Caso Manuel Adorni: el fiscal descartó el enriquecimiento ilícito, pero encontró posible maniobra para ocultar fondos a ARCA

El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no hay pruebas para sostener que el patrimonio de Manuel Adorni se haya incrementado ilegalmente durante su paso por la función pública. Dio por válida, a los efectos de la investigación, la explicación de que los más de 500.000 dólares que declaró tardíamente provenían de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Sin embargo, advirtió que esos fondos habrían permanecido fuera del conocimiento de ARCA durante años y sostuvo que existe una posible infracción al Régimen Penal Tributario.

Pollicita llegó a una conclusión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: la conducta que se le atribuyó no encuadra en los delitos de enriquecimiento ilícito ni de omisión maliciosa de declaración de bienes, previstos en el artículo 268 del Código Penal.

La explicación patrimonial presentada por la defensa, basada en una operatoria con Bitcoin anterior a su ingreso al Gobierno, no pudo ser desvirtuada por la fiscalía.

Pero eso no significa que el funcionario quede liberado de toda responsabilidad penal. Por el contrario, Pollicita entendió que la propia explicación de Adorni abrió otra hipótesis: la posible comisión de un delito tributario por haber mantenido fondos y activos sin declarar ante el organismo recaudador.

En ese marco, el fiscal sostuvo que corresponde que la investigación continúe en el fuero Penal Económico, por tratarse de una eventual infracción a tributos nacionales. La discusión ya no pasa, según su dictamen, por demostrar un enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública, sino por establecer si existió una conducta de ocultamiento fiscal.

"Del examen de la prueba reunida no se advierte que la conducta desplegada por Manuel Adorni tenga adecuación típica en las figuras penales previstas en el artículo 268 del Código Penal", afirmó Pollicita. Y enseguida dejó una aclaración relevante: eso "no significa que no deba responder por una conducta antijurídica de otra naturaleza".

La explicación de los Bitcoin y los argumentos de la fiscalía

Un punto decisivo del dictamen fue la reconstrucción del origen de los dólares que Adorni incorporó tardíamente a sus declaraciones juradas. La defensa había sostenido que el capital provenía de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, cuando todavía no ocupaba cargos públicos.

Para respaldar esa versión, presentó ocho direcciones de billeteras virtuales, un informe técnico sobre los movimientos registrados en la blockchain y una constatación notarial del control de las claves privadas.

Pollicita ordenó una serie de medidas para comprobar esa explicación. Entre ellas, una verificación criptográfica con intervención de la Policía Federal, un informe técnico de 29 puntos y pedidos de información a la ARCA y la ANSES para reconstruir la capacidad económica del matrimonio.

De esas medidas surgieron varios elementos que terminaron inclinando la valoración fiscal:

– El control de las billeteras: la fiscalía comprobó que la defensa tenía actualmente las claves de acceso de las ocho direcciones y podía generar firmas criptográficas válidas. Sin embargo, la prueba técnica no permitió establecer desde cuándo tenía ese control ni demostrar que fuera exclusivo.

– La actividad entre 2014 y 2018: las ocho direcciones registraron movimientos durante ese período. Los especialistas de la Policía Federal consideraron que la hipótesis de que Adorni las hubiera controlado entonces era «técnicamente sólida y consistente» con el dominio actual.

– La capacidad económica del matrimonio: los registros laborales de ANSES permitieron reconstruir ingresos formales acumulados por aproximadamente 335.000 dólares hasta 2014 y 493.000 dólares hasta 2018. Para Pollicita, esa trayectoria hacía económicamente posible una inversión de alrededor de 200.000 dólares en Bitcoin.

– La imposibilidad de reconstruir todas las operaciones: los expertos señalaron que la blockchain permite seguir los movimientos de los fondos, pero no identificar por sí sola a las personas que controlaban las billeteras. Además, parte de las operaciones se realizó a través de plataformas extranjeras cuyos registros ya no estaban disponibles.

Sobre este último punto, el informe técnico explicó que «una firma válida hecha hoy demuestra acceso actual a la clave, pero no fecha cuándo comenzó ese acceso ni demuestra exclusividad».

Con esos elementos, Pollicita sostuvo que no se había podido desvirtuar la explicación de la defensa. La conclusión fue que los 565.000 dólares declarados como tenencia inicial de 2023 podían provenir de la liquidación de los activos virtuales, cuyo producido la defensa estimó en 591.544,61 dólares.

Fuente: Ambito