Capitanich impulsa una ley para limitar cambios por decreto en la designación de jueces de la Corte

La decisión del Gobierno nacional de modificar por decreto el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema tuvo una rápida respuesta en el Senado. El legislador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para restablecer criterios de transparencia y participación ciudadana en el proceso de designación de los integrantes del máximo tribunal.

La iniciativa surge como respuesta a la decisión de la administración de Javier Milei de modificar el esquema establecido por el decreto 222/03, firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner, que obligaba a dar publicidad a las candidaturas y habilitaba instancias para que ciudadanos, organizaciones civiles e instituciones presentaran observaciones antes de la nominación presidencial.

"La integración del máximo tribunal no puede depender de decisiones tomadas entre pocos ni de los criterios de quien ocupe el Poder Ejecutivo. La Corte Suprema merece procesos transparentes y la Argentina también", sostuvo Capitanich al presentar el proyecto en la Cámara Alta.

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La propuesta legislativa, denominada "Ley de Transparencia, Publicidad y Participación Ciudadana en el procedimiento de selección de candidatos a la Corte Suprema de la Nación", busca establecer un marco normativo que regule el ejercicio de la facultad presidencial prevista en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional.

Según el texto impulsado por el senador chaqueño, los postulantes deberán ser evaluados no solo por su idoneidad técnica, sino también por sus antecedentes profesionales, académicos y éticos, además de su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos.

Entre los criterios de selección propuestos aparecen la diversidad de género, la especialidad jurídica y la representación regional, aspectos que quedaron fuera de las nuevas disposiciones impulsadas por la Casa Rosada.

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Asimismo, el proyecto contempla la publicación obligatoria de las candidaturas a través de canales oficiales y medios de comunicación, además de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales de los candidatos y de sus familiares directos.

La presentación de Capitanich se produce pocos días después de que el Gobierno nacional modificara el régimen de designación de jueces de la Corte Suprema y magistrados federales.

La nueva normativa eliminó la etapa administrativa de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia y dejó sin efecto las recomendaciones vinculadas con la paridad de género, la especialización profesional y la procedencia regional de los candidatos.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la reforma apunta a agilizar los procedimientos y evitar instancias consideradas redundantes, al sostener que el control institucional continúa garantizado durante el tratamiento de los pliegos en el Senado.

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Sin embargo, distintos sectores del ámbito judicial y organizaciones vinculadas a la transparencia expresaron preocupación por la reducción de los mecanismos de participación pública en una instancia considerada clave para la legitimidad del proceso.

El proyecto también busca preservar espacios de intervención para ciudadanos, universidades, organizaciones no gubernamentales y entidades científicas, habilitando la presentación de adhesiones u objeciones respecto de los postulantes.

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"Es fundamental que los antecedentes sean públicos, que la sociedad pueda opinar, que se controlen los conflictos de intereses y que cada decisión esté debidamente fundamentada", afirmó Capitanich.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador sostiene que la propuesta no altera las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo ni del Senado, sino que establece reglas de transparencia y publicidad para fortalecer la legitimidad institucional de las designaciones.

La discusión adquiere relevancia en un contexto en el que la Corte Suprema funciona con tres de sus cinco integrantes y el Gobierno evalúa distintas alternativas para cubrir las vacantes existentes, una definición que mantiene abierto uno de los debates más sensibles del sistema judicial argentino.

Fuente: Perfil

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