Causa Viento Sur: ¿se hace el juicio en Neuquén?
Seis integrantes de organizaciones sociales de Neuquén y dos ex ministros de Desarrollo Social durante la gobernación de Omar Gutiérrez esperan definiciones en la causa por defraudación

Por Shirley Herreros
Seis integrantes de organizaciones sociales y dos ex ministros de Desarrollo Social están imputados en la causa contra las organizaciones sociales (foto Cecilia Maletti)
La jueza Natalia Pelosso convocó este lunes a una audiencia para dar a conocer si habrá juicio en la causa en la que se investigó a dos organizaciones sociales que integran la cooperativa Viento Sur. También están bajo sospecha dos ministros del ex gobernador Omar Gutiérrez acusados de conocer la presunta maniobra de desvío de fondos. La Fiscalía de Estado inició la denuncia por defraudación y solicitó que se ventile la ruta del dinero en un juicio.
Tanto los abogados de las organizaciones como los defensores de los ex ministros, consideraron que la fiscalía no tiene una causa penal para llegar a juicio y que los fondos fueron usados en subsidios y los planes de capacitación, en el periodo 2022 y 2023. Todos pidieron la absolución en las audiencias de control de acusación que se llevaron a cabo la semana pasada.
Pero la fiscalía de Delitos Económicos sostuvo que el dinero se usó para fines particulares de Viento Sur y provecho de algunos dirigentes, por lo que exigieron además de que se ventile todo el proceso en un juicio, que se convoque a un jurado colegiado (de tres vocales) porque pedirá penas de prisión (más de tres años).
Si determina que el juicio sigue adelante, la jueza de garantías deberá definir el planteo de cambio de calificación que solicitaron los ex ministros Germán Chapino y Abel Di Luca y la suspensión del juicio a prueba que los abogados defensores pidieron para los seis imputados del Partido Obrero y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
La audiencia fue convocada para este lunes, en horas del mediodía. Otra definición a cargo de Pelosso, serán los testigos propuestos: la acusación cuenta con una testigo principal, una ex presidenta de la cooperativa que le brindó el entramado interno de la organización.
Los abogados de los funcionarios también pidieron el testimonio de gran parte del gabinete el ex gobernador Omar Gutiérrez (MPN), de la contraloría legal y ténica, del ministerio de Desarrollo Social y hasta de la oficina provincial de mediación, ya que los planes de capacitación (decreto 1.672) surgieron luego de la mediación judicial que terminó con los frecuentes cortes de la avenida Argentina.
«Consideramos que nunca hubo desvío de fondos. Primero porque la cooperativa tenía aportes de otros programas y la adquisición de bienes estructurales para dar capacitaciones, es necesaria; estaba dentro del programa, no fueron fondos para ellos: se fue dotando de una estructura para la cooperativa, no compraron vehículos para ellos, hubo distintos ingresos y se usó para dar capacitaciones, que es lo que preveía el decreto 1672", dijo uno de los abogados de la cooperativa, Federico Egea.
Agregó que Viento Sur se creó dos años antes de que el gobierno creara este programa «que tenía por fines la asistencia directa a las personas con vulnerabilidad y capacitaciones», recordó. Para Egea, hubo «una gran manipulación política complementada con uso abusivo de la acción penal» en esta causa.
Recordó que durante la audiencia de control, la acusación abandonó el planteo del acuerdo previo y de la co administración de los fondos. «Esto los pone en un problema grave para decir que hubo administración fraudulenta como autores o coautores«, destacó. Recordó que la Fiscalía de Estado es querellante en la causa por «una maniobra política, porque no hubo desvío de fondos: aquí hay un caso de selectividad penal para con un grupo de personas por su pertenencia y militancia: se trata de demostrar un esquema de transparencia y de lucha contra la corrupción, que no existe»
La fiscalía cuenta con una testigo principalen su acusación que fue ex presidenta de Viento Sur. Pidió que sea incorporada como testigo y desistió de imputarla a cambio de la colaboración con el entramado y los datos internos que fue corroborando durante la investigación.
«Es la misma participación que se le atribuye a otras autoridades de la cooperativa que están imputadas y desistieron de la acción penal. El pago de las asitencias directas está previsto en el decreto 1.672 que creó el programa: ellos lo llaman sueldos, pero es conducta lícita, los informes de contaduría los nomina beneficiarios del programa de capacitación y son 1.092 millones em asistencoa financiera directa, no se puede hablar de desvío de fondos», dijo Egea.
La denuncia fue impulsada por la Fiscalía de Estado y el periodo corresponde desde agosto de 2022 hasta el 9 de diciembre de 2023. La fiscalía de Delito Económicos presentó un caso por defraudación donde se cuestionó el desvío de fondos por un total de 1.208 millones de pesos en el que consideró involucrados a los dos ex ministros y seis integrantes de la cooperativa Viento Sur.
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La jueza Natalia Pelosso convocó este lunes a una audiencia para dar a conocer si habrá juicio en la causa en la que se investigó a dos organizaciones sociales que integran la cooperativa Viento Sur. También están bajo sospecha dos ministros del ex gobernador Omar Gutiérrez acusados de conocer la presunta maniobra de desvío de fondos. La Fiscalía de Estado inició la denuncia por defraudación y solicitó que se ventile la ruta del dinero en un juicio.
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Fuente: Río Negro
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