Caso Matías Juárez: la querella irá a la Corte tras la absolución de los tres médicos

Después de casi una década de reclamos, el primer juicio oral por una presunta mala praxis médica en Tucumán terminó con la absolución de los profesionales acusados por la muerte de Matías Juárez. La familia anunció que recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y no descarta llegar a la Nación y a tribunales internacionales.

El caso que durante diez años mantuvo a la familia de Matías Juárez frente a los Tribunales de Tucumán entró en una nueva etapa. El viernes 4 de septiembre, la Justicia absolvió a Álvaro Páez, Federica María Carolina Castro y Florencia María Jerez, los tres profesionales que llegaron a juicio acusados por homicidio culposo tras la muerte del niño, ocurrida en octubre de 2016.

El fallo estableció una diferencia entre los acusados. Castro y Jerez fueron absueltas de manera lisa y llana, mientras que Páez recibió la absolución por el beneficio de la duda. Además, el tribunal rechazó las acciones civiles contra los profesionales y las compañías aseguradoras involucradas. Los fundamentos completos de la resolución se conocerán el 21 de septiembre.

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La decisión no cerró el reclamo de la familia. Por el contrario, la abogada querellante Silvia Furque adelantó que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. La estrategia contempla además recurrir ante instancias nacionales y, si fuera necesario, acudir a tribunales internacionales.

Matías tenía 8 años cuando ingresó al Sanatorio San Lucas, el 20 de octubre de 2016, para una cirugía programada de amígdalas y adenoides. Los estudios previos indicaban que estaba en condiciones para afrontar la intervención y el riesgo quirúrgico fue considerado de nivel 1, es decir, bajo.

La operación quedó a cargo del otorrinolaringólogo Álvaro Páez. De acuerdo con la acusación que llegó al juicio, el procedimiento se extendió más de lo previsto por un sangrado durante la intervención.

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Después de la cirugía, el cuadro del niño se agravó. La querella sostuvo que Matías salió del quirófano con signos de una importante pérdida de sangre y que más tarde sufrió nuevos episodios de sangrado. Según la reconstrucción presentada por la familia, recibió transfusiones, pero no se determinó a tiempo el origen de la hemorragia.

La acusación también puso bajo la lupa la demora en los estudios posteriores. Según el requerimiento de elevación a juicio citado por medios tucumanos, Páez no ordenó una cirugía exploratoria y solicitó una tomografía que se realizó horas después. El estudio fue analizado al día siguiente, cuando el estado neurológico del menor ya era crítico.

Matías sufrió un ACV isquémico y permaneció internado hasta el 25 de octubre, cuando murió.

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Uno de los puntos más controvertidos del juicio estuvo en los análisis de laboratorio.

Furque sostuvo que los valores sanguíneos mostraban una pérdida importante de sangre que no podía ser ignorada. La abogada también cuestionó que la ausencia de una expresión determinada en la historia clínica se utilizara para descartar un cuadro de shock hipovolémico.

«Él salió con más del 40% menos de sangre… No dice 'shock hipovolémico' [con esa palabra exacta en la historia clínica], pero usted lee los análisis», afirmó la letrada.

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La querella sostuvo que los estudios clínicos debían analizarse en conjunto con la evolución del niño y no a partir de expresiones aisladas de la historia clínica. Furque cuestionó en particular el argumento de quienes sostuvieron que Matías se encontraba estable.

La abogada resumió esa diferencia con una frase: las defensas y la fiscalía «se agarraban de palabras sueltas y nosotros del conjunto».

Durante las audiencias también surgieron fuertes diferencias respecto del momento en que se produjo el daño neurológico.

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Uno de los testimonios cuestionados por la querella fue el del neurocirujano Ricardo Auad, quien declaró que cuando intervino Matías ya había sufrido tres hemorragias y se encontraba conectado a un respirador. El profesional consideró correcta la actuación del personal del Sanatorio San Lucas.

Furque rechazó esa interpretación. Según la abogada, Auad ubicó el ACV isquémico unas 20 horas después de la operación, mientras que la querella sostiene que el daño comenzó antes y que existieron signos que debieron generar una respuesta médica distinta.

La familia también puso el foco en la falta de determinados estudios. Durante el juicio se habló de una resonancia y de una posible angioresonancia para determinar si existía una obstrucción. La madre del niño cuestionó por qué esos estudios no se realizaron durante los días que Matías permaneció internado.

Otro eje del recurso será la conducta del cirujano después de la intervención.

La querella sostuvo que Páez no volvió a revisar a su paciente durante más de diez horas, pese a que durante la operación se había registrado una hemorragia. Para Furque, ese dato resulta central para establecer si existió una conducta negligente.

