Caso Andis: revelan chats comprometedores, desvíos millonarios y hasta una prótesis fantasma en Río Negro

Por Gabriel Jara

Foto: Gentileza.

La causa judicial que investiga lospresuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)sumó en los últimos días un cúmulo de pruebas determinantes para la pesquisa. Las revelaciones recientes exponen un esquema sistemático de irregularidades y desmanejos financieros durante la gestión del exinterventor Diego Spagnuolo. Los investigadores incorporaron a los expedientes los informes técnicos elaborados por la nueva conducción del organismo y un extenso peritaje sobre los teléfonos móviles de los acusados.

El material probatorio, impulsado por el Ministerio de Salud y el actual interventor Alejandro Vilches, detalla maniobras alarmantes con los fondos públicos destinados a pacientes vulnerables. Los documentos aportados describen desvíos financieros que superan el 1900% frente a los valores de mercado y descubren la validación de compras fraudulentas. Incluso, salió a la luz un caso que involucra la supuesta entrega de una prótesis en la provincia de Río Negro que, en la realidad, nunca llegó a manos del beneficiario.

Esta información salió a la luz luego de que la Cámara Federal porteña confirme el procesamiento de 19 personas por asociación ilícita, cohecho y otros delitos. Los magistrados Eduardo Farah y Roberto Boico dieron por probada la existencia de una red clandestina ajena a los circuitos administrativos formales. A través de la extracción de mensajes de texto y audios, la Justicia logró reconstruir el posible método con el cual los funcionarios, empresarios y lobistas coordinaban la manipulación de licitaciones, el retraso deliberado de pagos a proveedores externos y el reparto de sobornos en efectivo.

Según información brindada por La Nación y replicada por Noticias Argentinas, los informes presentados a la Justicia, firmados en octubre de 2025 y en abril de este año, expusieron un caso calificado como «situación de gravedad» ocurrido en Río Negro. Se trata de un paciente que requería una prótesis por una amputación y que en los registros oficiales figuraba un documento con la constancia de entrega. Sin embargo, el informe oficial demostró la falsedad de ese certificado.

"Se ha constatado la existencia de un remito de entrega debidamente suscripto por la madre del beneficiario. No obstante, mediante el relevamiento directo con los particulares, se ha determinado que dicha rúbrica fue obtenida bajo inducción a error al momento de la toma de medidas, no representando en modo alguno la recepción material del bien", detalló uno de esos reportes que están en manos de la Justicia.

El interventor Vilches explicó que la auditoría tuvo como objetivo la detección de hechos relevantes y posibles apartamientos a las normas. Todos estos hallazgos nutrieron un dictamen previo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), entidad que también detectó diferencias de precios en diversas licitaciones internas. Con base en estos elementos, el fiscal federal Franco Picardi enfocó su acusación en un sistema de compras acotado, con escasos oferentes y totalmente distinto al mecanismo de compulsas recomendado por las normas de transparencia.

El medio ya citado también expuso las diferencias de precios con otras áreas del Estado marcaron el pulso de las maniobras ilegales.

En julio de 2025, la Andis desembolsó $425 millones a favor de Farma Salud por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. El informe contrastó esta operación con una adjudicación del PAMI, organismo que en marzo de ese mismo año compró el mismo producto a la firma Siprotec SA por un valor unitario de $124.200.000. La misma empresa registró un desvío del 711% en la compra de una válvula pulmonar autoexpandible, aunque sus representantes negaron ante los jueces el pago de retornos y responsabilizaron a un tercer accionista.

En el rubro de los neuroestimuladores, la empresa Neurosalud cobró $132,4 millones en junio de 2025, cifra que expuso una brecha considerable del 219% en comparación con los $41,5 millones pagados por el PAMI un mes antes por un equipo similar.

El sector de los implantes cocleares también exhibió contrastes sustanciales. El precio promedio abonado por unidad a Droguería Floresta resultó de US$ 62.613, mientras que una compra por volumen en otra área fijó el valor unitario en US$ 12.125 y la referencia general de mercado rondaba los US$ 16.975. El incremento alcanzó el 269% por encima del precio real. A su vez, el análisis contable detectó que la exAndis abonó dos veces una misma factura (la B 00001- 00000958) a la proveedora Indecomm, por un monto exacto de $28,7 millones en cada oportunidad durante el mes de noviembre.

El informe técnico de abril consignó graves anomalías definidas como «errores de categorización técnica». Los auditores descubrieron facturaciones de unidades C01 a precios de entre $11 y $14,9 millones, cuando por la patología de los pacientes correspondían unidades D01 con «Tilt», cuyos valores oscilan apenas entre $1,3 y $2,3 millones.

Asimismo, los técnicos cuestionaron la insistencia sistemática en comprar módulos importados con sobreprecios de entre el 300% y el 1000%. El dictamen concluyó que esta preferencia carece de sustento clínico y financiero, debido a que el equipamiento nacional ofrece superior durabilidad, mejor ajuste anatómico y un precio considerablemente menor.

El sobreprecio más alarmante recayó sobre un andador provisto por Ortopedia Bernat, con un desvío detectado del 4239%. Desde la empresa argumentaron que el presupuesto contempló un equipo mucho más sofisticado, pero que finalmente se entregó uno más sencillo. A pesar de este cambio sustancial en el producto, el circuito operativo de la Andis continuó su marcha y se facturó el valor original más caro en lugar del costo real del elemento entregado.

