Causa Vialidad: ordenaron embargar el departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dictó una nueva serie de embargos preventivos sobre propiedades, vehículos y activos societarios vinculados a la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. La resolución, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, forma parte de una segunda etapa del proceso de decomiso patrimonial.

La medida tiene como objetivo preservar los bienes mientras se define el destino final de los activos para afrontar el monto de $ 685 mil millones fijado en la sentencia. El tribunal aclaró que esto no implica un remate inmediato ni que los titulares pierdan la propiedad de forma definitiva en esta instancia.

Entre los bienes alcanzados figura el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la exmandataria cumple su arresto domiciliario. El inmueble pertenece a la sociedad inmobiliaria Los Sauces, investigada anteriormente por lavado de activos.

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La Justicia remarcó que el embargo sobre este domicilio no obliga a Cristina Kirchner a abandonar la propiedad de manera automática. La intención de los magistrados es impedir que los activos sean transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción durante el proceso judicial.

El listado incluye también unidades en el complejo Madero Center de Puerto Madero, consistentes en un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con cocheras y baulera. Estas propiedades habrían tenido como único inquilino al empresario Cristóbal López.

En la provincia de Santa Cruz, las medidas recayeron sobre el terreno del Hotel La Aldea del Chaltén y diversos lotes en El Calafate. También se embargó el chalet de la expresidenta en la costanera de Río Gallegos y otras tres viviendas en esa misma ciudad.

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La resolución judicial también afectó el dinero atribuido a Florencia Kirchner hallado en una caja de seguridad del Banco Galicia durante la investigación de la causa Hotesur. Se trata de una suma superior a los U$S 5 millones cuyo origen lícito no habría sido acreditado.

Además, el tribunal ordenó la reinscripción de embargos sobre vehículos de los condenados, entre ellos un Honda CR-V de la expresidenta. También se incluyeron automóviles de lujo y modelos clásicos pertenecientes a Lázaro Báez y otros exfuncionarios.

Para justificar las medidas, el TOF 2 se remitió a la sentencia que determinó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner. Según el fallo, existió una "conexión económica comprobada" a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces.

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Los jueces citaron el artículo 23 del Código Penal, que permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades beneficiadas por el provecho del delito. Los magistrados sostuvieron que el dinero proveniente de la maniobra investigada "circuló y se asentó" en los activos de dichas empresas.

Esta decisión se suma al decomiso de otros 111 bienes ordenado anteriormente, cuya ejecución se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia. La nueva etapa busca asegurar que el Estado pueda recuperar los fondos derivados de las irregularidades en la obra pública.

Fuente: La Voz

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