Cayeron Los Millonarios, la banda acusada de mover $700.000.000 con la venta de droga

Después de casi un año y medio de investigación, la Justicia Federal logró desbaratar una presunta banda narco llamada "Los Millonarios", acusada de traer droga desde Bolivia y Mendoza, comercializarla en el Gran San Juan y manejar sumas de casi 700.000.000 de pesos. Diez personas fueron detenidas durante los operativos, entre ellas el supuesto cabecilla, apodado "El Ojudo", y un martillero público. La investigación también alcanza a otro hombre que ya se encontraba alojado en el penal de Chimbas. Este lunes, la jueza dictó la prisión preventiva para cuatro de los imputados.

El principal sospechoso es Cristian Fernando Aciar, conocido como "El Ojudo", señalado como el jefe de "Los Millonarios", revelaron fuentes judiciales. El apodo está asociado con la vida ostentosa que llevaba, al menos Aciar, pese a que estaba desocupado. Su coqueta casa en el barrio Arenales, en Chimbas, se distingue de las de sus vecinos y solía moverse en un auto VW Scirocco y una camioneta Amarok, según las versiones. No es la primera vez que Aciar cae preso. En marzo de 2020 fue detenido junto con otros dos hombres en una vivienda de Capital donde la Policía encontró más de 15 kilos de marihuana y un envoltorio con cocaína.

Con él cayeron su madre, Paola Mercedes Aciar Aballay, y otros integrantes de la presunta organización: Fernando Ezequiel Cáceres Palacio, el martillero público Franco Gabriel Ávila López, Martín Santiago Rosales Tobares, Esteban Fabián Riveros Firmapaz, Rodrigo Agustín Molina Agüero, Enzo Gabriel Michel Cabanay, Jazmín Abigail Díaz y Carlos Manuel Aciar. La investigación también alcanza a Rodrigo Parada, el undécimo involucrado, quien ya se encontraba preso y no estuvo presente en la audiencia de formalización.

La investigación se inició en mayo de 2025 a partir de un llamado anónimo que alertó sobre la presunta existencia de una banda llamada "Los Millonarios", encabezada por Aciar, con asiento en Chimbas. El informante aseguró que había visto 50 kilos de cocaína en una de las casas de la organización. La Policía Federal comenzó a realizar tareas de vigilancia, seguimientos y escuchas telefónicas que, según fuentes del caso, fueron aportando indicios sobre una presunta gavilla dedicada a la comercialización de estupefacientes, relataron a TIEMPO DE SAN JUAN.

El jueves pasado, la Policía Federal realizó una decena de allanamientos en Chimbas, Rawson y Villa del Carril. Los procedimientos terminaron con diez detenidos y el secuestro de droga -no trascendieron cantidades-, armas de fuego, balanzas y dinero en efectivo. Según expuso la fiscalía durante la audiencia, en los demás domicilios no se encontraron cantidades significativas de estupefacientes. Los investigadores sospechan que algunos de los involucrados pudieron haber retirado la mercancía antes de los operativos porque sabían que iban a ser allanados.

Uno de los puntos centrales de la investigación fue el movimiento de dinero atribuido a Franco Gabriel Ávila López, martillero público, señalado por el fiscal Nicolás Ayestaran como el encargado de administrar y blanquear fondos de la presunta organización. Según expuso la fiscalía en la audiencia, durante 2025 realizó transferencias por más de $694 millones y recibió más de $643 millones. También se detectaron movimientos millonarios con otros investigados y operaciones en dólares superiores a los US$5.000.

Este lunes, los acusados comparecieron ante la jueza de garantías Eliana Ratta. El fiscal Ayestaran atribuyó a Aciar el rol de presunto organizador de la banda y los delitos de narcotráfico agravado y lavado de activos. A Cáceres Palacio y Rosales Tobares les imputó esos mismos delitos; a Ávila López, lavado de activos agravado por habitualidad; y a Riveros Firmapaz, Molina Agüero y Cabanay, comercio de estupefacientes agravado. Por su parte, Paola Aciar Aballay, Carlos Aciar y Díaz fueron formalizados como presuntos partícipes secundarios.

Entre los defensores estuvieron el defensor oficial Sergio Herrero y los abogados particulares María Filomena Noriega y Gustavo De la Fuente, entre otros. Los defensores se opusieron a las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía, en particular a la prisión preventiva. Ambos cuestionaron la solidez de las pruebas y sostuvieron que las transferencias bancarias no bastaban para acreditar la venta de droga. Noriega y Herrero, además, señalaron que no se habían secuestrado estupefacientes en las viviendas de sus defendidos y que los movimientos atribuidos a Ávila podían estar vinculados con su actividad como martillero.

La jueza dispuso la prisión preventiva de Cristian Fernando Aciar, Fernando Ezequiel Cáceres Palacio, Martín Santiago Rosales Tobares y Franco Gabriel Ávila López, quienes fueron trasladados al penal de Chimbas. Otros tres imputados recibieron medidas de coerción alternativas, dos continuaron en libertad y Cabanay mantuvo la situación de coerción que ya tenía. La investigación tendrá un plazo de 120 días hábiles. También trascendió que hay más de un prófugo en la causa penal.

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