218.889 al año, una suma que representa prácticamente la mitad del promedio de las provincias argentinas.
Con una Cámara de Diputados integrada por 36 legisladores, el Presupuesto 2026 de San Juan asigna un total de $28.483.880.000 a la función legislativa. Al analizar este desembolso en términos mensuales, mantener la estructura y la labor de cada representante provincial implica un gasto cercano a los $65,9 millones por mes. Aunque la cifra representa una erogación relevante para las arcas locales, la comparación con la media nacional evidencia un presupuesto más medido en relación con otros distritos. A nivel país, el costo medio por legislador alcanza los $1.530.692.336 anuales (alrededor de $128 millones al mes), lo que ubica a San Juan en el puesto 17 entre las 24 jurisdicciones evaluadas. La posición sanjuanina se encuentra por debajo de provincias como La Rioja ($785,9 millones anuales) y muy lejos de los distritos con mayores gastos de la Argentina. Sin embargo, al observar la región de Cuyo, la cifra sanjuanina supera los valores de Mendoza, donde cada legislador exige $471 millones al año, y de San Luis, que registra el costo más bajo de todo el país con $176 millones por diputado.
El estudio elaborado por la Fundación Libertad demuestra que el costo de la política legislativa expone asimetrías extremas entre las provincias argentinas. Mientras que Tucumán encabeza el listado nacional con $3.725 millones anuales por legislador, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $3.402 millones y Chaco con $3.057 millones, en el extremo opuesto se ubican Santiago del Estero y San Luis con valores anuales de $206 millones y $176 millones por banca, respectivamente. Esta brecha implica que un legislador chaqueño cuesta casi quince veces más que uno santiagueño, o que la estructura parlamentaria de Tucumán sextuplica el costo por banca de Jujuy, a pesar de que ambas provincias cuentan con una cantidad similar de representantes.
El elemento determinante detrás de estas marcadas diferencias presupuestarias es la estructura laboral de los parlamentos provinciales. En promedio, el 84% del presupuesto legislativo en la Argentina se destina al gasto en personal, rubro que abarca tanto los sueldos de los legisladores como los haberes de secretarios, asesores y empleados de planta permanente y transitoria. En jurisdicciones como Río Negro, Formosa, Mendoza y Santa Cruz, este componente absorbe más del 94% de los recursos de la legislatura.
En relación con la cantidad de cargos, la media nacional se ubica en 27 trabajadores por legislador, con casos extremos como Corrientes, que registra 72 empleados por banca (3.234 trabajadores en total), frente a provincias de plantilla reducida como San Luis con 2 empleados por legislador, Santiago del Estero con 5 o Córdoba con 8. La magnitud de estas erogaciones cobra mayor perspectiva al compararse con el plano internacional: en las Comunidades Autónomas de España, el gasto medio por legislador equivale a $628 millones de pesos, un monto 2,44 veces menor que el promedio argentino, mientras que el peso del personal en las cámaras españolas representa el 60% de sus fondos, frente al 84% de las provincias argentinas.
La difusión de los datos presupuestarios coincide con la conmemoración del Día del Legislador, jornada que se celebra cada 22 de octubre para recordar el surgimiento de las instituciones parlamentarias nacionales tras la Constitución de 1853. El origen de la fecha se remonta al 22 de octubre de 1854, día en que se celebró la primera Asamblea Legislativa del Congreso Nacional en la Iglesia Matriz de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, bajo la presidencia de Justo José de Urquiza. Ante la ausencia de un edificio adecuado en aquel momento, los representantes provinciales sesionaron en el templo religioso para poner en marcha el orden constitucional del país. La conmemoración fue oficializada mediante una resolución del Senado de la Nación el 10 de septiembre de 1997 y marca 172 años de historia parlamentaria en la Argentina.
Más allá de destacar la tarea de elaborar leyes, debatir políticas públicas y ejercer el control sobre el Poder Ejecutivo, esta conmemoración constituye un espacio para discutir el rol de la representación política y el uso de los fondos públicos. En el escenario actual, donde la sociedad demanda mayor austeridad y eficiencia en la administración estatal, el análisis detallado de los presupuestos legislativos ofrece información clave para evaluar el funcionamiento de las cámaras representativas en todo el país.
Desde 2018, Fundación Libertad elabora anualmente este informe con el propósito de estimar cuánto destinan las provincias al funcionamiento de sus poderes legislativos. Para ello, se consideran las partidas asignadas al Poder Legislativo en los presupuestos provinciales -en esta edición, correspondientes al ejercicio 2026- y se las relaciona con la cantidad de legisladores de cada jurisdicción del país incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A partir de esta comparación, se calcula el costo por legislador en cada distrito.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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