Causa Sueños Compartidos: la Justicia absolvió a Julio De Vido y dictó penas en suspenso para José López y los Schoklender

El TOF 5 consideró a los exfuncionarios y apoderados como coautores penalmente responsables del delito de administración fraudulenta por el desvío de fondos. Con este veredicto, ninguno de los implicados cumplirá prisión efectiva hasta que el fallo adquiera firmeza.

Por Redacción15 de septiembre de 20264 min de lectura

Causa Sueños Compartidos: la Justicia absolvió a Julio De Vido y dictó penas en suspenso para José López y los Schoklender · Foto: Río Negro

Por Redacción

Fotos: Gentileza.

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El Tribunal Oral Federal 5 absolvió al exministro de Planificación, Julio De Vido, y condenó con penas en suspenso a José López, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender. La resolución judicial cierra una etapa central en lacausa Sueños Compartidos, un expediente que investigó el destino de los fondos públicos asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, entre los años 2005 y 2011, para el proyecto de construcción de viviendas sociales.

Los jueces Adriana Paliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado absolvieron a los exfuncionarios de Planificación y del gobierno de Santiago del Estero. Más allá del resultado de las penas, el tribunal determinó que ninguno de los condenados quedará detenido, al menos hasta que la decisión alcance el estatus de sentencia firme.

El veredicto se conoció tras seis meses de debate oral, con una frecuencia semanal a través de audiencias de modalidad mixta, con asistencia presencial en el SUM de Comodoro Py y la posibilidad de conexión por videoconferencia. La difusión completa de los fundamentos será el 13 de noviembre.

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De acuerdo con el anuncio del tribunal, Julio De Vido resultó absuelto por mayoría. Por el contrario, José López, exsecretario de Obras Públicas, y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, recibieron 2 años y 9 meses al ser considerados coautores penalmente responsables del delito de administración fraudulenta agravada y administración fraudulenta, respectivamente.

Por el lado de la Fundación, el exapoderado Sergio Schoklender recibió una condena de 2 años y 8 meses, y el exadministrador Pablo Schoklender obtuvo 2 años y 4 meses, ambos como coautores de administración fraudulenta. Por unanimidad, los magistrados absolvieron a Claudio Freidin (exasesor de la Secretaría de Obras Públicas), Carlos Castellano (exfuncionario de Planificación), Daniel Nasif (expresidente del IPVU de Santiago del Estero) y Silvia Karina Nasif (exadministrativa de la gobernación de Santiago del Estero).

Con este fallo, Julio De Vido mantiene cinco condenas en los tribunales federales, entre las que figuran la tragedia de Once (su única sentencia firme), «Trenes Chatarra», GNL, Odebrecht y Skanska. José López también suma cinco sentencias, con antecedentes por los bolsos con nueve millones de dólares hallados en General Rodríguez, la causa Vialidad, la tenencia ilegítima de un arma y Skanska.

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A su vez, los hermanos Schoklender registran la pena a prisión perpetua por el asesinato de sus padres en 1981, un castigo que quedó extinguido luego del período de tutela judicial.

Durante el desarrollo del juicio, el fiscal general Diego Velasco y la representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), Marianella Teich, reclamaron la pena máxima prevista para el delito. Ambos funcionarios solicitaron seis años de prisión e inhabilitación especial para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, además de requerir cuatro años de cárcel como partícipes necesarios para Castellano, Freidin, y los hermanos Nasif.

Por su parte, los abogados defensores solicitaron la absolución y el dictado de la prescripción de la acción penal. La disputa legal se concentró en la fecha del último acto válido que interrumpió el plazo legal. Las defensas argumentaron que el límite era la citación a juicio del 8 de julio de 2020, por lo que el tiempo máximo contemplado ya estaba cumplido. En cambio, el Ministerio Público Fiscal consideró como fecha válida el 15 de septiembre de 2020, debido a que la primera convocatoria quedó sin efecto por un pedido de los propios defensores.

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La causa principal examinó el desvío de $206.438.454,05 destinados a viviendas sociales que la Fundación ejecutaba con recursos del Estado. La acusación señaló que las obras se adjudicaron de forma directa bajo una condición de exclusividad y se concentraron en provincias y municipios con lazos políticos con el gobierno nacional. Como resultado, múltiples proyectos en la ciudad de Buenos Aires, distritos bonaerenses (Tigre, Almirante Brown, Ezeiza), Rosario, Santa Fe, Bariloche, Chaco, Santiago del Estero y Misiones quedaron en estado de abandono, situación que forzó a los municipios locales a terminarlas con recursos estatales propios.

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Fuente: Río Negro