Casinos de Mendoza: desplome de más del 40% en la recaudación acelera retiros y reubicaciones

El ajuste de personal en el Instituto de Juegos podría superar el 25%. El juego online desminuye la concurrencia a las salas.

Los datos corresponden exclusivamente a las salas administradas por el Gobierno. Se  estima que más de 100 empleados iniciaron el retiro voluntario.

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La recaudación de los casinos administrados directamente por el Estado mendocino sufrió una caída superior al 40% durante 2026 y aceleró la reestructuración del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). El proceso ya derivó en el cierre de los juegos de paño, retiros voluntarios y la puesta en disponibilidad de 82 trabajadores.

Los números surgen del Sistema de Acceso Público a la Información y Observatorio de Juegos (SAPIA), que depende del propio Instituto. Para la comparación, Los Andes tomó exclusivamente el beneficio de los casinos manejados por el Gobierno provincial: Casino Central, Casino Zona Este y Casino de General Alvear. Sin embargo, dejó afuera a las salas privadas.

En enero y febrero, antes del incendio que dejó fuera de funcionamiento al Casino Zona Este, el beneficio por juegos electrónicos y paño promedió unos $1.785 millones mensuales. Entre abril y agosto, ya sin esa sala operativa, el promedio descendió a aproximadamente $1.064 millones.

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La diferencia representa una caída del 40,4%. Marzo quedó afuera de la comparación porque Zona Este funcionó solamente durante parte del mes: el incendio que obligó a cerrar el complejo ocurrió el 11 de ese mes.

La magnitud también aparece al observar los extremos de la serie. En enero, las salas estatales generaron alrededor de $1.892 millones y en febrero unos $1.678 millones. Para agosto, último dato disponible en SAPIA, el beneficio se ubicó en aproximadamente $1.056 millones.

Buena parte del impacto se explica por la salida de funcionamiento de Zona Este. Desde el Instituto que encabeza Ida Lópes señalaron a este medio que esa sala representaba aproximadamente el 33% de la recaudación de tragamonedas de los casinos estatales.

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Los registros previos al incendio muestran su peso. Zona Este generó $783,6 millones en enero y $654,5 millones en febrero por juegos electrónicos. En marzo, cuando funcionó solamente hasta el incendio, aportó $289,3 millones. Desde abril permanece cerrado.

En el IPJyC explicaron que la pérdida de una sala con ese nivel de participación obligó a acelerar una reorganización que ya estaba bajo análisis por los cambios que viene experimentando la actividad, principalmente por el crecimiento del juego online y la pérdida de participación de algunas modalidades presenciales.

Este año, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto impulsado desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por Víctor Fayad, que incorporó un capítulo específico para reestructurar el Instituto.

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La propuesta otorgó herramientas para modificar áreas y funciones durante un año y reorganizar su personal. Entre ellas se incluyeron los retiros voluntarios, reubicaciones dentro del Instituto o en otras dependencias estatales y la puesta en disponibilidad.

La iniciativa terminó incorporada a la Ley 9.718, sancionada definitivamente en julio. Durante el tratamiento legislativo, el Gobierno sostuvo que el objetivo era alcanzar el equilibrio económico y garantizar la sostenibilidad financiera del organismo.

Una de las herramientas que comenzó a aplicarse fue el retiro voluntario para todos los empleados del IPJyC. Quienes adhieran reciben una compensación equivalente al 120% de la indemnización correspondiente y el beneficio general estará abierto hasta el 30 de septiembre.

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El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad

El Instituto cuenta actualmente con una planta de alrededor de 460 trabajadores y el retiro tuvo una adhesión importante. En la Unión de Personal de Juegos del Casino de Mendoza (UPJCM) indicaron a Los Andes que alrededor de 105 empleados ya presentaron su intención de acogerse al régimen.

Algunos ya completaron el procedimiento y otros todavía tienen sus trámites en curso. Dentro del gremio que lidera Diego Luconi estiman que podrían sumarse otros 15 o 20 empleados sobre el cierre de la convocatoria y el número final podría superar hasta los 120 retiros. Se trata, por ahora, de una proyección sindical.

