Casación confirmó las condenas por la trata de una adolescente de 13 años en San Juan

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a 10 años de prisión para un matrimonio y su hijo por la trata de una adolescente de 13 años en un caso que tuvo uno de sus momentos clave en San Juan: la joven fue rescatada en Caucete cuando intentaba escapar junto a su hijo.

El Tribunal Oral Federal de San Juan había condenado a los tres en mayo de este año y también había ordenado una reparación económica de $75 millones para la víctima. La defensa apeló la sentencia, pero Casación rechazó los planteos y dejó firmes las penas.

La adolescente había sido captada en Neuquén entre marzo y abril de 2022, cuando tenía 13 años. Según quedó acreditado en la causa, su familia recibió $825.000 para concretar su unión con un joven de 20 años, que además era su primo.

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La llevaron a Santa Fe, donde permaneció bajo el control de la familia hasta diciembre de 2024. Durante ese período fue sometida a explotación sexual y laboral. También era obligada a realizar venta ambulante y, según la investigación, sufrió agresiones físicas y quemaduras con cigarrillos.

El momento que permitió ponerle fin a esa situación ocurrió en Caucete. La joven intentó escapar junto a su hijo, pero fue localizada en una estación de servicio. Una persona que advirtió lo que ocurría llamó al 911 y las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la secuencia. La Policía interceptó el vehículo y logró rescatar a la adolescente y al niño.

La víctima había atravesado dos embarazos durante el período de sometimiento. El primero terminó en un aborto espontáneo y en 2024 nació su hijo.

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Al apelar, la defensa sostuvo que no había existido explotación y planteó que la relación había sido consentida, además de pedir que se tuvieran en cuenta prácticas culturales de la comunidad a la que pertenecían los acusados.

Casación rechazó esos argumentos. El juez Daniel Petrone sostuvo que el tribunal había realizado una valoración conjunta de las pruebas y que la condena no se había basado únicamente en el relato de la víctima. También remarcó que las prácticas o tradiciones culturales no pueden justificar la vulneración de derechos fundamentales.

Fuente: Tiempo de San Juan

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