Caso $LIBRA: polémica y críticas al juez tras desplazar a los presuntos estafados de la investigación
El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi apartó a los querellantes a pedido del lobista Mauricio Novelli, figura clave del caso. La decisión despertó suspicacias debido a los recientes guiños del Gobierno hacia el juez, cuya esposa acaba de ser designada al frente de un juzgado e…

Por Redacción
Mauricio Novelli y Javier Milei juntos en Casa Rosada. Foto: archivo.
La investigación penal por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda$LIBRA atraviesa un momento de fuerte tensión judicial y política. Los presuntos estafados apelaron con dureza la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de excluirlos como querellantes, acusándolo de emitir una resolución «arbitraria» basada en «premisas falsas».
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El magistrado decidió apartar a los damnificados tras hacer lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli.
Según informMartínez de Giorgi justificó la medida argumentando que no se había acreditado un perjuicio patrimonial directo, dado que la operatoria se desarrolló en un mercado de «memecoins» caracterizado por su elevada volatilidad, y cuestionó que las herramientas aportadas permitieran demostrar la titularidad de las billeteras virtuales o el origen de los fondos, según se desprende de los documentos judiciales a los que accedió el diario La Nación.
Esta exclusión generó un fuerte ruido institucional debido al contexto político en el que se enmarca. La resolución se dictó en medio de sugestivos movimientos: el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, designaron recientemente a Ana Juan —esposa de Martínez de Giorgi— como jueza de Hurlingham.
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En los pasillos de Comodoro Py, este nombramiento fue leído como un claro guiño del oficialismo hacia el magistrado que tiene a su cargo una causa que preocupa especialmente a la Casa Rosada.
La respuesta de los presuntos estafados no se hizo esperar. Martín Romeo, experto en cripto y uno de los querellantes excluidos, presentó una dura apelación con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust, acusando al juez de resolver «a espaldas del expediente» y de incurrir en un «absurdo lógico y dogmático respecto a la tecnología blockchain».
Contra el argumento de la falta de pruebas, la apelación recordó que los damnificados aportaron actas notariales donde una escribana pública certificó la titularidad del dispositivo celular de Romeo, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones con $LIBRA.
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Para la querella, exigir una «documentación respaldatoria» centralizada en un ecosistema descentralizado constituye un «desconocimiento técnico alarmante».
Lejos de atribuir el colapso a los riesgos inherentes de una «memecoin», los afectados denunciaron una estafa pre-programada, impulsada por maniobras de «insider trading» y «calidad simulada».
En este punto, el escrito apunta directamente al rol del Presidente, señalando que la maniobra incluyó «la instrumentación de la figura de Javier Milei como garante máximo de confianza» para lograr un «lavado de prestigio» mediante su posteo en la red social X.
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A la apelación de Romeo se sumó la de otros cuatro presuntos estafados, patrocinados por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi (el equipo legal de las víctimas también incluye a Camila Palacin y Juan Grabois).
En sus presentaciones, aportaron datos técnicos que refuerzan la hipótesis de un fraude coordinado:
El rol de Novelli es el eje central de la trama. El lobista no solo conectó a Milei con el creador de la moneda, Hayden Davis, sino que estaba en Estados Unidos junto a este último y al teléfono con el Presidente durante el lanzamiento.
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La Justicia determinó, además, que Novelli recibió más de 600.000 dólares digitales por parte de Davis.
Tras el estallido del caso, las cámaras de seguridad identificaron al lobista, a su hermana y a su madre vaciando cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia, el primer día hábil posterior al colapso, luego de haber sido vistos cargando bolsos en los días previos a la creación de la moneda.
Los apelantes advirtieron que Martínez de Giorgi se arrogó facultades de revisión sobre un tema ya resuelto. Remarcaron que la legitimación de las víctimas había sido confirmada el 25 de marzo de 2025 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y convalidada por la Sala II de la Cámara Federal, en una decisión que había quedado firme.
Sin los querellantes particulares, la causa queda debilitada, dependiendo del impulso del fiscal Eduardo Taiano —quien optó por no emitir opinión ante el pedido de exclusión— y de la participación limitada de las ONG Cipce e Inecip como amigos del tribunal.
Ahora, la reincorporación de los presuntos estafados está en manos de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, estos últimos dos bajo la presión del Gobierno que busca definir sus reemplazos.
El fallo final no solo impactará en el expediente, sino que podría sentar un precedente crucial sobre los derechos de las víctimas de delitos con criptoactivos y sobre la verdadera naturaleza de $LIBRA: mientras el juez hoy la considera una simple «memecoin», Javier Milei la había promocionado como un «proyecto privado» destinado a fondear pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
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La investigación penal por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda$LIBRA atraviesa un momento de fuerte tensión judicial y política. Los presuntos estafados apelaron con dureza la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de excluirlos como querellantes, acusándolo de emitir una resolución "arbitraria" basada en "premisas falsas".
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Fuente: Río Negro
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