La cifra equivale aproximadamente al 22,8% de la planta actual. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro empleados del Instituto podría dejar el organismo a través de los retiros ya iniciados.

Si el número finalmente supera los 120 retiros, la salida representaría alrededor del 26% de la planta y el organismo quedaría con unos 340 empleados aproximadamente. Desde el Instituto prefieren esperar.

Miembros del organismo señalaron que existe un alto nivel de adhesión, pero explicaron que no darán una cifra definitiva hasta principios de octubre debido a que las solicitudes continúan ingresando y esperan nuevas presentaciones durante los últimos días.

El resultado será importante para la siguiente etapa: recién entonces el IPJyC podrá determinar cómo quedó conformada cada área y qué puestos necesitará cubrir o reorganizar.

La primera intervención de magnitud ocurrió el 5 de agosto, cuando el Instituto cerró Juego Vivo, el sector del Casino Central donde funcionaban los tradicionales juegos de paño.

La decisión alcanzó a 82 empleados, que fueron puestos en disponibilidad por seis meses. Durante ese período continúan cobrando sus salarios mientras se intenta encontrar una nueva función.

En el IPJyC explicaron que la situación económica del área fue determinante: la recaudación de Juego Vivo alcanzaba para cubrir apenas el 29% de los salarios de sus trabajadores. El resto debía ser sostenido con recursos provenientes de otras actividades del Instituto.

La diferencia con las tragamonedas aparece también en SAPIA. En julio, último mes completo antes del cierre, los casinos estatales obtuvieron $1.099 millones de beneficio por juegos electrónicos, mientras el paño generó $45,6 millones.

La sala de paño del Casino de Mendoza fue cerrada a principio de agosto de este año.

En agosto, con las mesas funcionando solamente durante los primeros cinco días, el beneficio del paño fue de $6,6 millones. Las tragamonedas continuaron operando en el Casino Central.

Desde el Instituto sostienen que detrás de esa diferencia también existe un cambio en los hábitos de los jugadores. El juego online ganó espacio y las salas presenciales fueron modificando su perfil, mientras los juegos tradicionales perdieron participación.

Los 82 trabajadores puestos en disponibilidad tienen tres caminos. Pueden acogerse al retiro voluntario y cobrar el 120% de la indemnización; ser reubicados dentro del Instituto o en otra dependencia del Estado; o permanecer durante seis meses en disponibilidad.

Si transcurre ese período sin retiro ni reubicación, corresponde finalizar la relación laboral y pagar la indemnización ordinaria del 100%. Una parte de los empleados de Juego Vivo ya eligió la primera opción.

Desde la UPJCM señalaron que entre 25 y 30 trabajadores del sector iniciaron el retiro voluntario, por lo que actualmente quedarían alrededor de 50 personas que necesitarían una reubicación si no se producen nuevas adhesiones.

En el sindicato aseguran que mantienen conversaciones con las autoridades del Instituto y con Recursos Humanos de la Provincia para buscar destinos. En la misma línea señalaron que se analizaron necesidades de personal en los diferentes organismos gubernamentales, aunque las definiciones se producirían una vez cerrado el retiro voluntario.

También surgieron posibilidades dentro del propio IPJyC. La salida voluntaria de empleados de otras áreas, entre ellas Mantenimiento, abrió vacantes que podrían ser ocupadas por trabajadores actualmente en disponibilidad.

Desde la UPJCM consideran que, por las dimensiones de la administración provincial, existe margen para reubicar a las aproximadamente 50 personas que todavía no tienen destino. El gremio puso el foco en esa alternativa desde el cierre de Juego Vivo y mantiene abierto el diálogo con las autoridades.

La disponibilidad comenzó a correr el 5 de agosto, por lo que para quienes permanezcan bajo ese régimen el plazo se extenderá hasta febrero de 2027. Una vez cerrado el período general de retiros el 30 de septiembre, el Instituto avanzará con la reorganización de su estructura y determinará las necesidades de personal de cada área.

Fuente: Los Andes

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