La confirmación judicial de los procesamientos se sustentó en los chats extraídos de los teléfonos de los implicados. Uno de los mensajes clave, según constató Infobae, lo envió Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo e hija del lobista Miguel Calvete.

El 23 de diciembre de 2023, la acusada pidió a una interlocutora «un listado de todo lo que tenga papá para ofrecer en el ámbito de la salud», con especial interés en droguerías, prótesis y sillas de ruedas. En el audio, advirtió sobre la existencia de «un interesado grande» para considerar proveedores y avisó que, de no obtener la lista, recurriría a «Lore» (en alusión a Lorena Di Giorno) y a «Pino» (Eduardo González).

Para los magistrados, Miguel Ángel Calvete ofició como el principal articulador del esquema privado. El tribunal remarcó que el empresario conocía de antemano el armado de las compulsas, los productos a comprar y el momento de liberación de los pagos. Con esa información privilegiada, confeccionaba planillas donde detallaba los cobros junto con porcentajes del 15%, 10%, 5% y 3%, presuntamente vinculados a las comisiones ilegales.

Otro implicado clave fue Pablo Atchabahian, quien quedó expuesto al instruir a los funcionarios internos sobre a quién beneficiar y a quién perjudicar. «Por favor, invitá a 20 de Junio. Gracias. Frená y dormí los pagos de Dhiemo. Están jugando mal», escribió Atchabahian en un mensaje del 13 de noviembre de 2024, un texto que demostró su poder de decisión sobre los proveedores a pesar de no ocupar un cargo formal en la agencia.

En el plano estrictamente operativo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, y el exdirector de Prestaciones Médicas, Diego D'Giano, manipulaban el sistema a discreción. El 18 de julio de 2025, Garbellini escribió: «Con esta droguería no se va a trabajar más». D'Giano le contestó que existían pedidos para demorar firmas de proveedores que no eran «de las nuestras».

El fallo transcribe múltiples instrucciones ilegales atribuidas a Garbellini, como «No lo autoricen. Objetá todo, pedí documentación» o «Todo observado. No va». En junio, este funcionario exigió erradicar a una empresa competidora: «Fijate de sacar todo lo que sea de Medifarma y avisale a Pato cuando lo sacás para que lo movilice. Bueno, después todo lo demás bien, Génesis y lo de siempre». También facilitó credenciales genéricas a la procesada Luciana Ferrari con el mensaje: «Hay compulsa esta semana, te doy un regalo, el usuario es (…) y la clave (…)».

Otro de los involucrados también expuso el nivel de manejo dentro de Andis: Roger Grant, encargado del Sistema Integrado de Información (SIIPFIS), acataba las órdenes directas para dar de alta a proveedores («Vicmor alta prestador») o para desestimar compulsas completas de procesadores cocleares con el objetivo de volver a lanzarlas al día siguiente. Un audio de Grant demostró el conocimiento pleno de la irregularidad: «Lo adjudico mañana para no adjudicar hoy mismo que cerró, así también demostramos como que hay algo de análisis«.

Las conversaciones desnudaron la injerencia directa sobre las adjudicaciones y la entrega física de los retornos. Respecto al titular de la Andis, Diego Spagnuolo, la Cámara valoró chats que aluden al pago de $5 millones y a la compra de muebles mediante la proveedora Indecomm. En los mensajes, Patricia Canavesio consultó a Calvete sobre la entrega de dinero: «Me dijo ok a la factura de Indecomm por los muebles, pero por el efectivo me pregunta por qué, si siempre fue así. ¿Querés que le responda algo particular o preferís llamarlo?». En respuesta, Calvete ordenó el traslado del botín con colaboradores de confianza: «Hablás con Play [Julio Viera], mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandale al Fercho y lo pone en algún lugar disimulado».

El cruce de favores quedó evidenciado en un diálogo entre Calvete y la empleada Lorena Di Giorno. El 3 de septiembre de 2025, el empresario exigió información interna: «Pasame los valores de amput y sillas. Si podés por llamada mejor. ¿Están reunidos?». Di Giorno respondió que no quería «bajar nada de papeles» y propuso un encuentro personal. Tras esa reunión, Calvete le escribió: «Me olvidé de darte la guita. Mañana te la doy». Poco después, la funcionaria terminó la gestión de una adjudicación a favor de Droguería Floresta, vinculada directamente a la red bajo investigación.

Con este cúmulo de pruebas documentales y mensajes extraídos, los jueces Boico y Farah ratificaron los procesamientos. El tribunal decidió excluir de forma temporal los audios filtrados a la prensa donde Spagnuolo mencionaría supuestos retornos del «3%» e involucraría a Karina Milei y a «Lule» Menem, a la espera de los resultados de los peritajes tecnológicos sobre su autenticidad.

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La causa judicial que investiga lospresuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)sumó en los últimos días un cúmulo de pruebas determinantes para la pesquisa. Las revelaciones recientes exponen un esquema sistemático de irregularidades y desmanejos financieros durante la gestión del exinterventor Diego Spagnuolo. Los investigadores incorporaron a los expedientes los informes técnicos elaborados por la nueva conducción del organismo y un extenso peritaje sobre los teléfonos móviles de los acusados.

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