«Páez nunca fue… él no controló a su propio paciente durante más de 10 horas. No lo volvió a controlar, no volvió a ver cómo estaba, sabiendo él que había una hemorragia durante la cirugía», afirmó.

La acusación privada también sostuvo que las médicas de terapia intensiva conocieron los episodios de sangrado y que, pese a ello, no ordenaron determinados estudios complementarios que, según la querella, podían haber permitido detectar antes el deterioro neurológico.

La resolución judicial llegó después de que la fiscal de Cámara Marta Jerez pidiera la absolución de los tres profesionales.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la muerte debía considerarse una "contingencia médica" y que los profesionales habían actuado de acuerdo con los protocolos y con las conclusiones de las juntas médicas que intervinieron durante la investigación.

La fiscal, sin embargo, también hizo referencia a posibles falencias institucionales. Según su exposición, el sanatorio podía haber tenido deficiencias vinculadas con el equipamiento y con la disponibilidad de personal durante la atención del niño.

Furque rechazó de manera tajante que el desenlace pudiera explicarse como una contingencia. La abogada sostuvo: «No puede haber contingencia en un niño que ha entrado sano a una cirugía sencilla con riesgo uno, o sea, el mínimo riesgo… aquí hay negligencia, no contingencia».

La querella también cuestionó el trabajo de las juntas médicas que intervinieron en la investigación.

Furque sostuvo que el sistema pericial provincial careció de la objetividad necesaria y acusó a algunos profesionales de actuar bajo una lógica corporativa. «Las juntas médicas de acá de Tucumán realmente es juntarse para ver cómo beneficiaban a Páez», afirmó.

Según la letrada, la protección de Páez también podía favorecer a las terapistas y al propio sanatorio. «Usted, salvando a Páez, salva a las terapistas y salva al sanatorio. Sobre todo lo salva al sanatorio porque todos han salido a salvar el buen nombre del sanatorio», sostuvo.

La discusión sobre las pericias no es nueva en la causa. La propia Furque había advertido antes del juicio sobre las dificultades para obtener dictámenes médicos contra profesionales de la misma actividad. La junta médica del caso, según antecedentes difundidos durante el proceso, recién quedó conformada en 2021, cinco años después de la muerte de Matías.

El expediente atravesó numerosas demoras antes de llegar al debate oral. La familia denunció durante años que las defensas apelaron distintas decisiones y que esas presentaciones extendieron los tiempos del proceso.

En 2025, los tres acusados propusieron una probation para evitar el juicio. De acuerdo con la información difundida durante el proceso, Castro y Jerez ofrecieron un millón de pesos cada una, mientras que Páez propuso 1,3 millones de pesos más una donación mensual de $100.000 durante un año a un merendero.

La fiscalía y la familia rechazaron la propuesta. Las defensas apelaron y el proceso continuó hasta desembocar en el juicio oral.

El debate comenzó el 18 de agosto de 2026 y se convirtió en el primer juicio oral por homicidio vinculado con una presunta mala praxis médica en la historia judicial de Tucumán. Los tres acusados se abstuvieron de declarar sobre los hechos durante la primera audiencia.

La absolución provocó una fuerte reacción de María Luna, madre de Matías. Tras conocer el veredicto, cuestionó que después de una década todavía no obtuviera una explicación que, a su criterio, permita determinar qué ocurrió con su hijo.

La mujer también lanzó una de las frases más duras tras la lectura del fallo: "Matar en Tucumán es gratis", según consignaron medios locales.

Furque, por su parte, anunció que la batalla judicial continuará. La publicación de los fundamentos el 21 de septiembre será determinante para conocer las razones que llevaron al tribunal a absolver a los tres profesionales y para definir los argumentos concretos de la casación.

La abogada fue más allá de la instancia provincial y anticipó que la familia está dispuesta a llevar el caso hasta la Corte Suprema de la Nación y, si fuera necesario, a tribunales internacionales.

«Acá nos falta que la justicia se ponga las pilas, que se le exija a los médicos forenses más objetividad, que se olviden ya de la parte privada porque ellos no ejercen en la parte privada, no son compañeros, no son amigos, y acá tienen que decir la verdad», sostuvo Furque.

El 21 de septiembre comenzará otra etapa de una causa que ya lleva una década. La familia deberá analizar los fundamentos de la absolución y, con ese documento, definir los agravios que llevará ante la Corte tucumana. El juicio terminó, pero para la querella el caso Matías Juárez todavía está lejos de cerrarse.

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Fuente: El Federalista

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